CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia, líder de San Miguel Aquila, en Michoacán, sus familiares insisten en llamar a “rendición de cuentas” a la minera Ternium, empresa de capital italo-argentino con sede en Luxemburgo, señalada por incumplir compromisos contraídos con la comunidad indígena para operar en su territorio para la extraer hierro. 

Lo que podemos pedir nosotras, las familias, es al menos esa cooperación de Ternium, desde su responsabilidad social, en el proceso de búsqueda, y que genere una política de tolerancia cero frente a la violencia en los territorios donde opera”, advierte en entrevista Ana Lucía Lagunes Gasca, hermana del abogado. 

Tras reconocer que el territorio defendido por Ricardo y Antonio, desde hace años “está en guerra”, Ana Lucía advierte sobre la persistencia de obstáculos para esclarecer lo que ocurrió la tarde de 15 de enero de 2025 en los límites de Colima y Michoacán, donde fueron interceptados por hombres armados su hermano y el líder comunitario, y formar parte de las 47 mil 709 víctimas de desaparición registradas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

Ana Lucía lamenta que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR), institución que atrajo el caso, “lo ha dejado como desaparición por particulares y lo quiere dejar ahí”, cuando detrás habría una situación de mayor complejidad en la que podrían estar involucrados diversos actores, no sólo presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal al que se ha señalado como responsable y al que pertenecerían los tres detenidos acusados de haber participado en la sustracción de los defensores. 

“Nosotros estamos tratando de colocar el contexto complejo, de que son defensores de derechos humanos, defensores del territorio, justo para visibilizar estos distintos actores, tanto de la mina como del cártel y de las distintas personas del gobierno de distintos niveles, tanto municipales, como estatales y federales, seguramente también”, dice Ana Lucía. 

Ternium se instaló en 2007, tras comprar a la empresa Hojalata y Lámina (Hylsa) la concesión minera para la extracción de hierro en 73 hectáreas pertenecientes a Aquila, y explotar el desarrollo Las Encinas, conformado por las minas Aquila, Palomas y El Encino.  

Desde que ocurrió la desaparición de los defensores, los ojos de familiares y los comuneros de Aquila voltearon a ver a Ternium, empresa minera contra la que la que litigaron Ricardo y Antonio para obligarla a acatar los acuerdos de ocupación temporal firmados en 2012 y 2017, como obras sociales como hospital para la comunidad, puentes peatonales, reforestación de la zona, empleo a los comuneros y pago de regalías por la extracción de hierro, entre otros.  

Al destacar que la judicialización del caso tuvo retrasos importantes debido a la renovación del Poder Judicial el año pasado, Ana Lucía advierte que las personas detenidas “no son chivos expiatorios”, y que serían operadores del CJNG en la región, pero no serían los autores intelectuales de la desaparición de Ricardo y de Antonio. 

La entrevistada alerta que el caso fue incluido en el informe de “Desaparición forzada en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente”, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), presentado en septiembre pasado durante Sexagésimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

En el párrafo 50 del documento los nombres de los mexicanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.  Resaltan como casos emblemáticos en los que “empresas comerciales, con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado, habrían perpetrado desapariciones forzadas de personas defensoras” del territorio. 

En el informe se puntualiza que los defensores “han sido víctimas de desaparición forzada en relación con su legítima defensa contra actividades mineras, y las autoridades presuntamente han omitido investigar su activismo ambiental como motivo”. 

Para el GTDFI, la situación que se agrava si se considera que “la impunidad actual de las desapariciones forzadas en México, junto con la presunta participación del crimen organizado y el aumento de la violencia contra los defensores, es muy preocupante, así como la violencia contra los pueblos indígenas”. 

Por el caso de Ricardo y Antonio, el GTDFI giró una comunicación a la empresa Ternium, así como al Estado mexicano.  

Ante la complejidad para determinar el destino de los defensores, Ana Lucía resalta el impulso de la conformación del Mecanismo Internacional de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), creado el 10 de noviembre de 2023 con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

MIRHAR está compuesto por expertos del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México (ODIM), del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), así como la jurista María Eloísa Quintero y el consultor en análisis de contexto, Omar Villareal Salas. 

Tras recordar que los familiares y sus representantes tuvieron que litigar ante el Poder Judicial para que la FGR admitiera la participación de los integrantes de MIRHAR en la indagatorio, Ana Lucía resalta que gracias a ese instrumento han podido tener acceso al expediente. 

“El trabajo que se haga desde este mecanismo no sólo es para beneficiarnos a nosotros, porque todas las investigaciones que se logren, las búsquedas, las diferentes cosas que se generen desde este grupo, puede beneficiar a muchos otros. 

“Sabemos que somos miles de personas buscando a seres queridos, se trata de ir abriendo camino para otros también, porque dentro de nuestros expedientes, hay información de búsquedas que se hicieron, pero no se han terminado de analizar los hallazgos, nada más se dice que se encontraron no sé cuántas osamentas y no sé cuántas cosas, pero pues sin analizar de quiénes son, qué pasó”, advierte Ana Lucía. 

Como parte de las estrategias de búsqueda, en mayo de 2025, los familiares de los defensores, con el apoyo de la Fair Steel Coalition, la Global Rights Advocacy y la Seattle University International Human Rights Clinic, presentaron una carta en las oficinas de Ternium, en Luxemburgo, pidiendo su apoyo en la investigación de la desaparición de los defensores.  

“Solicitamos que Ternium establezca el diálogo con las familias, utilice su poder e influencia para buscar y encontrar a Ricardo de Antonio, a través de un mecanismo no judicial de reclamación para exigir la responsabilidad empresarial en un contexto que está muy complicado. 

“Nos dirigimos a ellos en un lenguaje que ellos manejan, que Ternium opera todo e acuerdo a la ley y que tiene una gran responsabilidad social, y seguimos esperando que haya alguna respuesta”, sostiene Ana Lucía Lagunes, quien este jueves 15 participa en una movilización en el Zócalo capitalino, a las 11:00 horas, para mantener viva la memoria de los defensores desaparecidos.