CUERNAVACA, Mor (Proceso).– El sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios de Morelos atraviesa una fase crítica. De mantenerse las reglas actuales, el gasto pensionario causará un quiebre financiero que obligará al gobierno estatal y ayuntamientos a destinar cada vez más recursos al pago de jubilaciones en detrimento de la operación gubernamental y del personal en activo.

Así lo advierte el estudio “Cuenta regresiva: el riesgo financiero de las pensiones en Morelos”, elaborado por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, que analizó 195 pensiones con base en información oficial publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, así como datos obtenidos mediante solicitudes de información al Congreso del Estado y a la Secretaría de Administración del gobierno estatal.

El diagnóstico no se limita a alertar sobre un eventual colapso financiero. El estudio identifica fallas estructurales, asimetrías en el otorgamiento de jubilaciones, un crecimiento desproporcionado del gasto y esquemas que facilitan abusos dentro de un sistema que carece de controles técnicos y de reglas homogéneas para proteger tanto a los trabajadores como a las finanzas públicas.

Legislación frágil

El origen del problema, detecta el estudio, está en la propia ley. Morelos tiene una de las normativas de pensiones más frágiles del país. A diferencia de la mayoría de las entidades, este estado carece de un órgano técnico que evalúe y autorice las jubilaciones; esa facultad recae en la Comisión de Trabajo del Congreso y en los cabildos municipales, instancias de carácter político.

Además, Morelos es uno de los ocho estados que no fija una edad mínima de jubilación. La Ley del Servicio Civil permite el retiro sólo por años de servicio: 18 años para mujeres y 20 para hombres para obtener 50 % del salario, y entre 28 y 30 años para alcanzar 100 %; también estipula pensiones por cesantía desde los 55 años y por fallecimiento.

Ese diseño legal ha facilitado jubilaciones tempranas, pensiones elevadas y compromisos financieros de largo plazo sin planeación actuarial.

Gasto creciente y presión presupuestal

“El diseño legal del sistema de pensiones en Morelos ha colocado al esquema en alto riesgo financiero”, afirma Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. El estudio advierte que el impacto ya es visible en el presupuesto.

En 2024 el gobierno estatal destinó mil 607 millones de pesos a pensiones, frente a mil 694 millones para obra pública, apenas 5.4 % más. Entre 2020 y 2022, el gasto pensionario superó la inversión en obra pública, reflejando una reconfiguración forzada de prioridades por el crecimiento del padrón.

El análisis señala que el gasto en pensiones aumentó 18 % en 2023, 11 % en 2024 y 8 % anual en 2021 y 2022. A escala municipal, Cuernavaca devengó 325 millones de pesos en 2024, un 45 % más que el año previo; en el Congreso del Estado pasó de 115 a 137 millones en un año.

De continuar la tendencia, para 2027 el gasto en pensiones alcanzaría dos mil 83 millones de pesos, casi equivalente a los dos mil 188 millones proyectados para sueldos del personal en activo.

“El problema no es sólo cuánto se gasta, sino cómo y bajo qué reglas”, subraya Salinas.

Un sistema opaco

El estudio identifica indicios de corrupción derivados de vacíos legales, principalmente mediante la acreditación de años de servicio con constancias municipales sin verificación efectiva, lo que permite comprobar décadas de trabajo de forma irregular.

Los municipios con mayor recurrencia en la documentación analizada son Puente de Ixtla, Tepalcingo, Huitzilac, Jonacatepec, Axochiapan, Coatlán del Río y Cuautla.

Estas prácticas han permitido inflar años de servicio, autorizar incrementos salariales previos al retiro y acceder a pensiones superiores al salario en activo, sobre todo para personas cercanas al poder.

El estudio vincula estos casos con un contexto institucional: Morelos ocupa el sexto lugar nacional en percepción de corrupción, indica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI, y el sistema de pensiones es uno de los ámbitos donde estas prácticas persisten.

Omisiones institucionales

Para el abogado Juan Juárez Rivas, especialista en derecho laboral y administrativo, el problema radica en la falta de equilibrio entre la protección al trabajador y la sostenibilidad del sistema.

Advierte que la ausencia de un órgano técnico ha generado criterios dispares, expedientes deficientes y litigios prolongados que afectan a trabajadores y finanzas públicas. En muchos casos, añadió, los errores administrativos derivan en amparos y resoluciones judiciales que el Estado no cumple plenamente.

Desde una perspectiva institucional, Óscar Cano, exdirector del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, reconoce que el sistema arrastra vicios históricos.

“Durante años se tomaron decisiones sin visión de largo plazo. Las pensiones se autorizaron sin estudios actuariales ni previsión de su impacto presupuestal”, dice.

Cano expone que se detectaron desigualdades entre trabajadores con trayectorias similares y beneficios distintos, lo que generó descontento y percepción de injusticia.

Propuestas para corregir

Ante este escenario, el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, encabezado por Roberto Salinas, propone reformar la legislación local para crear un Instituto de Pensiones o asignar esta función al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, con un consejo técnico plural y facultades para autorizar jubilaciones, a fin de evitar el colapso financiero del sistema.

El estudio plantea fijar una edad mínima de 60 años para jubilaciones por años de servicio y cesantía, establecer un tope de 55 mil pesos mensuales (valores de 2025) y crear un fideicomiso de ahorro e inversión con aportaciones obligatorias de trabajadores y empleadores.

Para los cuerpos de seguridad propone elevar la pensión mínima de policías de 40 a 50 salarios mínimos como medida de justicia laboral e incentivo de incorporación.

En transparencia advierte la necesidad de publicar en datos abiertos las jubilaciones otorgadas y en trámite, transparentar carpetas de investigación, atender rezagos y dar seguimiento a nuevos casos para recuperar la confianza ciudadana.

Actualmente en Morelos una jubilación puede tardar hasta cinco años, lo que confirma la urgencia de crear un Instituto de Pensiones que ordene y dé certeza a los procesos.

El estudio concluye que, sin corregir el rumbo, el sistema seguirá absorbiendo recursos destinados a servicios, infraestructura y desarrollo profundizando desigualdades y comprometiendo la estabilidad financiera del Estado y los municipios.

La advertencia es clara, indica el documento, sin controles técnicos, reformas legales y transparencia, el costo de las omisiones seguirá creciendo, al igual que la espera de quienes tras décadas de servicio público aún no ven cumplida la ley de manera justa.

Una investigación sobre los casos documentados, el acceso a las “jubilaciones VIP” y los mecanismos que han permitido prácticas irregulares y posibles actos de corrupción se podrá consultar en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero.