CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de inversionistas recurrió al arbitraje internacional bajo el T-MEC para que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pague su deuda, luego de considerar que el proceso judicial en México se condujo sin respetar el debido proceso. 

Se trata de las administradoras de fondos de inversión estadunidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que buscan recuperar 500 millones de dólares de parte de Salinas Pliego, esto en vísperas de la llegada de la nueva Corte tras la reforma judicial. 

Las firmas presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su réplica a la desestimación del proceso de arbitraje contra el Estado mexicano, el cual, afirman, fue “rechazado por motivos jurisdiccionales infundados”. 

De acuerdo con Katherine P. Padgett, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP en Washington, DC y asesora legal de los demandantes en este arbitraje de inversión, el monto sigue creciendo porque, “hasta hoy, TV Azteca permanece protegida de responsabilidad” gracias a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales. 

“Son inversionistas estadounidenses y sus inversiones están protegidas por las disposiciones del T-MEC (...) Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano y sus empresas de tener que pagar obligaciones legales de deuda, el mismo multimillonario mexicano cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagados al Estado mexicano”, agregó Padgett. 

Proceso legal 

En 2022, TV Azteca inició un proceso ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando que se declarara que la pandemia de Covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que le impedía cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas. 

El juez otorgó medidas cautelares sin conceder audiencia ni notificar a los acusados, ordenando la suspensión de pagos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, lo que privó a los inversionistas de la oportunidad de defenderse, pese a que las actividades del tribunal ya se habían reanudado por completo seis meses antes. 

Cuando los prestamistas pidieron levantar la medida cautelar, después de que la OMS y el presidente Andrés Manuel López Obrador declararon el fin de la emergencia de salud pública por Covid-19, el mismo tribunal negó la solicitud con el argumento de que “solo se declararon terminadas las acciones extraordinarias”, pero que aún existen casos del virus, “quedando así suspendidas las obligaciones de TV Azteca”. 

Además, el 9 de mayo de 2023, el juez concedió otra medida cautelar solicitada por la televisora, que le permitió abstenerse de reportar información financiera al público como empresa entonces cotizante en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Esta orden judicial le permitió blindar información sobre su desempeño financiero y “continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de COVID-19”, acusaron los fondos. 

“Convenientemente, esto también significa que no hay base para que los prestamistas digan que TV Azteca ciertamente puede pagar la deuda que ahora debe en su totalidad, así como las obligaciones fiscales impagas que también está desafiando”, añadieron. 

Posteriormente, el 30 de enero de 2024, un tribunal de apelaciones determinó que la medida cautelar debía mantenerse hasta que TV Azteca notificara a los 35 acusados. 

Como resultado, la firma que representa a los inversionistas afirmó que TV Azteca puede “continuar abusando de un proceso claramente defectuoso y la imposición de una medida cautelar para bloquear los esfuerzos de desestimación y evitar pagar su deuda”. 

“En resumen, México es responsable, bajo el derecho internacional, ante los inversionistas estadounidenses por el mal uso de su sistema judicial en contra de sus intereses y a favor de TV Azteca y del Sr. Ricardo Salinas. Sin embargo, México se ha negado repetidamente a comprometerse con los demandantes en lo que debería ser un objetivo común para detener este abuso ventajoso del poder judicial de México en beneficio de un particular”, señaló la firma. 

Panel T-MEC 

Los inversionistas explicaron que presentaron el caso arbitral contra el Estado mexicano y contra TV Azteca. 

Al gobierno mexicano lo consideran responsable en última instancia de cumplir con las obligaciones del T-MEC, entre ellas garantizar el respeto a la ley y el acceso a un juicio en igualdad de condiciones y sin irregularidades para los inversionistas. 

Estas acusaciones de los fondos de inversión coinciden con el inicio de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, mecanismo que funge como plataforma para que el sector privado de cada país exponga sus inconformidades con el tratado y con el clima judicial de competencia económica en Norteamérica.