XALAPA, Ver., (Proceso).– La noticia de que uno de los asesinos confesos de su madre, la periodista María Elena Ferral, había recuperado la libertad meses atrás, provocó en Fernanda Luna una reacción física inmediata: sufrió un conato de infarto y tuvo que ser hospitalizada.

El crimen ocurrió el 30 de marzo de 2020. Desde entonces han sido detenidas siete personas. Sin embargo, dos de ellas, que confesaron su participación, obtuvieron su libertad tras ganar amparos por fallas en el proceso judicial, bajo el argumento de que fueron torturadas para declarar. A ello se suma que el presunto autor intelectual, el exdiputado Basilio Picazo Pérez, permanece prófugo de la justicia.

“El mensaje es que nos pueden matar y no pasa nada. Ellos van a seguir en la impunidad y sin castigo”, lamenta.

Su caso es similar al de una treintena de periodistas asesinados en Veracruz, donde sólo uno cuenta con una sentencia condenatoria firme, sin amparos ni apelaciones. En la mayoría de los expedientes no hay detenidos y, cuando los hay, terminan en libertad. En varios casos se capturó a los presuntos autores materiales, pero al menos siete obtuvieron amparos por fallas en las investigaciones; no hay autores intelectuales en prisión y la reparación del daño sigue siendo una tarea pendiente.

Red, memoria y lucha

La búsqueda de justicia ha sido compleja y desgastante, dice Jorge Sánchez, hijo del reportero Moisés Sánchez, asesinado en enero de 2015. Su caso ha sido llevado incluso al Parlamento Europeo y ahora busca llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Junto con familiares de otra decena de periodistas, formó la asociación Red Memoria y Lucha de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz, con el objetivo de impulsar acciones de memoria, acompañamiento jurídico a víctimas y presión institucional.

En Veracruz han sido asesinados 32 periodistas y de ellos sólo uno tiene una sentencia en firme.  Se trata del caso del periodista Ricardo Monlui –ejecutado en marzo de 2017–. En 2019 un juez de control dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión a Ángel Rojas Benítez, alias la Paloma, acusado de cometer el asesinato de Monlui. 

La familia no ha podido acceder a la reparación del daño debido a trámites burocráticos de la Comisión de víctimas. 

Sánchez agrega que, mientras no haya sentencia la reparación tampoco es posible, de acuerdo con la ley. Agrega que, en los demás casos, existen procesos abiertos, apelaciones o amparos, lo que ha prolongado los expedientes durante años sin resultados definitivos y faltan de sentencias firmes. 

“Tenemos la seguridad de que en México no va a haber justicia. Eso es un hecho para nosotros”, lamenta. 

Explica que los procesos judiciales también resultan desgastantes para las familias, tanto en lo económico como en lo emocional: “Es muy desgastante estar yendo a juzgados, reviviendo las situaciones y viendo cómo las cosas no avanzan”. 

Fallas y presunta complicidad

Sánchez sostiene que en varios expedientes se han documentado irregularidades, como pérdida de evidencias, desaparición de fotografías de implicados o solicitudes tardías de grabaciones y sábana de llamadas.

Ejemplifica el caso de su padre: “Pareciera que no hay un protocolo para salvaguardar la evidencia. Se pidieron videos hasta nueve días después y ya habían sido eliminados”.

También evidencia que algunas detenciones se anuncian como logros, pero posteriormente se caen en tribunales: “El gobierno tiene como estrategia hacer justicia en la percepción y no en la realidad.Detienen a alguien y dicen que ya se hizo justicia, pero luego esa persona sale libre”.

Ese fue el caso de su padre, Moisés Sánchez, reportero del semanario La Unión en Medellín de Bravo, secuestrado en enero de 2015 por un grupo armado.

Por ese crimen fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos policías, un comandante y el jefe de escoltas del entonces alcalde de Medellín, Omar Cruz, quien sigue prófugo, aunque obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión.

Un juez local dictó una sentencia de 22 años contra los policías, pero tras cumplir una pena de seis años fueron liberados por fallas en el proceso legal y el delito se reclasificó como incumplimiento del deber legal.

A 11 años del crimen, sólo queda un detenido: Clemente Noé, expolicía intermunicipal, quien también ha promovido recursos legales.

Casos similares se repiten. En el asesinato del periodista Jorge Celestino Ruiz, en 2019 en Actopan, uno de los presuntos responsables obtuvo su libertad y otro permanece prófugo con amparo. En el caso de Jacinto Romero, asesinado en 2021 en Ixtaczoquitlán, varios presuntos responsables fueron liberados por falta de pruebas.

Otro ejemplo es el de Gregorio Jiménez, periodista de Coatzacoalcos, quien fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 y cuyo cuerpo apareció días después. El caso cumplió 11 años sin que exista una sentencia contra ninguno de los cinco detenidos.

Para las familias, una de las exigencias centrales es que se investiguen y sancionen las fallas cometidas por las fiscalías.

Las familias coinciden en que existe una posible complicidad institucional, ya que, pese a los acuerdos alcanzados con autoridades hace tres años, no se han iniciado procesos contra los funcionarios que integraron de forma deficiente las carpetas de investigación.

Uno de los acuerdos era que se iba a investigar y proceder contra los elementos de la fiscalía que no hicieron su trabajo o lo hicieron mal. Pero todo recae en la fiscalía: la detención, la recolección de pruebas, el resguardo de la evidencia -explica Jorge Sánchez. 

Desgaste económico y emocional 

Fernanda Luna dice que la exigencia de justicia para su madre, María Elena Ferral, es un proceso tortuoso.  En entrevista para Proceso, explica que hasta ahora existen varias sentencias, pero ninguna definitiva y las liberaciones no se deben a la inocencia de los acusados, sino a errores en la integración de las investigaciones: “Salieron por la mala integración de la carpeta, no porque sean inocentes”. 

Añade que varios imputados comparten el mismo abogado, lo que abre la posibilidad de que sigan la misma estrategia para obtener su libertad.

Fernanda recuerda que denunció irregularidades desde el inicio del caso, como filtraciones de la carpeta de investigación y deficiencias en las líneas de indagación: “Hubo muchas incongruencias en el armado de la carpeta, lo cual permitió que estas personas ahorita estén pudiendo salir”.  

Sobre los presuntos responsables que permanecen prófugos, la hija de la periodista asegura que no existe certeza de que las autoridades los estén buscando.

Explica que solicitó que el caso fuera atraído por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero la petición fue rechazada.

La hija de la periodista señala que, aunque recibe apoyo de la Comisión de Atención a Víctimas, es limitado y no sustituye la reparación integral del daño.

“El apoyo es muy mínimo. No podemos acceder a la reparación integral si no hay sentencia firme o una recomendación de derechos humanos”. Recuerda que su madre era jefa de familia y dejó a un hijo menor de edad y a ella estudiando en la universidad.

“Hay muchos niños que quedaron huérfanos y no tienen ni siquiera una beca”, denuncia al referirse a otros casos de familiares de periodistas asesinados. 

Impunidad crónica 

De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que agrupa a varias organizaciones, la impunidad es una constante en estos casos.

Desde su creación en 2010 y hasta 2024, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició dos mil 371 investigaciones, de las cuales sólo 201 han sido resueltas, lo que equivale a una impunidad de 84.7%; si se consideran únicamente las sentencias condenatorias, la impunidad alcanza 98.27 por ciento.

A escala estatal, pese a la existencia de fiscalías especializadas y a la aprobación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión en 2017, la mayoría de los casos no se judicializa y la impunidad persiste.

Las organizaciones han solicitado transparentar de forma periódica el avance de las investigaciones y desagregar la información por tipo de delito, sexo y género.

Piden comisión de la verdad

Fernanda y Jorge, integrantes de la red de familiares, esperan que el nuevo gobierno estatal y la nueva titular de la fiscalía en Veracruz puedan mejorar la situación, pues las administraciones anteriores incumplieron sus promesas.

Recordaron que al inicio del gobierno de Cuitláhuac García hubo una reunión con periodistas y se ofreció apoyo e incluso una disculpa pública, que nunca se concretó.

Ahora, las familias han solicitado una audiencia con la nueva gobernadora, pero no han recibido respuesta. 

Ante la falta de resultados judiciales, el colectivo plantea la creación de una comisión de la verdad para los casos de periodistas asesinados, “porque no importa a quién presenten, no hay un procedimiento sólido”, lamenta Jorge Sánchez.