La protección de los derechos fundamentales de los mexicanos en el extranjero es una obligación del Estado establecida por el marco jurídico del país, a partir de la Constitución Política (Artículos 1 y 89), la Ley del Servicio Exterior y por normas internacionales como la Convención de Viena sobre Derechos Consulares. La larga y valiosa historia de los consulados mexicanos en los Estados Unidos —donde se concentran los mayores recursos institucionales y los desafíos más delicados de protección de mexicanos— muestran ejemplos extraordinarios sobre esta relevante función gubernamental.

Lamentablemente, durante los últimos años los recursos presupuestales destinados no han sido suficientes para enfrentar un desafío que se agrava, particularmente en los Estados Unidos, donde viven casi todos los mexicanos en el extranjero. Por si faltara algo, al deterioro presupuestal se añaden casos de descuido en la calidad profesional de quienes son responsables de las funciones consulares.

Durante los últimos 10 años —para no ir más atrás— el dinero destinado por el gobierno mexicano a las tareas de protección en el extranjero ha disminuido en términos reales (e incluso nominales en algunos años). Paradójicamente se trata de un periodo con un discurso oficial que ha valorado a los migrantes como heroínas y héroes; la pregunta es si ese reconocimiento se traduce en acciones gubernamentales coherentes. Si bien existen esfuerzos en la dirección correcta, particularmente desde los consulados, el presupuesto para su protección palidece frente a la realidad y ante las palabras de reconocimiento.

Durante los últimos años nuestros compatriotas han enviado cantidades inmensas de dinero para el sustento de sus familias y comunidades, decisivas además para la macroeconomía y balanza de pagos del país. Sin remesas, la pobreza y las tensiones sociales en México tendrían una escala inmanejable; sin remesas, el equilibrio financiero con el exterior estaría en riesgo. De ese tamaño es la transcendencia que tiene la extraordinaria generosidad de la población mexicana en el extranjero.

Entre 2016 y 2025, el monto acumulado de remesas enviadas a México alcanza la increíble cifra de 473 mil 210 millones de dólares. Utilizando datos oficiales, esta cifra es 16 veces superior al presupuesto de la Secretaría de Bienestar correspondiente a 2025 (30 mil 202 millones de dólares). Con esas remesas se hubieran construido 78 aeropuertos Felipe Ángeles (6.04 millones de dólares) o 27 veces el Tren Maya (17 mil 233 millones de dólares), según sus respectivos presupuestos nominales.

Visto así el panorama, “de allá para acá” los recursos son inmensos. Pero de “aquí para allá” ¿cómo responde el presupuesto del gobierno mexicano? Una manera relativamente precisa para evaluar la atención gubernamental son los dineros ejercidos por la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE. Aquí se concentra la parte importante del gasto público dedicado a los mexicanos en el extranjero. Considerando que el universo de necesidades de atención puede ser muy diverso y extenso, se esperaría que los recursos disponibles fueran de gran magnitud.

La información de la Cuenta Pública (https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/), entre los años 2016 y 2025, permite revisar la evolución del gasto de la DGPCPE. Lo primero a resaltar es que en 2025 el gasto fue 17 por ciento inferior, en términos reales, al de 2016. Es decir, en el peor momento de agresión a los mexicanos en el exterior, el financiamiento para su atención es menor comparado con hace diez años.

Ahora bien, si comparamos el monto de remesas con el gasto de la DGPCPE, el resultado es extraordinariamente dispar. Expliquemos de esta forma: en el año 2016, por cada peso que gastó la DGPCPE, los mexicanos en el exterior enviaron 1 mil 365 pesos; amplísima diferencia. En el año 2025, la disparidad se amplió en vez de reducirse como se hubiera esperado de un sexenio humanista: la relación ahora fue de 2 mil 444 pesos de remesas por 1 peso de la DGPCE. Como se aprecia, la generosidad de los paisanos creció de manera extraordinaria en el periodo; el dinero dedicado a su apoyo no lo hizo de manera equivalente, por el contrario.

El único año cuando se redujo la dispar relación entre remesas y gasto de la DGPCPE fue en 2017, debido a una asignación presupuestal extraordinaria motivada por el inicio del primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Pero inmediatamente, en el año 2018, la relación empeoró radicalmente al recortarse de manera grave el gasto para la protección consular. Dicho metafóricamente, había cariño para los mexicanos en el extranjero, pero no reflejado en el presupuesto gubernamental.

Es evidente que no es viable —ni siquiera como propuesta utópica— que en algún momento el gasto de la DGPCPE se aproxime al monto de remesas. Lo que es razonable es que la desproporción no tenga las actuales dimensiones (que son extremas) y pueda acercarse o incluso mejorar el panorama de los años 2016 y 2017. En la coyuntura en curso es más urgente que nunca, si el objetivo es realmente la protección de derechos de los mexicanos en el extranjero.

Debe entonces incrementarse el gasto y mejorar la calidad de su ejercicio hacia objetivos de valor estratégico, para contrarrestar los costos de la oleada antiinmigrante en Estados Unidos. En ese caso, para que la desproporción mencionada sea solamente de 1 mil 500 a 1, el gasto ejercido por la DGPCPE requiere alcanzar 621 millones de pesos en 2026, más otros apoyos complementarios de ser posible. Éste sería el piso mínimo de recursos. Cabe añadir que el monto anterior realmente está al alcance de la SRE, considerando que los consulados generan recursos muy superiores, que pudieran retornar en mayor proporción para responder a las urgentes necesidades de nuestros paisanos. Sería lo debido, lo solidario, lo obligado.

Todo lo anterior, por supuesto, asumiendo que la recientemente anunciada “revisión” de los consulados por el gobierno de Trump —sin argumentos hasta este momento— no se convierta en un cambio de escenario que obligue a modificar la tradicional relación bilateral en esta materia. En ese caso, la cuestión no sería solamente de presupuesto, sino de las funciones y existencia misma de nuestras representaciones consulares. Son muy fuertes los vientos que en estos días sacuden la comunicación entre Washington y la Ciudad de México. Sin precedente cercano.

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*Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM