Tortura
Persiste impunidad por tortura y “prácticas coercitivas” en anexos: la evaluación de la ONU a México
El Subcomité para prevenir la tortura realizó una visita a México, donde “tomó nota de las preocupantes condiciones y de las prácticas coercitivas en dichos centros, que operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos”.CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) alertó sobre la impunidad persistente en casos de tortura en México, así como por “prácticas coercitivas” en centros de tratamiento de adicciones, situación que debe ser atendida de manera urgente.
Tras la visita de una delegación del SPT, del 25 al 30 de enero, encabezada por Carmen Comas Mata, el SPT difundió un comunicado fechado en Ginebra, Suiza, en el que reconoce que México mantiene un “compromiso político para combatir y prevenir la tortura”, logrando avances importantes como lo es la promulgación de la Ley General para la Prevención e la Tortura en 2017, las reformas a las Ley de Salud en 2023, el establecimiento de fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP).
Sin embargo, los expertos consideraron que “existen preocupaciones por las brechas que existen en el marco jurídico y las políticas y su implementación en la práctica”, además de que “queda mucho por hacer con respecto a la implementación de medidas de prevención de la tortura”, alertó Carmen Comas Mata, jefa de la delegación del SPT que visitó nuestro país.
Durante su visita, buena parte en compañía de integrantes del MNP, la misión de expertos visitó cárceles para hombres y mujeres, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de tratamientos de adicciones, sitios donde realizaron “entrevistas confidenciales con detenidos y personal”, además de realizar reuniones con autoridades gubernamentales y otras partes interesadas.
Comas Mata abundó que a los expertos les preocupó “principalmente la situación observada en centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado”.
Al respecto, alertó que el SPT “tomó nota de las preocupantes condiciones y de las prácticas coercitivas en dichos centros, que operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos”.
Consideró que “abordar esta situación requiere de una acción urgente y decisiva por parte del Estado”, sobre todo si se considera que, aunque la legislación nacional “prohíbe la institucionalización involuntaria” en ese tipo de centros, “esta no fue la realidad” que los expertos pudieran constatar en su visita.
Al resaltar que hacía diez años que un grupo de expertos del SPT no visitaba México, los expertos señalaron en su comunicado que persisten desafíos en la implementación de las recomendaciones formuladas desde 2016.
“Nos preocupan también los persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación de los actos de tortura y la lucha contra la impunidad a pesar del sólido marco jurídico e institucional”, resaltó Comas Mata.
En nombre de los expertos, la jefa de la delegación reconoció “el reforzamiento y el adecuado funcionamiento de un Mecanismo Nacional de Prevención sólido y profesional, dotado de recursos suficientes, que desarrolla una labor relevante en la prevención de la tortura y otros malos tratos”.
Sin embargo, apuntó, “es fundamental que se nombre con prontitud a todos los miembros de su Comité Técnico y se restablezca la cooperación con la sociedad civil”.
Cabe recordar que el MPN se encuentra bajo la jurisdicción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El SPT indicó que presentará un informe confidencial, “con sus conclusiones y recomendaciones” al Gobierno Mexicano, que tiene la facultad de hacerlo público; los expertos alentaron al país a dar ese paso “y a colaborar constructivamente con el SPT en la implementación de sus recomendaciones”.
De acuerdo con el comunicado, además de Carmen Comas Mata (España), integraron la delegación Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania), que estuvieron apoyados por personal de la ONU.