MÉXICO, D.F. (apro).- Cada año, la asociación civil Vida y Familia (Vifac) atiende en promedio a 800 personas interesadas en adoptar a un menor; de éstas, 50% –es decir, unas 400– cumple con los requisitos para iniciar el trámite, pero sólo 150 reciben una solicitud para avanzar en el proceso. Peor: Luego de un año y ocho meses de espera, apenas 70 solicitantes concluyen el proceso legal y logran llevar a casa a un bebé, informó Maricarmen Viniegra, representante de la agrupación antiaborto que alberga, mantiene y capacita a embarazadas con el fin de que al nacer sus hijos se queden con su familia o, en todo caso, sean dados en adopción. En conferencia, agregó que el resto de las personas interesadas debe esperar más de un año para obtener la solicitud. “Hay mucho tiempo de espera, están sobresaturadas las listas de espera para poder acceder a una adopción”, dijo. Tan sólo en el 2013, esta asociación entregó en adopción a 226 menores en el marco de la red de 24 albergues que mantienen en 28 estados de la República mexicana. “Nuestro mensaje es que existe otra opción para las adolescentes embarazadas que, ante un escenario de violencia familiar y pobreza, quieren abortar”, dijo. También comentó que del total de mujeres que llegan a la asociación, 50% pretende dar en adopción a su hijo, pero al paso del tiempo y con las pláticas y capacitación para el trabajo que reciben, sólo 15% persiste en sus intenciones. Maricarmen Viniegra comentó que la saturación de los juzgados en el Distrito Federal y los “problemas” para que el DIF local “empate” con el DIF nacional –uno emanado de gobierno perredista y el otro de priista– dificultan la posibilidad de adoptar a un menor. En el Estado de México, dijo, han encontrado más facilidades, tanto en el Tribunal Superior de Justicia como con la legislación vigente. Ayer se informó que Belem Ortiz Ramírez –indígena triqui de 19 años que hace cinco meses fue reportada como desaparecida en Oaxaca, su ciudad natal– fue hallada en una casa de Vifac en el Estado de México, donde se refugió luego de huir de su casa para ocultar su tercer embarazo y dar en adopción a su bebé. ILE, “fracaso” del gobierno del DF En la misma conferencia, Ingrid Tapia, vocera de la agrupación Think, Action and Development (TAD), aseguró que a siete años de aprobada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación, el gobierno local “ha fracasado abiertamente” en su política de prevención de embarazos adolescentes y no deseados, así como en la disminución de la muerte materna. Según su argumento, en el 2009 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 153 mil 237 nacimientos en el DF, mientras que El Colegio de México (Colmex) y Guttmacher Institute afirmaron que durante este mismo año ocurrieron 122 mil 455 abortos. Sin embargo, no marcó la diferencia entre las habitantes del DF y las que viajan a la capital desde otros estados para acceder a este procedimiento médico de manera gratuita y sin penalización. “Basado en un discurso puramente ideológico, el gobierno del DF ha claudicado en su esfuerzo por proponer e impulsar estrategias reales de vida para la mujer embarazada y su hijo en gestación”, agregó la abogada. La cuestión, aseguró, es que “el estúpido derecho a decidir es que entiendan que hay más de dos opciones cuando están embarazadas”. Hace siete años, agregó, “el gobierno local asumió que despenalizar el aborto disminuiría drásticamente la práctica clandestina y, en consecuencia, la mortalidad materna. Por supuesto, esto no ha sucedido. Las muertes maternas continúan y nadie sabe a ciencia cierta cuántos abortos ocurren y en qué condiciones, pues no se eliminó la clandestinidad”. La vocera de TAD criticó que la administración capitalina carezca de políticas públicas adecuadas para apoyar a las mujeres que desean tener a sus bebés pero no cuentan con los recursos económicos para lograrlo, o bien porque son víctimas de la violencia en sus hogares. “El deber del gobierno es mirar por todas y muy especialmente por las que menos tienen, porque hay mujeres que no necesitamos un pito del gobierno. Sí, pero somos las menos, las demás mujeres viven en condiciones de violencia, abandono, discriminación y todo tipo de desgracias”, aseguró la abogada Ingrid Tapia. Incluso, acusó –sin ofrecer pruebas– que en el gobierno local “tienen contratado en pauta de medios y en radio y en televisión y claro que organizan tours por todo el país, del verbo ‘vamos y recolectemos a las chamaquitas, en unos camioncitos las traemos a abortar y después las regresamos’. Eso un negociazo”. Desde 2007, cuando se aprobó la ILE en el DF, y hasta el 27 de septiembre de 2013, en la Ciudad de México se realizaron unas 108 mil 718 interrupciones médicas. A principios de febrero anterior, la organización pro aborto Marie Stopes Internacional entregó un reconocimiento al gobierno de Miguel Ángel Mancera por sus políticas de acceso a métodos anticonceptivos gratuitos y, en general, por su programa de salud sexual y reproductiva.