CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Deportaciones expeditas sin debido proceso, separación familiar, criminalización de migración, hostigamiento a albergues, afectaciones graves a la salud mental, aumento de la violencia en el proceso migratorio y generar presiones que lleven a los migrantes a recurrir a rutas controladas por el crimen organizado, son algunos de los diagnóstico que revelan organizaciones de defensa de personas migrantes, según se advierte en el informe “Raíces en la Tormenta: solidaridad y dignidad en un hemisferio blindado (Impactos de la Política Migratoria en las Américas en 2025)”.  

Elaborado por organizaciones que integran la Mesa Mensual Binacional de Migración y Derechos Humanos, el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justica y el Bloque Latinoamericano de Migración, el informe documentó los cambios en los flujos migratorios y las estrategias encabezadas por albergues y organizaciones que son las primeras en atender a las personas en movilidad y solicitantes de asilo y refugio.  

Durante la presentación del informe en conferencia de prensa, Elena Gutiérrez de Global Exchange, sostuvo que “en que esta crisis migratoria con deportaciones masivas, con violencia armada, que estamos viendo principalmente en este momento en Estados Unidos”, lo que se está olvidando es atender “las cusas reales de la de la migración que tienen que ver con violencia, con crimen organizado, con desplazamiento, pero también reivindicar el derecho a la movilidad y el derecho a migrar y también el derecho a quedarse”.  

La defensora alertó que lo que las organizaciones binacionales han detectado en el segundo periodo del gobierno de Donald Trump, es que la agresiva política anti migratoria ha recibido “la respuesta abrumadora de la sociedad civil en Estados Unidos contra ICE ha sido increíble, y al mismo tiempo eso ha desatado unas políticas internas de Estados Unidos mucho más violentas, donde hemos visto asesinatos de personas que están organizadas defendiendo a la población migrante”.  

Gutiérrez explicó que lo que en conversaciones durante un año han observado las organizaciones es que los decretos impactan en las políticas migratorias de otros países de América Central, como sucede con Guatemala, Ecuador y Argentina.  

El informe revela que durante 2025 la política migratoria en la región en la región “se ha convertido en un central de control, castigo y exclusión, con impactos que trascienden fronteras y debilitan la democracia en la región”.  

Durante la presentación integrantes de organizaciones dedicadas a la defensa de personas migrantes en México, alertaron sobre las incongruencias entre el discurso oficial y la aplicación de la política migratoria, que implican que por un lado se hable de dar la bienvenida a los paisanos que son deportados y se la existencia de una política humanitaria para los extranjeros que son enviados a México por Estados Unidos , y por otra el abandono a connacionales y la criminalización de las personas extranjeras.  

Para Gabriela Hernández de Casa Tochán, uno de los ejemplos más claros de estas contradicciones ocurre en la Ciudad de México, donde el gobierno de Clara Brugada mantiene una política de “caricia y golpe” en la que por un lao proporciona a las personas migrantes una tarjeta de identificación como personas migrantes, pero al mismo tiempo “amenaza con el desalojo de los campamentos de personas migrantes sin tomar en cuenta las complejidades que ahí padecen las familias”.  

Rossy Antúnez, del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) destacó que, en los procesos de deportación desde Estados Unidos, entre las violaciones a derechos humanos que se han detectado, no solo entre mexicanos sino también en otras nacionales es la separación familiar sin que no solamente de personas mexicanas, sino también de otras nacionalidades, es la separación familiar y de la falta de estrategias para revertirla.  

En el caso de nuestro país “el gobierno mexicano como tal, no tiene rutas públicas de cómo una mujer puede recuperar la custodia de sus hijas e hijos, dado que en algunas ocasiones esta custodia se lo queda el gobierno estadounidense. ¿Por qué se lo queda? Porque cree que una mujer deportada no va a poder tener las condiciones para el crecimiento de su niñez”. 

Destacó que la estrategia México Te Abraza, dirigida a personas mexicanas deportadas de Estados Unidos “no es una política pública, tampoco es un programa, o sea, en cualquier momento puede desaparecer porque no tiene un presupuesto asignado”, más allá de la entrega de 2 mil pesos a los paisanos deportados, pero sin alternativas para el acceso a programas públicos. 

En cuanto a personas de otras nacionalidades, Antúnez señaló que en el último año  más de 13 mil personas de Cuba, Haití, Venezuela, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, han sido deportadas de Estados Unidos a México, a las que el Instituto Nacional de Migración (INM) recibe en puntos de repatriación de la frontera norte, para después subirlos a autobuses hacia Villahermosa, Tabasco, donde las personas son retenidas por 72 para ser “deportadas a sus países de origen o botadas a las calles, sin tomar en cuenta que también están pasando situaciones de separación familiar”.  

Leni Álvarez, de Otros Dreams en Acción (ODA) apuntó que, como efectos de la externalización de la política migratoria de Estados Unidos en México, lo que se ha detectado es el despliegue de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en estaciones de autobuses quienes “en cualquier momento, así como en Estados Unidos, te pueden detener y preguntar acerca de tu estatus migratorio”.  

Álvarez apuntó que las personas mexicanas que son retornadas de manera forzada a México, al llegar al país “uno de los derechos violentados es al de una identidad, se fueron como indocumentados y regresan a su país como indocumentados, lo que les impide acceder a programas sociales porque simplemente carecen de INE”.  

Jennifer García de Sin Fronteras, alertó la persistencia de una “paradoja” en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha seguido el mismo patrón de los gobiernos de sus antecesores.  

“Lo que se observa es que hay una paradoja entre el discurso y las acciones implementadas, por una parte, observamos el mensaje hacia los paisanos al exterior a los que se les llama héroes, pero por otra parte lo que observamos es un conjunto de políticas basadas en un enfoque de seguridad nacional que criminaliza a la población en movilidad”, agregó.  

En el informe, las organizaciones participantes reiteraron que la migración no es una amenaza “sino una expresión de la dignidad humana y de las profundas desigualdades estructurales del modelo actual”.