CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la polémica por el cambio en la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la organización civil Mexicanos Primero aseguró que “el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier disputa política, administrativa o ideológica”.

En un posicionamiento emitido este martes 17, la agrupación especializada en educación aseguró que, en un diagnóstico realizado a los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, se hallaron elementos que se deben modificar.

Sin embargo, aclaró que los libros son “un instrumento valioso para el aprendizaje. Sin embargo, no son un fin en sí mismos. Su existencia y gratuidad no sustituyen lo esencial: maestras y maestros bien formados, acompañamiento pedagógico, escuelas con condiciones dignas y comunidades involucradas. Cuando se pierde de vista esta integralidad, se pierde el rumbo educativo”.???????

Según Mexicanos Primero, el país enfrenta “una preocupación mayor: la fragilidad de la institucionalidad educativa” y consideró que “las decisiones sobre política pública no pueden resolverse mediante confrontaciones, presiones o improvisaciones”.?

Y advirtió que “la educación requiere reglas claras, procesos técnicos transparentes y conducción basada en evidencia. Cuando la institucionalidad se debilita, lo que se erosiona no es solo la gestión administrativa; es la confianza pública y la certeza que necesitan millones de?estudiantes”.

Inconsistencias en los libros de texto

Mexicanos Primero aseguró que, durante el último ciclo escolar, especialistas, docentes y familias señalaron “inconsistencias?conceptuales, problemas de claridad y ausencia de procesos suficientemente abiertos en la elaboración de materiales educativos”.?

Añadió que, como organización, realizó un?análisis multidisciplinario que identificó “textos con niveles de complejidad poco adecuados para diversos contextos, una transición pedagógica que trasladó responsabilidades sin el acompañamiento suficiente a las y los docentes, y contenidos desconectados de la realidad del sistema educativo”.

Sin embargo, aclaró que la “discusión sobre los libros no debe reducirse a una confrontación política. Está en juego el desarrollo de pensamiento crítico, la comprensión lectora sólida, las habilidades matemáticas y científicas, la conciencia histórica y los valores democráticos de millones de estudiantes”.

Aunque no mencionó la polémica por las declaraciones y el actuar del extitular de la DGME, Marx Arriaga Navarro; del titular de la SEP, Mario Delgado; ni de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acusó que, “cuando la educación se convierte en campo de batalla ideológica, quienes pierden no son los funcionarios: son las niñas, niños y jóvenes cuyo futuro queda atrapado entre luchas de poder”.

Por ello, enfatizó cuatro puntos:

• El derecho a aprender es la prioridad indeclinable. Toda decisión debe evaluarse por su impacto real en los aprendizajes
• Los libros son un medio, no el objetivo. Su impacto depende de docentes formados, acompañamiento continuo y condiciones escolares adecuadas
• La institucionalidad y la transparencia son irrenunciables. Los materiales y políticas?deben sustentarse en diagnósticos públicos, criterios técnicos claros y evaluación?independiente con participación plural
• La mejora debe ser permanente y basada en evidencia. La educación no puede estar?sujeta a vaivenes sexenales ni decisiones unilaterales

Urge nuevo mecanismo para libros

Mexicanos Primero aseguró que, con la??llegada de Nadia López García a la Dirección General de Materiales Educativos, quien fue presentada ayer por el titular de la SEP, “México necesita construir un mecanismo permanente, autónomo y técnicamente sólido de revisión y mejora curricular y de materiales educativos, con participación plural de especialistas, docentes en activo, familias y sociedad civil; con procesos públicos de consulta, pilotaje y evaluación; y con?indicadores claros de impacto en el aprendizaje”.

La organización insistió en que “la educación debe ser política de Estado, no instrumento de coyuntura”.

De paso, llamó a la SEP, al Congreso de la Unión y a las autoridades educativas locales a “establecer la conducción institucional con base en la ley, la evidencia y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Porque cuando se protege la institucionalidad educativa, se protege el futuro del país”.