CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) canceló una licitación que, presuntamente, beneficiaba a uno de los competidores a través de un procedimiento que, de manera inusual, se celebraba en Semana Santa. 

La información sobre el procedimiento fue dada a conocer por Proceso el pasado 31 de marzo, precisamente el día en que se recibieron las propuestas para la emisión de un fallo el 1 de abril, que finalmente se canceló. 

Se trata de la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-09-JOU-009J0U001-N-15-2026 para el arrendamiento de vehículos usados de emergencia y auxilio vial y, la cancelación ocurrió luego de que el área requirente determinara que continuar con el procedimiento podría generar un daño o perjuicio a la dependencia, además de identificar deficiencias en las especificaciones técnicas y la falta de un periodo de transición que garantizara la continuidad del servicio.  

La decisión, formalizada mediante un escrito, se fundamentó en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, que permite cancelar procesos antes del fallo cuando existan causas justificadas.  

Entre los elementos que apunta la autoridad destacan riesgos operativos en un contexto de alta demanda, así como la necesidad de preservar la certeza jurídica, la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos.  

El procedimiento contemplaba el arrendamiento puro de vehículos usados, sin opción a compra, de unidades modelo 2024 en adelante y con hasta 100 mil kilómetros de uso, condiciones con las características del parque vehicular que actualmente opera para Capufe la empresa Jet Van Car Rental, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López, que además fue una de las dos participantes en la licitación.  

Una fuente vinculada al proceso admitió que la licitación estuvo marcada por la tensión al interior de Capufe, ante la posibilidad de que la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, revisara un procedimiento que, según versiones internas, podría favorecer a Jet Van Car Rental, que por años ha controlado los concursos en la dependencia.  

El proceso llamó la atención por su rapidez, la presentación de propuestas se realizó el 30 de marzo y el falló estaba previsto para el día siguiente. A ello se sumaron señalamientos sobre los tiempos de entrega exigidos, que, de acuerdo con actas de la junta de aclaraciones, fueron considerados insuficientes por potenciales participantes, sin que la dependencia accediera a modificarlos.  

La licitación contemplaba el arrendamiento, hasta 2028, de ambulancias de urgencias básicas, unidades de rescate, grúas y vehículos de auxilio vial, es decir, equipo directamente vinculado con la seguridad de los usuarios.  

En este sentido, el uso de unidades con alto kilometraje o sin estándares claros de certificación podría traducirse en mayores costos de mantenimiento y en riesgos. Pese a ello, durante la junta de aclaraciones, Capufe sostuvo que “el hecho de que un vehículo sea nuevo no constituye, por sí mismo, una característica superior”.  

Como se sabe, ese tipo de vehículos tienen exigencias operativas que implican recorridos de cientos de kilómetros diarios en distintas condiciones a lo largo del país, por lo que se supondría ideal que se adquieran o arrienden vehículos nuevos. 

El procedimiento se desarrolló al inicio de la gestión de Carlos Arceo Castañeda al frente de Capufe, acompañado por la reciente designación de Ángel Calderón Cruz como director de Administración y Finanzas, así como por la incorporación de Orlando Alfonso Olguín Miranda, exdirector de Diconsa durante la administración de Enrique Peña Nieto, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Capufe.  

Aunque la nueva administración había sido vista como una oportunidad para revisar prácticas de contratación anteriormente cuestionadas, particularmente en el área de Auxilio Vial, que dirige Ebelia Carreto Flores, el desarrollo de esta licitación tenía características de continuidad en los contratos con proveedores específicos, como dio a conocer Proceso el pasado 30 de marzo. 

En este contexto, en días recientes trascendieron señalamientos en torno a que dichos funcionarios habrían buscado favorecer a un proveedor específico mediante la eventual adjudicación del contrato con una flota vehicular que especialistas consideran obsoleta y poco adecuada para atender las exigencias operativas de Capufe.  

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, ha reiterado el compromiso de que los procesos de contratación se conduzcan con transparencia, bajo criterios que privilegien el interés público y eviten beneficiar de manera indebida a algún proveedor.  

La cancelación del procedimiento se presenta como una medida correctiva para garantizar certeza jurídica, competencia efectiva y el uso eficiente de los recursos públicos, señalaron fuentes internas.