CUERNAVACA, Mor. (Proceso).– Desde 2022 alumnas y trabajadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han denunciado distintas formas de violencia dentro de la institución, ejercidas por compañeros, trabajadores y docentes. Pese a estas alertas, los mecanismos institucionales no han logrado contener las agresiones, que en algunos casos han escalado hasta el feminicidio, delito que mantiene a Morelos entre los primeros lugares a nivel nacional.

Los casos de Aylín Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología, y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna de Contaduría, Administración e Informática, lo muestran con crudeza: en menos de un año ambas desaparecieron dentro del campus Chamilpa (el 4 de abril de 2025 y el 20 de septiembre de 2026) y luego fueron asesinadas por estudiantes de la propia comunidad universitaria: en el primer caso, su novio; en el segundo, su exnovio.

Además de estos dos casos, existen al menos dos antecedentes vinculados a la UAEM: el secuestro y feminicidio de María Fernanda, estudiante de Medicina, cometido en 2018 dentro de la universidad por cinco personas, entre ellas un estudiante de la institución; y, en 2019, el feminicidio de Mariana Leticia Valladares Castañeda, alumna de Diseño y jugadora de tocho femenil de la UAEM, desaparecida en las inmediaciones del campus y asesinada por dos estudiantes de la Preparatoria 1.

Académicas, trabajadoras y extrabajadoras, así como alumnas, exalumnas, activistas y feministas —algunas bajo anonimato por temor a represalias— sostienen que lo que ocurre en la UAEM desde hace años —y que hoy está bajo la rectoría de Viridiana Aydeé León Hernández— no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural en Morelos, entidad que mantiene activa desde agosto de 2015 la Alerta de Violencia de Género (AVG).

La declaratoria, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se aplicó inicialmente en ocho municipios —Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Emiliano Zapata, Xochitepec y Puente de Ixtla— tras documentarse 530 feminicidios entre 2000 y 2013, y en noviembre de 2023 se amplió a Huitzilac, Tepoztlán y el municipio indígena de Xoxocotla.

A la fecha se contabilizan más de mil 700 feminicidios, según estimaciones de colectivas feministas y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.

Las entrevistadas coinciden en que, al igual que en la sociedad, dentro de la universidad las violencias se denuncian, pero con frecuencia son minimizadas o ignoradas. En otros casos las víctimas son revictimizadas o criminalizadas, mientras persiste la protección institucional y un entorno de impunidad.

Las violencias visibilizadas

La colectiva Morras contra la Violencia Institucional nació en 2021 tras la denuncia de abuso sexual de una estudiante del Centro de Investigaciones Químicas de la UAEM, un caso que reveló agresiones similares en distintos espacios de la universidad.

Adriana Gómez, integrante del colectivo, explicó que pronto comenzaron a recibir testimonios de alumnas de varias facultades. “Las experiencias se repetían al interior de su facultad y después nos dimos cuenta de que esta problemática se extendía a toda la universidad”, señaló.

Según la colectiva, las estudiantes enfrentan acoso sexual, agresiones, seguimiento por docentes o compañeros y revictimización al denunciar. “Cuando las compañeras denuncian, muchas veces enfrentan cuestionamientos o intentos de conciliación con los agresores, en lugar de procesos claros de sanción”, afirmó Gómez.

Aunque la universidad creó una Unidad de Género tras protestas estudiantiles, la colectiva considera que aún carece de autonomía. “Sigue representando los intereses de la universidad y no necesariamente la defensa de las compañeras”, sostuvo.

Paro tras el feminicidio de Kimberly

Desde el 1 de marzo, estudiantes mantienen tomadas las instalaciones del campus Chamilpa y la rectoría tras el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, alumna de la UAEM.

Emilia Morales, vocera del movimiento, denunció la respuesta tardía y limitada de las autoridades: “La rectoría no ofreció apoyo ni acompañamiento a la familia, ni a nosotros como comunidad universitaria”.

El caso refleja las violencias estructurales que persisten en la UAEM: acoso, abuso de autoridad y ausencia de protocolos de seguridad. Morales explicó que la toma busca resultados concretos: “Este paro no es por no querer clases, es para obtener seguridad, respuestas claras y acciones reales. Mientras esto no se cumpla, seguiremos movilizados”.

La vocera añadió que la forma en que la rectora declaró la ruptura del diálogo constituye violencia institucional. “Nosotras, las mujeres que encabezamos este movimiento, vamos a resistir porque es por nuestra seguridad”, enfatizó.

Desatención de las autoridades universitarias

Las denuncias por violencia de género en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se repiten desde hace al menos 15 años, según exalumnas, académicas y extrabajadoras, quienes señalan que los mecanismos institucionales han tenido avances intermitentes y retrocesos.

Desde finales de la década de 2000 circulaban advertencias sobre riesgos dentro del campus:

“Desde que entré, en 2008, se comentaba que había problemas de seguridad. Era algo que la comunidad sabía”, recuerda una exalumna.

El tema se visibilizó en 2018 tras los feminicidios de María Fernanda y Mariana Leticia, que impactaron a la comunidad y motivaron movilizaciones estudiantiles:

“Después de esos feminicidios comenzaron a circular mensajes sobre intentos de agresión y vehículos sospechosos cerca del campus. Eso nos movió a salir a marchar; ahí surgió el movimiento Vivas Nos Queremos”, explica otra exuniversitaria.

A raíz de estos hechos se crearon mecanismos institucionales, como la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación y un protocolo de atención, aunque el primer documento era limitado y no incluía sanciones:

“El protocolo inicial se reformó mediante mesas de trabajo con estudiantes, profesoras y colectivas”, señala una extrabajadora.

Durante la administración de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, la unidad permaneció más de un año sin titular, lo que refleja desinterés institucional:

“Es claro que a la rectora no le ha interesado atender de fondo este tema. Es una pena porque es la primera mujer en encabezar la rectoría y, aun así, mantuvo la unidad sin titular por más de un año”, señaló una extrabajadora.

Ese mismo periodo desapareció de la web el micrositio con el protocolo y la información para presentar denuncias. A finales de enero, la universidad nombró a María de Jesús López Chávez como directora general de la unidad.

Desde hace más de una década existían diagnósticos sobre violencia contra mujeres en la universidad. La exdirectora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Adriana Mújica Murias, recordó que en 2013 se entregó al rector un diagnóstico de cultura institucional con recomendaciones claras, como crear una unidad de género y protocolos de atención. El primer protocolo se emitió hasta 2018 y se modificó en 2021, 2023 y 2025:

“El problema es que estas violencias y el rol educativo de la universidad no se han tomado en serio”, afirmó.

Mújica Murias agregó que estudiantes han denunciado intentos de resolver quejas de acoso sin acudir a la fiscalía. Por ello, consideró necesario revisar la seguridad interna del campus, evaluar los protocolos y aplicar la perspectiva de género en toda la institución.

Durante la última semana, esta reportera buscó a la rectora de la UAEM para conocer su postura; hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Morelos, epicentro de feminicidios en México

Un estudio del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, bajo la dirección de Roberto Salinas y con datos del SESNSP, muestra un aumento sostenido de la violencia feminicida: quinto lugar en 2021, tercero en 2022, segundo en 2023, primero en 2024 y segundo en 2025. En 2026, con tres casos, ocupa el tercer lugar nacional.

La violencia no distingue tamaño ni población: incluso municipios pequeños como Tetela del Volcán, Mazatepec y Tlayacapan están entre los más violentos a nivel nacional.

El estudio destaca que la violencia feminicida va de la mano con las desapariciones de mujeres. Entre 1973 y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 2 mil 27 personas desaparecidas, 624 mujeres (31%) mientras que a nivel nacional las mujeres desaparecidas y no localizadas representan el 21% . Los municipios con más casos —todos bajo alerta de violencia de género— son: Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla, Jojutla y Tepalcingo.

La tendencia anual confirma que el problema persiste: 259 desapariciones en 2021; 171 en 2022 y 2023; 190 en 2024; 288 en 2025. Muchas de estas desapariciones terminan en feminicidio. En contraste, la colectiva Divulgadoras reporta 119 feminicidios en 2025 y 19 más hasta 2026. La mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 25 años y varias desaparecen en espacios que deberían ser seguros, como escuelas.

Lorena Mejía critica la lentitud de las autoridades y la falta de perspectiva de género, lo que provoca que muchos casos se descarten prematuramente. También alerta que la prevención recae casi siempre en las mujeres, mientras los agresores rara vez enfrentan consecuencias.

La colectiva urge revisar los patrones de violencia, garantizar seguridad en escuelas y aplicar protocolos con enfoque de género, para que feminicidios y desapariciones no queden sólo en estadísticas ni en la impunidad.

Impunidad alimenta feminicidios en Morelos

Integrantes de las organizaciones Divulgadoras y Género 33 coinciden en que los feminicidios en Morelos persisten por la impunidad y las fallas en las investigaciones. Adriana Mújica, de Género 33, señaló que los problemas comienzan cuando las familias denuncian la desaparición de una mujer ante la Fiscalía General del Estado de Morelos: “Cuesta trabajo que acepten la denuncia; no se tipifica correctamente ni se inicia la investigación”. También advirtió que las carpetas de investigación presentan deficiencias, lo que retrasa los casos.

Lorena Mejía, vocera de Divulgadoras, agregó: “La impunidad hace que cualquier feminicida piense que puede matar sin sufrir consecuencias”.

Las activistas coinciden en que la Fiscalía no investiga todos los asesinatos de mujeres como feminicidio, pese al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género. La impunidad se refleja también en la falta de avances y en la demora para llevar a los responsables ante la justicia. Aunque los casos sean tipificados como feminicidio, las diligencias a menudo presentan fallas: los presuntos responsables pueden huir, las propiedades vinculadas al delito son devueltas y las familias enfrentan obstáculos para obtener información. Esta situación refuerza la sensación de que los agresores pueden actuar sin consecuencias.

Como ejemplo, mencionaron el caso de Andrea Mayelin Chino Ramos, de 22 años, encontrada sin vida el 30 de julio de 2025 en Yautepec. Su padre, Juan Carlos Chino Mauricio, relató que Andrea fue reportada como desaparecida el 23 de junio, aunque perdieron contacto desde el 21. Ese día, su pareja y su padre acudieron a su casa sin saber su paradero.

El 31 de julio, autoridades catearon un predio en Oacalco, Yautepec, y hallaron restos humanos. Tras análisis genéticos, el 31 de agosto se confirmó que eran de Mayelin. Para entonces, su pareja y familiares habían abandonado Morelos.

Andrea formaba parte de la Colectiva Resistencia Feminista de Yautepec y tenía una hija pequeña, quien ahora vive con sus abuelos maternos. La familia había denunciado previamente violencia de su pareja, quien la amenazaba si intentaba separarse.

Durante las diligencias, la Fiscalía localizó la motocicleta de la víctima y una caja vinculada al traslado del cuerpo. Sin embargo, las propiedades fueron devueltas y los presuntos responsables huyeron del estado.

El padre de Andrea también afirmó que el padre del presunto agresor tenía relación con un magistrado en Cuautla, Juan Gabriel Vargas Telles, lo que podría haber influido en la falta de avances, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

A casi nueve meses de los hechos, la investigación sigue en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y no ha sido judicializada. En la última reunión con autoridades, el 9 de febrero, la familia fue informada de que los responsables aún no han sido localizados.

Desde noviembre, este medio ha buscado al titular de la Fiscalía, Fernando Blumenkron Escobar, para abordar los feminicidios en la entidad, sin obtener respuesta.