CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En su última sesión ordinaria como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual se extendió durante cerca de 10 horas, Dania Ravel Cuevas, Beatriz Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez hicieron un balance de sus nueve años en el cuerpo colegiado que rige el árbitro electoral de México; destacaron los ataques dirigidos contra el INE desde el poder, e insistieron en algunos de los retos de la institución, como la organización de las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025. 

Rivera, el primero en tomar la palabra, recalcó que durante sus nueve años como consejero el INE ha sufrido un “asedio” a su autonomía y “ha resistido a varias intentonas de debilitamiento” –sin precisar cuáles ni su origen–, por lo que exhortó a “seguir resistiendo”. 

Claudia Zavala recalcó que se padecieron “constantes presiones y descalificaciones en contra del INE, así mencionado de forma genérica, como si el Instituto fuera exclusivamente las y los consejeros con quienes el poder tuvo diferencias”.  

La consejera aseveró que el INE solo tuvo problemas con el poder, ya que “en el lapso de 2017 a 2025 no hubo inconformidades relevantes por parte de la ciudadanía relacionadas con el trabajo del INE y los resultados electorales”. 

Entre su designación por la Cámara de Diputados, en abril de 2017 y la conclusión de su mandato, el próximo 4 de abril, el INE ha organizado tres procesos electorales federales –incluyendo uno en plena pandemia de Covid-19-- y unas elecciones del poder judicial, con “con reglas aprobadas apresuradamente y que en la práctica vimos que eran un tanto defectuosas”, subrayó Rivera. 

Dania Ravel subrayó algunos de los retos que el INE enfrentó nuevos retos a lo largo de estos nueve años, incluyendo las campañas anticipadas realizadas durante el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidatura presidencial, en 2023, del que salió triunfadora la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

“Los procesos políticos inéditos que adelantaron la competencia electoral pusieron a prueba las capacidades del Instituto para regular, fiscalizar y dar certeza en escenarios no previstos por la ley”, dijo la consejera, y agregó: “a ello se sumó la organización de las primeras elecciones del Poder Judicial, nuevamente en un contexto de limitaciones presupuestales y con tiempos sumamente acotados para la instrumentación de la reforma”. 

Respecto a las campañas adelantadas de Morena, el consejero Arturo Castillo advirtió que la mayoría de los partidos políticos ya anunció el lanzamiento inminente de procedimientos internos con vistas a las elecciones de 2027, por lo que llamó a sus compañeros a emitir “a la brevedad” los lineamientos para regular estos ejercicios que rozan con la ilegalidad. 

Los tres consejeros fueron figuras centrales del grupo disidente del Consejo General del INE, que ha chocado con regularidad contra la presidenta Guadalupe Taddei Zavala y su grupo de consejeros afines, identificados por su cercanía con el oficialismo, sobre todo a partir del arranque del atropellado proceso de la elección judicial, a finales de 2024. 

Ravel, Zavala y Rivera se posicionaron en contra de la reforma que otorgó más poderes a Guadalupe Taddei, impulsada de manera subrepticia por Morena, y en ocasiones asumieron posturas críticas que molestaron al oficialismo, especialmente en torno a la distribución de “acordeones” para indicar a las personas, sobre todo a simpatizantes de Morena, para qué candidatos votar en la elección judicial. 

En el sexenio anterior, cuando el INE estaba todavía presidido por Lorenzo Córdova Vianello, los tres consejeros habían votado, junto con la mayoría de consejeros, por posponer la consulta de revocación de mandato impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que el gobierno no había asignado recursos al INE para llevar a cabo la elección. 

La decisión del INE provocó el enojo del tabasqueño, quien criticó con vehemencia a los consejeros; en eco a su líder, voces del oficialismo se lanzaron a su vez contra el árbitro electoral, incluyendo el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien llegó al extremo de presentar denuncias contra los consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE en diciembre de 2021. 

La primera no realizó una persecución de los consejeros, y el segundo dejó el caso congelado durante más de tres años, hasta que en febrero de 2025 el recién nombrado titular del OIC, Víctor Hugo Cervante Cervantes, revivió el expediente y abrió un caso contra Zavala, Ravel y Rivera por “falta administrativa grave” que se encuentra actualmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), un precedente inédito en la historia del INE. 

Durante su participación, Rivera denunció que el procedimiento del OIC es “ilegal” y violatorio de la “garantía constitucional para la protección y autonomía del INE y la independencia de las decisiones de las y los consejeros electorales”, y recalcó que el OIC “es una instancia de control administrativo, no de control de las decisiones que toman los consejeros y consejeras electorales”. 

El consejero agregó que, además de perjudicar a los tres sancionados, el procedimiento “es ominoso para quienes permanecen en este cargo y quienes puedan venir después, a la hora de discutir o votar un asunto que pueda incomodar a algún factor político externo a este Instituto”, quienes estarían bajo amenaza del OIC. 

En el mismo tono, Beatriz Zavala denunció que el procedimiento respondió a “una cuestión evidentemente política”, en represalia a “decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, pero que no gustaron a alguna persona o grupo en el poder”. 

“Como vemos, las pulsiones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos”, sentenció.