Organizaciones civiles defensoras del medio ambiente denunciaron que el derrame de hidrocarburos sobre el Golfo de México habría ocurrido entre el 11 y 17 de febrero pasado, omitiéndose “o aplicados de forma opaca” los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en Zonas Marinas Mexicanas (PNC).  

En un pronunciamiento firmado por 14 organizaciones sociales, señalaron que del análisis de imágenes satelitales es posible establecer que el derrame abarca 50 kilómetros cuadrados y que se originó en una embarcación cerca de la plataforma petrolera Abakatún,  ubicada en la sonda de Campeche.  

De acuerdo al análisis de las imágenes satelitales “entre el 6 y 10 de febrero una embarcación permaneció en la zona cercana a la plataforma Abkatún (Lat: 1927400105, Lon: -92.23620084) done habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas. A partir del 11 de febrero, la descarga se intensificó lo que aumentó significativamente el volumen del derrame”, explicaron los ambientalistas.  

Indicaron que desde el 13 de febrero ya eran visibles las manchas de hidrocarburo en el mar, en tanto que las imágenes satelitales advertían que “al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención”, y que las acciones “resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente”.  

De acuerdo a los protocolos ambientales, “que se observaran embarcaciones de contención desde el 13 de febrero, confirma que las autoridades tenían conocimiento temprano; sin embargo ninguna alerta pública fue emitida, impidiendo a las comunidades costeras tomar medidas preventivas”.  

Para el 14 de febrero, “la mancha alcanzaba aproximadamente 50 km2, equivalente a más de mil veces la plancha el Zócalo de la Ciudad de México”, y tres días después el derrame continuaba dispersándose “debido a factores como las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, favoreciendo su llegada gradual, dispersa y sostenida durante las últimas tres semanas a las costas de Tabasco y Veracruz”, indicaron las organizaciones en su comunicado.  

“Las organizaciones firmantes denunciamos que el manejo de este siniestro ha ignorado los lineamientos oficiales establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC) vigente desde 2023. Ante un derrame de esta magnitud, el PNC exige mecanismos que fueron omitidos o aplicados de forma opaca”, acusaron las agrupaciones.  

 En el documento, enlistaron los pasos a seguir en una emergencia ambiental como la que ocurre actualmente en el Golfo de México, marcados en el PNC, administrado por la Secretaría de Marina (Semar), como lo es la notificación inmediata a las autoridades competentes, estableciéndose “la obligación de informar públicamente a través del Oficial de Información Pública previsto en el Sistema de Comando de Incidentes”. 

Por las imágenes satelitales en las que se observa que el 13 de febrero había en la zona al menos cinco embarcaciones en busca de contener el derrame, es un indicador de que “las autoridades tenían conocimiento temprano”, sin que se emitiera una alerta pública.  

El mismo PNC instruye a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su órgano desconcentrado Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), “a integrar un Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) y Mapas de Sensibilidad para coordinar la respuesta”.  

Por ello, las organizaciones exigieron hacer públicos dichos documentos, “pues su ausencia impide evaluar si las acciones de contención observadas fueron técnicamente adecuadas o si resultaron insuficientes por falta de planeación”.  

Tras  recordar que el propio PNC establece que “el que contamina paga” , las organizaciones alertaron que a más de un mes de ocurrido el incidente, “la autoridad no ha identificado públicamente a la empresa responsable ni ha informado sobre el proceso de compensación por los daños causados al ambiente y a las comunidades afectadas”, sin menoscabar que los responsables “están sujetos a deslindes administrativos, civiles y penales, conforme a la legislación nacional”.  

Las organizaciones emplazaron a la Semar, que administra el PNC, a que explique públicamente las razones por las que no se activo el Nivel 3 de respuesta, “ante un derrame de 50 km2 con impacto significativo en costas de Tabasco y Veracruz”; que de a conocer la identidad de la empresa responsable “y el estatus del proceso de compensación por los daños causados”; así como el informe de resultados al que el Consejo Técnico del PNC está obligado a elaborar tras una emergencia como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.  

“El nuevo derrame se suma a una serie de eventos que evidencian los riesgos inherentes a las actividades de extracción y transporte de hidrocarburos en el Golfo de México”, advirtieron las organizaciones. 

Recordaron que en días reciente se anunciaron planes “para extraer petróleo en aguas profundas e incrementar la exploración”, lo que representa “una garantía de que se repitan suceso como este”.  

Las organizaciones alertaron que la extracción de y quema de combustibles fósiles, no sólo puede provocar desastres como el mencionado, sino que “crecen y aceleran los impactos del cambio climático, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables y aquellas que dependen directamente de ecosistemas costeros”, de ahí la insistencia de “avanzar hacia una transición energética justa que reduzca la dependencia y el uso de combustibles  fósiles y evite la repetición de este tipo de desastres”.  

Firmaron el comunicado Barrio Mapache, Bcsicletos, CartoCrítica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Conexiones Climáticas, Defensa Verde Sonora, La Boca Nostra y Nuestro Futuro, Nuestros Mares.  

También se sumaron Organización Familia Pasta de Conchos, Pan y Rosas Sonora, Planeteando, Sedepac Huasteca y Wildlands Network Programa México.