Jimena Reyes, directora de la Oficina de las Américas de la FIDH, explica que el malentendido del gobierno radica en asociar las desapariciones forzadas con la idea de un Estado fallido; “se entiende la molestia, pero es una muestra de querer apoyar”, afirma.

Entre denuncias de desvío de recursos, Martínez Araiza asegura que su sindicato busca transformar el sindicalismo en México con herramientas digitales y el impulso del T-MEC, pese a, señala, acusaciones de opacidad y amenazas de muerte que ponen en riesgo su vida.

Las medidas aplicadas en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe, Coahuila, han afectado tanto a reos como a sus familias: sin acceso a agua, medicamentos ni talleres, con visitas limitadas y bajo condiciones degradantes.