CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En un contexto de bajo crecimiento económico y fuertes presiones sobre las finanzas públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por sacrificar el gasto en salud, seguridad e inversión para mantener los programas sociales que más réditos políticos y electorales le han dado a los gobiernos de la 4T: las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

De acuerdo con el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio” de México Evalúa, ese año el gobierno mexicano destinó el 9.9% de sus ingresos tributarios únicamente al pago de pensiones asistenciales, casi el triple del porcentaje de 2019.

Y esto ocurrió en un año en el que la economía mexicana registró un crecimiento marginal (apenas 0.8%), mientras que las transferencias a Pemex llegaron a un monto histórico (156 mil millones de pesos) y el déficit fiscal cerró en 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un punto arriba de la meta.

El mayor déficit observado en 2025 no sólo incrementó las necesidades de financiamiento del gasto público, sino que elevó el costo de la deuda acumulada, ya que el pago de intereses y el servicio de la deuda pública llegó a 1.31 billones de pesos, 9.8% más que en 2024 y el monto más alto registrado desde 1993. Por cada peso cobrado en impuestos, se dedicaron 24 centavos a ese rubro.

El trabajo de México Evalúa indica que todo esto hizo que al gobierno de Sheinbaum le resultara “inevitable” hacer un ajuste presupuestal, y éste se resintió especialmente en la inversión pública, que sufrió una drástica caída del 28.4% en 2025 con relación al año previo y se ubicó en su nivel más bajo en casi dos décadas.

“Recortar la inversión debilita el desarrollo del país, por lo que habrá consecuencias a largo plazo”, sostiene el estudio.

Agrega que a través de infraestructura en salud, educación, electricidad y agua, entre otros, la inversión pública impulsa el bienestar social inmediato y funciona como palanca del crecimiento económico e incentiva la inversión privada.

“Cuando el Estado reduce su inversión y utiliza la deuda principalmente para cubrir presiones corrientes –indica la investigación– envía señales de menor dinamismo y previsibilidad, lo que puede desincentivar proyectos privados complementarios. En un contexto de bajo crecimiento, esta dinámica erosiona la base productiva que sostiene la recaudación, limita el potencial de expansión económica y tensiona la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”.

Escaso margen de maniobra

El ajuste fiscal del gobierno en 2025, sostiene el estudio, descansó en dos decisiones que si bien ayudaron a contener el déficit en el corto plazo, plantean riesgos relevantes hacia adelante: el recorte en la inversión pública y el deterioro de la “regla de oro” del endeudamiento.

Las cifras oficiales señalan que la inversión pública se ubicó en 770 mil millones de pesos en 2025, su punto más bajo desde 2008.

Además, por cada peso de endeudamiento se destinaron sólo 45 centavos a la inversión, “cuando lo sostenible es invertir al menos la misma cantidad de la deuda adquirida”.

México Evalúa advierte que los datos de 2025 evidencian que la vulnerabilidad fiscal no radica sólo en el tamaño del déficit, sino en la creciente rigidez del gasto.

“La consolidación (fiscal) fue incompleta (a pesar de que la recaudación se incrementó), la deuda no se estabilizó y casi todos los ingresos se destinaron a obligaciones comprometidas —pensiones, intereses y transferencias—, dejando escaso margen de maniobra”, según el trabajo.

De acuerdo con el centro de pensamiento, la inversión fue la principal variable de ajuste y la deuda se utilizó cada vez menos para financiar activos productivos, lo que debilita el crecimiento potencial de la economía del país y encarecen la carga financiera futura.

Aunque México Evalúa no habla específicamente de una reforma fiscal, el estudio afirma que, “ante este panorama, se requiere una agenda integral que fortalezca los ingresos estructurales, revise la trayectoria del gasto rígido, en especial en pensiones; redefina el apoyo a Pemex y proteja la inversión pública”.

La consolidación fiscal, asegura, “no puede sostenerse sólo con recortes de corto plazo” y más bien se necesita “una reconfiguración del presupuesto que recupere espacio fiscal y restablezca una trayectoria ordenada de deuda”, ya que sin estos cambios el margen para financiar desarrollo y derechos seguirá reduciéndose.

El golpe a salud y seguridad

El gasto en salud también retrocedió un 2.3% en 2025, equivalentes a 22 mil millones de pesos, mientras que el gasto en Estado de derecho –que comprende las partidas presupuestales de seguridad nacional, asuntos de orden público, justicia y el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios– se contrajo 1.4% a pesar de la crisis de inseguridad que vive México.

El estudio incluso señala que, en perspectiva histórica, el presupuesto en Estado de derecho se ubica 9% por debajo del máximo registrado en 2016, año en que se destinaron 426 mil millones de pesos, equivalentes al 1.32% del PIB.

En 2025, el gobierno desembolsó dos mil 908 pesos por habitante a los rubros de Estado de derecho, frente a los dos mil 973 pesos de 2024. En comparación con 2016, la disminución fue de 538 pesos per cápita.

En términos internacionales, agrega el trabajo, el gasto por habitante en seguridad y justicia de 2025 fue menor en 486 pesos que el promedio per cápita de los países de América Latina y el Caribe, que ronda los 198 dólares anuales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda que al menos 2% del gasto programable se destine al Poder Judicial, pero en México la proporción es apenas de 1.1%, “lo que evidencia una subinversión estructural”, indica el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”.

Esto ocurre cuando el país viene de un sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que no sólo fue el de más homicidios en la historia moderna de México, sino también el de mayor incidencia de delitos asociados a la violencia letal, los cuales aumentaron en 15.3%, según otra investigación de México Evalúa.

De acuerdo con el centro, una tabla del centro de pensamiento basada en datos oficiales, en 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia, en el país se registraron 68 mil 904 hechos de violencia letal, mientras en 2024, último año de ese gobierno, la cifra subió a 79 mil 479, para un promedio de nueve cada hora.

En 2025, primer año del gobierno de Sheinbaum, se registraron más de 72 mil eventos asociados a la violencia letal en el país, y esto representa un incremento de 73% con respecto al año 2015, aunque fue menor en 8.6% con respecto a 2024.

En cambio, la percepción de inseguridad aumentó en 2025. A finales de ese año, el 63.8% de la población urbana en México mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, un aumento de 5.2 puntos con respecto al porcentaje de finales de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La presión de las pensiones

De acuerdo con el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”, si se considera únicamente a la población en edad de trabajar (de entre 15 y 64 años), la carga implícita de pensiones asistenciales asciende a 23 mil 832 pesos por cada mexicano, 49% más que en 2019.

En la práctica, indica, cada trabajador sostiene una proporción creciente de obligaciones pensionarias, lo que limita la disponibilidad de recursos para otros servicios públicos.

El trabajo de México Evalúa compara la inversión en infraestructura con el deterioro del balance intergeneracional del presupuesto e indica que, en 2005, por cada peso destinado a pensiones se invertían 1.2 pesos en infraestructura.

Pero a partir de 2017 esta relación se invirtió. En 2025, por cada peso ejercido en inversión física se destinaron 2.7 pesos a pensiones, lo que significa que el Estado asigna 2.7 veces más recursos a obligaciones con generaciones retiradas que a proyectos orientados al crecimiento y la productividad futura.

Por ello, señala, debe fortalecerse de manera sostenida la base tributaria.

El estudio indica que los ingresos tributarios alcanzaron en 2025 niveles históricos, aunque fueron impulsados principalmente por una mayor labor fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que obtuvo 1.21 billones de pesos por actos de fiscalización, el nivel más alto registrado hasta ahora.

Sin embargo, la recaudación asociada al dinamismo económico permaneció prácticamente estancada en 11.7% del PIB, al tiempo que los ingresos petroleros siguieron debilitándose.

“Esto plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento recaudatorio, al depender más de eficiencia administrativa que de expansión económica”, asegura el trabajo.

México Evalúa hace cinco recomendaciones para dar sostenibilidad en el largo plazo al gasto gubernamental. La primera es impulsar el crecimiento económico para fortalecer las finanzas públicas mediante el fortalecimiento de la recaudación con una base tributaria más amplia. Esto sería posible con un mayor dinamismo del PIB y estrategias de formalización con incentivos temporales y simplificación administrativa.

Además es necesario fortalecer la transparencia y la gobernanza de la fiscalización tributaria otorgando a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente un papel más relevante. La autoridad también debería publicar estadísticas periódicas, agregadas y anonimizadas sobre la distribución, duración y resultados de las auditorías, así como el uso de medidas cautelares, para evaluar su efectividad y proporcionalidad sin vulnerar el secreto fiscal.

Otras recomendaciones son contrarrestar el uso no productivo de la deuda pública y establecer garantías presupuestarias para sectores prioritarios, como salud, cuidados, medicamentos, seguridad municipal, Estado de derecho e inversión pública.

Además tendrían que condicionarse los apoyos del gobierno a Pemex a mejoras en la rentabilidad de la paraestatal.

El estudio señala que la producción de crudo cayó en 2025 a 1.36 millones de barriles diarios, la cifra más baja desde 1990, al tiempo que, por vez primera en la historia, los mexicanos pasaron de beneficiarse de la renta petrolera a subsidiar a la empresa estatal con mil 173 pesos por habitante.