CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una sesión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena organizaciones regionales denunciaron “cómo la administración de Estados Unidos ha consolidado una estrategia de deportación y traslado forzado de personas solicitantes de asilo hacia terceros países que no ofrecen garantías mínimas de seguridad ni protección”.  

En la audiencia “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de movilidad humana”, llevada a cabo el miércoles 11 de marzo, representantes de las organizaciones solicitantes de la audiencia alertaron que en su cruzada antimigrante, el gobierno de Donald Trump ha firmado “acuerdos opacos” con países de Latinoamérica y el Caribe, resultado de “presiones diplomáticas y económicas”. 

Al señalar que los acuerdos violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en un pronunciamiento las organizaciones destacaron que, ante los amagos del gobierno estadunidense, los países receptores aceptan a la población expulsada “para lo cual no tienen infraestructura ni sistemas de asilo funcionales, derivando en un sufrimiento humano devastador”.  

Durante la audiencia, la comisionada Andrea Pochak consideró que es inadmisible que los países invoquen a la soberanía para “torturar, violar la dignidad, separar familias” y resaltó que, de ocurrir, “cada una de nosotras va a tener que preguntarse ‘qué hizo para evitar que las personas migrantes y con necesidades de protección internacional sean tratadas como animales”. 

Los denunciantes documentaron “una escala de abusos que constituye una violación sistemática a los estándares interamericanos”, destacando el caso de México, “donde entre el 20 enero y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizó la deportación de casi 13 mil personas de terceras nacionalidades -23% mujeres y 690 niñas, niños y adolescentes-, quienes son entregadas a las autoridades mexicanas sin que exista una comunicación efectiva sobre sus procesos de protección previos en Estados Unidos”.  

Las organizaciones denunciaron que “la situación alcanzó niveles de crueldad extrema” en El Salvador, donde 252 jóvenes venezolanos fueron deportaos “bajo engaños” y recluidos en el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), “una cárcel de máxima seguridad, donde sufrieron desaparición forzada por más de cuatro meses, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, y abusos sexuales, antes de ser finalmente devueltos a Venezuela, violando flagrantemente el principio de no devolución”. 

“La externalización ha tomado forma de campamentos de detención bajo condiciones inhumanas” en Panamá y Costa Rica, documentándose que en  el primer país se registraron “negaciones sumarias de asilo y violencia sexual contra mujeres migrantes”, de un grupo de cerca de 300 personas detenidas en la selva de Darién, mientras que en el segundo, se confinó a familias de migrantes, entre las que había 81 menores de edad, en una antigua fábrica, “bajo vigilancia armada y condiciones de hacinamiento extremo”.  

Al señalar que las evidencias muestran que “la prioridad de estos acuerdos no es la protección, sino el control punitivo, las organizaciones explicaron que Guatemala ha aceptado “recibir a personas de los diferentes países centroamericanos, quienes son enviadas a sus países de origen, prestándose a la tercerización de las políticas migratorias”.  

En el caso de Honduras, “ha recibió más de 50 personas de múltiples nacionalidades bajo el Acuerdo de Cooperación para el Examen de Solicitudes de Protección pese a las condiciones inseguras del país”, y en los últimos tres meses Estados Unidos emitió 2 mil 800 órdenes de expulsión hacia Honduras, para personas no originarias de este país centroamericano.  

Las organizaciones acusaron a los Estados que han firmado estos acuerdos con Estados Unidos de incumplir con el principio de no devolución y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, ya que “estas políticas no sólo impactan la salud física y psicológicos de las personas, exponiéndolas a secuestros, violaciones y tortura- sino que erosionan los cimientos del derecho internacional”. 

Para las organizaciones, “el traslado de personas que huyen de la violencia hacia lugares donde sus vidas vuelven a estar en riesgo es una política que atenta contra la dignidad humana y socava el orden jurídico internacional”.  

Las organizaciones urgieron a los comisionados de la CIDH, al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y al representante Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) activar tres mecanismos especiales. 

Los mecanismos solicitados son elaborar un “documento técnico y operativo que especifique las obligaciones en materia de derechos humanos de los países del hemisferio que han suscrito estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas, evitando que las ‘fricciones legales’ sirvan para evadir responsabilidades”.  

Las organizaciones pidieron tramitar una “Opinión Consultiva” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH) para que emita “una interpretación vinculante sobre la legalidad de estas expulsiones a la luz de la Convención Americana, garantizando la participación de la sociedad civil en la formulación de las preguntas”. 

Asimismo, llevar a cabo un “Monitoreo directo”, a través de la realización de visitas in situ “para supervisar las condiciones de detención y garantizar que no se sigan produciendo devoluciones en cadena hacia países donde la vida de las personas migrantes corre peligro”.  

Al considerar como “imperativo el desmantelamiento de estas prácticas de externalización”, las organizaciones alertaron que “la protección de los derechos humanos no puede estar sujeta a negociaciones bilaterales; los Estados deben volver a los estándares internacionales que garantizan la vida y la integridad de quienes buscan protección internacional”.  

Las organizaciones promotoras de la audiencia fueron Al Otro Lado; Americans for Immigrant Justice; Amnistía Internacional; Boston University International Human Rights Clinic; Center for Gender and Refugee Studies; Cornell Law School Transnational Disputes Clinic; Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA). 

Participaron también el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi); Florence Immigrants & Refugee Rights Project; Global Strategic Litigation Council; Haitian Bridge Alliance; Hope Border Instititue; Human Rights First; Immigrant Defenders Law Center (ImmDef).  

Asimismo, Las Americas Immigrant Advocacy Center; Physicians for Human Rights; Red Pedro Pantoja de Casas y Centros de Derechos de Migrantes de Zona Norte (Red Pedro Pantoja); Refugees International; Robert and Ethel Kenedy Human Rights Center. 

Acompañaron la petición la oficina regional para América Central de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACBUDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.