CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- Al entrar a Xochihuehuetlán, en la Montaña de Guerrero, una camioneta con hombres armados le cerró el paso al autobús de la empresa El Milagro, donde viajaban 26 jornaleros de Metlatonoc que se dirigían a los campos de Chihuahua. Eran las 12:30 horas del jueves 6 de noviembre de 2025.

El autobús fue desviado a las afueras del poblado, mientras los pasajeros fueron despojados de sus celulares y sus pertenencias; luego fueron obligados a bajar y huyeron a refugiarse al monte. El chofer fue golpeado y al autobús le rompieron los cristales. Horas después los campesinos bajaron a la capilla del pueblo. Al lugar llegó la policía estatal.

Éste es uno de los cuatro asaltos que sufrieron autobuses con jornaleros agrícolas que se negaron a pagar cuota al crimen organizado en 2025 en esa región, reveló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El año pasado, los municipios de más alta marginación de la región de la Montaña expulsaron al norte del país a más de 13 mil jornaleros agrícolas, entre ellos 7 mil niños y adolescentes. Fueron casi 2 mil migrantes más que los registrados en 2024, indicó el organismo.

Al calvario que los jornaleros padecen antes, en el trayecto y en su estancia en los campos agrícolas se le ha sumado el desprecio del gobierno de la morenista Evelyn Salgado.

A partir de enero la casa del jornalero o Unidad de Servicios Integrales (USI) de Tlapa, desde donde salen los trabajadores, ha dejado de recibir despensa e insumos por parte del gobierno estatal para garantizar por lo menos una comida antes de partir.

La situación de los jornaleros agrícolas fue expuesta en el programa de radio Tlajtoltlapaleuilistli (La palabra que ayuda), transmitido cada semana en la XEZV, La Voz de la Montaña.

El organismo de defensa de derechos humanos compartió, además, una ficha informativa con detalles del informe elaborado por su área de Fortalecimiento Comunitario.

El total de migrantes registrados por Tlachinollan en 2025 fue de 13 mil 036 personas, de las cuales 6 mil 534 son hombres y 6 mil 502 mujeres.

La cifra representa a 4 mil 396 familias.

La temporada con mayor migración fue noviembre, con 2 mil 770 jornaleros; mayo, con 1 mil 704; febrero, 389 y abril, 489.

Del total, 9 mil 197 pagaron pasaje, 3 mil 619 viajaron por contrato y 220 lo hicieron por sus propios medios.

La distribución por edad indica que fueron 663 adultos de 61 años de edad en adelante, 3 mil 20 adultos de 31 a 60 años y 2 mil 422 jóvenes de 21 a 30 años.

Además 3 mil 751 adolescentes de 11 a 20 años y 3 mil 621 niños y niñas.

Los principales municipios que proveyeron de jornaleros migrantes a los campos agrícolas del norte del país el año pasado fueron: Cochoapa el Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Copanatoyac, Acatepec, Malinaltepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Chilapa de Álvarez, Cualac, Tlacoapa e Iliatenco.

La característica es que son municipios con población que vive en alta marginación; sus condiciones de vida están marcadas por carencias básicas y limitaciones que afectan su desarrollo pleno como personas, explica el organismo en la ficha.

La realidad que existe en la región, agrega, explica por qué muchos habitantes buscan oportunidades fuera de la Montaña, en un intento por mejorar sus horizontes y garantizar un futuro más digno para sus familias.

“La migración sigue siendo una realidad constante en nuestras comunidades. Jóvenes, familias enteras y personas mayores buscan mejores condiciones de vida en otros estados”.

No obstante, alerta, al llegar a los campos del norte del país las condiciones en las que viven son inhumanas.

Los migrantes se dirigen principalmente a Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Sonora, Nayarit, Zacatecas y Nuevo León.

El organismo propone la necesidad de fortalecer las comunidades desde su interior: generar espacios de participación, impulsar proyectos productivos y promover la educación como herramienta de transformación.

Programas no resuelven el problema de fondo

Armando Galeana Méndez, es el coordinador del área de fortalecimiento comunitario de Tlachinollan y responsable de acompañar la población jornalera.

Asegura que la parte que no termina de aterrizar son los apoyos del gobierno federal dirigidos a toda la población, pero que no hacen una distinción de la población que migra para trabajar y que están ausentes cuando se hace la afiliación para recibir los beneficios.

Y aunque haya programas, insiste, no están resolviendo el problema de fondo. Por ejemplo, en todas las comunidades que son expulsoras de trabajadores agrícolas, el programa Sembrando Vida sólo atiende a 20 personas, cuando son más las que salen cada año a trabajar de manera temporal.

“Estos programas son un paliativo a la realidad que viven las familias jornaleras”, afirma el coordinador del área de migrantes.

Por parte del gobierno del estado, la situación no es mejor. En dos reuniones que se tuvieron en octubre y noviembre pasado, la titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), Silvia Rivera Carbajal, informó que se está regularizando la estadía de trabajadores agrícolas en Canadá y Estados Unidos, pero que deben cumplir con una serie de requisitos.

Pero a decir de Armando Galeana, un trabajador normal no cubre los requisitos necesarios y por parte de los jornaleros de la Montaña difícilmente cuentan con acta de nacimiento.

En la temporada alta, la Semai llevó para cada familia de jornaleros una bolsa guinda con el logo del gobierno del estado que contenía un paquete de papel de baño, alcohol, toallitas y un vaso.

El gobierno de Guerrero no tiene un registro real de las familias jornaleras que salen desde la región de la Montaña, que incluye a las que salen por su propia cuenta y se alquilan sin contrato, afirma Galeana Méndez.

El error, no cubrir la cuota

Justo en la temporada alta, de agosto a noviembre, los camiones que trasladaban a familias trabajadoras del campo fueron asaltados y les quitaron todo.

“El tema es que las personas, autobuses de las empresa o choferes que no pasaban a pagar su cuota en Tlapa con los grupos que están establecidos en esta región, antes o pasando las últimas comunidades del estado de Guerrero eran asaltados, con esa amenaza de que el error fue no pasar a su cubrir su cuota”, reveló un contratista.

“Esto se estuvo repitiendo, el primer episodio fue en agosto y el último fue en noviembre. Cuando veían que llegaban autobuses enviados directamente por las empresas del norte, pues resulta que les poncharon las llantas o le aventaban piedras al camión”.

La cuota cobrada por camión, aseguró la fuente, es de 5 mil pesos. Los jornaleros, todos, tienen que pagar al menos 100 pesos por su derecho a poder migrar y ofrecer su mano de obra. Esto a pesar de la presencia de elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

De acuerdo con un registro de incidentes en el “acompañamiento a familias trabajadoras del campo” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el 15 de septiembre fue identificado el primer acto violento en la USI de Tlapa.

Antes de empezar el viaje, sujetos desconocidos poncharon las llantas de un autobús que se preparaba para salir y exigieron 7 mil 500 pesos para realizar el viaje.

El 29 de agosto fue el primer asalto de un camión con familias trabajadoras a bordo. El encargado que llevaba familias en un camión es asaltado en Xochihuetlán, en la carretera Tlapa-Puebla. A las familias les quitan sus pertenencias y el chofer es golpeado, mientras que al autobús le rompen los vidrios y le ponchan las llantas.

El 13 de octubre representantes de Tlachinollan y trabajadores agrícolas del campo sostienen una reunión con autoridades para plantear la situación, pero esto no detuvo la problemática.

El 27 del mismo mes es asaltado un camión con familias jornaleras de Cacahuatepec, en el tramo carretero Atzompa-Tulcingo, Puebla. Tras el hecho, una patrulla de la Policía Estatal acompañó a las víctimas hasta la comunidad de Jilotepec y de ahí continuó su traslado al norte del país, ya sin resguardo.

Y el último “incidente” registrado en 2025 por Tlachinollan fue el 6 de noviembre en Xochihuhuetlán. Fue el asalto a los trabajadores del campo del municipio de Metlatonoc y al chofer que iban en el camión de la empresa El Milagro.

Las familias se dirigían a los campos ubicados en la Colonia del Valle, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, al final las familias se regresaron a Tlapa y ya no intentaron volver a irse por el temor. Les quitaron todo y ya no pudieron hacer nada.

Armando Galeana dijo que después de tener conocimiento de los hechos, la Semai, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado (STPS) y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia) presentaron un protocolo de atención integral para dar acompañamiento a la población jornalera y se creó un consejo, pero al final no se logró nada.

La Policía Estatal dio acompañamiento de autobuses de Tlapa a Puebla.

Se tuvieron acuerdos con las secretarías de generar mecanismos y estrategias de acompañamiento, dotar a las familias de despensas, garantizar un lugar digno de comida y hospedaje en la casa del jornalero, sin embargo eso quedó en el aire porque nunca se llevó a cabo el convenio -aseguró.

Justo en la semana en la primera semana de febrero, cuando se realizó esta entrevista, la casa del jornalero de Tlapa o Unidad de Servicios Integrales se quedó sin alimentos, denunciaron integrantes del Consejo.

Las dependencias del gobierno, como la Sedepia, dejaron de repartir frijol, arroz, huevo, jitomate, chile, sal y aceite para garantizar mínimo una comida para la familia que migra.

La USI también está en ceros en el suministro del gas y en pago de luz eléctrica. La crisis empezó en enero.