MONTERREY (Proceso).– El valor para exigir una vida sin violencia le fue arrebatado a Rubí la noche del 8 de marzo de 2023. Junto con otras personas, fue detenida, golpeada e incomunicada por policías estatales. 

A más de dos años de los hechos, el gobierno de Samuel García, mediante la Secretaría de Seguridad, se ha negado a ofrecer una disculpa pública por las diversas violaciones a los derechos cometidas ese día por la corporación, ahora Fuerza Civil, pese a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos local y federal. 

“Sé que con el paso del tiempo voy a volver a tomar el valor, y la sensación de que se enfríen las cosas me ha permitido otra vez estar al frente. Pero justo estos dos últimos años no, o sea, es así completamente, completamente represión”, detalla Rubí Cruz.

Ese 8 de marzo, alrededor de las diez de la noche, las asistentes a la marcha en Monterrey ya se estaban retirando. Un grupo muy reducido de manifestantes feministas vestidas de negro y con el rostro cubierto rayaron paredes y quemaron algunas puertas del Palacio del Gobierno. Los policías de la Secretaría de Seguridad estatal llegaron en grupos grandes a hacer arrestos.

Rubí, quien es fotógrafa y pertenecía al grupo “Morras Feministas Monterrey”, estaba por irse junto con su mejor amiga; llevaba su equipo en la mochila a la espalda luego de documentar la marcha. Al caminar por la Explanada de los Héroes observó que un grupo de policías con cascos y escudos antimotines pretendían llevarse a una joven, se acercó para ayudarla, pero la detuvieron también a ella.

Me jalaron justo de la mochila -narra la joven, hoy de 29 años-. Me tiraron al suelo. Aproximadamente eran 10 policías contra mí. Una vez que me tiran al suelo me empiezan a jalar de la mochila. Me empiezan a arrastrar por el suelo y la verdad es que a partir de ese punto yo como que mentalmente me voy. O sea, pues nunca me había pasado algo así. Me quitan el celular de la mano, me quitan los tenis, mientras me empiezan a arrastrar porque se vinieron muchas manos alrededor de mí.

La arrastraron hasta las escalinatas localizadas en la entrada del recinto gubernamental; ahí la mantuvieron sometida aproximadamente diez minutos, con su mochila tapando su rosto; les gritaba que no podía respirar y les pidió que no la mataran.

“Yo en ese momento pensé que me iba a morir y una de las oficiales, no tengo su rostro, no tengo nada, pero me dijo: ‘Te voy a matar, culera’”, agrega.

Posteriormente la llevaron casi en vilo hasta la parte posterior del Palacio. A mitad de camino tropezó, pero los policías continuaron y la trasladaron a rastras, pasando incluso sobre vidrios.

Una vez dentro del Palacio la patearon e insultaron mientras yacía en el piso con las manos y pies asegurados sobre su dorso. Mientras era sometida por una mujer policía que le pisaba la espalda, Rubí logró observar que había más mujeres y hombres detenidos. A los minutos vio cómo traían también a su amiga, “y la ponen justo al lado de mí”.

Mensaje tras el abuso policial   

Medios de comunicación, redes sociales, videos y fotografías ya daban cuenta de lo que sucedía en la explanada: mujeres siendo perseguidas, detenidas por grupos de policías, siendo arrastradas de los cabellos, de los brazos; golpeadas y sometidas. 

Las autoridades informaron que esa noche fueron detenidas 13 mujeres y tres hombres, entre ellos, dos mujeres y un hombre menores de edad.

Fueron llevados al patio interno del Palacio donde un uniformado, a quien Rubí identifica como un jefe de los policías, felicitó a los elementos, quienes respondieron con aplausos. Posteriormente pusieron a los detenidos de rodillas y les asignaron un policía a cada una para custodiarlas.

“Estos policías nos tomaban fotos, se estaban riendo de nosotras, nos estaban diciendo que no podíamos voltear hacia arriba, entonces siempre tuvimos que tener la mirada hacia el piso”.

Mientras eso sucedía, a las 23:16 horas el gobernador Samuel García publicó en su cuenta de X: “Ante lo ocurrido, tendremos que tomar cartas en el asunto para que en las manifestaciones, respetando su causa, su derecho a manifestarse, también salvaguardar la vida de miles de mujeres y evitar que un puñado de personas las vuelva a poner en riesgo”.

Y agregó: “En este gobierno no somos sus enemigos, somos sus aliados, aquí no tienen que romper ni quemar las puertas porque las puertas están abiertas para ustedes”.

Después de ser sometidas en el interior de la sede del Ejecutivo, las detenidas fueron remitidas a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), a bordo de patrullas estatales, eso, sin haberles leído sus derechos o haberles informado el motivo de su arresto.

La joven afirma que no fueron ingresadas de inmediato a la agencia investigadora, sino que las dejaron alrededor de ocho horas dentro de las patrullas. Les dieron agua, pero seguían maniatadas con cinchos, cintas de sus tenis o con sus propias pañoletas de protesta. Fueron llevadas al Hospital Universitario para practicarles una revisión médica y regresaron al mismo punto.

Cuando por fin fueron recibidos por la AEI, no pudieron llamar a sus familias, a quienes en la recepción del lugar les negaban que estuvieran ahí y los mandaban a buscarlas a una estación policiaca localizada en Monterrey, conocida como “La Alamey”.

“Pero como yo estaba compartiendo mi ubicación con mis familiares, ellos decían: ‘pero es que aquí me parece que están aquí’. Y así a los familiares les estuvieron dando diferentes ubicaciones y no les decían que estábamos ahí”, explica.

Al amanecer fueron trasladadas a una sala de espera y horas después les proporcionaron alimentos. Posteriormente llegó el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a entrevistarlas.

Ese 9 de marzo el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Palacios Pámanes, declaró al medio local AbcNoticias que la autoridad actuó cuando concluyó la marcha feminista porque algunos asistentes atacaron el Palacio y a elementos de policía, y que 15 mujeres policías resultaron lesionadas.

Terminó el evento de manifestación pública, pacífica y respetuosa -declaró entonces Palacios Pámanes- y, por lo tanto, terminó la aplicación del protocolo, y el evento dos, fue una serie de actos delictivos que tienen que ver con delitos cometidos contra servidores públicos, daño en propiedad ajena y lesiones contra personal femenil de Fuerza Civil que implicó nada más y nada menos que la aplicación de la ley.

Después de 18 horas les permitieron hacer una llamada a cada una de las personas detenidas y más de un día después pudieron ver a sus familiares. Hasta el segundo día de su detención fueron liberadas, para ser citadas al día siguiente en los juzgados, donde les retiraron sus celulares, con el argumento de que serían analizados como parte de la investigación.

“Nuestros celulares estuvieron retenidos un mes y medio. A una de las detenidas se lo robaron, o sea, nunca se lo regresaron. A mí, afortunadamente, sí me regresaron mi cámara con mis memorias y todo”. 

Rubí recuerda que al lugar de su detención arribó una abogada que les dijo que los acusarían de daños al patrimonio. Al final las acusaciones no procedieron porque las autoridades no demostraron que hubieran estado involucradas.

Recomendación rechazada

Las secuelas físicas, psicológicas, personales y económicas son cuantiosas para Rubí y las demás detenidas. “Hubo compañeras que recibieron rechazo de sus familiares, la compañera a la que le robaron su celular; hubo compañeras que terminaron con lesiones más graves, yo afortunadamente no, fueron como lesiones superficiales, pero hubo quienes tuvieron esguinces en el cuello. Una compañera que terminó toda mordida del cuerpo, o sea, los oficiales la mordieron”.

La ayuda legal y psicológica les fueron proporcionadas por la organización Alternativas Pacíficas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León (CEDHNL), instancia ante la que 11 víctimas mayores de edad, dos personas con discapacidad y dos adolescentes interpusieron una queja.

La investigación desarrollada por el organismo local derivó en la Recomendación 4/2023, publicada el 9 de mayo de 2023 y dirigida a la Institución Policial Estatal Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad del Estado.

Los derechos vulnerados, de acuerdo con esta recomendación, fueron: a la libertad de reunión, a la integridad personal mediante el uso excesivo de la fuerza, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma de violencia y a que su interés superior sea una consideración primordial y al derecho a la protección de las personas con discapacidad.

Se dictaron 14 puntos a atender para la dependencia de seguridad, entre ellos, que en un término no mayor a 15 días naturales se ofreciera una disculpa pública de parte de servidores públicos de mayor jerarquía en un acto protocolario, en el que además debían asumir el compromiso de que los hechos violatorios de derechos humanos cometidos no se repetirían e implementarían medidas para garantizar la no repetición.

En entrevista con Proceso, la presidenta de la CEDHNL, Olga Susana Méndez Arellano, explica que la Secretaría de Seguridad aceptó 13 de los 14 puntos, rechazando lo relativo al ofrecimiento de la disculpa pública a las víctimas. Sin embargo, dijo que las recomendaciones se deben aceptar de manera completa.

“Entonces, al no aceptar la recomendación, esta serie de medidas no se cumplen. O sea, no se da, no se dan garantías para que esto no se repita, no se dan garantías de satisfacción. No se da apoyo psicológico a las víctimas”, expone Méndez Arellano.

Algunas de las víctimas interpusieron un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano que el 18 de julio de 2025 emitió la Recomendación 109-2025 en la cual señala la legalidad de la actuación de la CEDHNL y que la primera recomendación estuvo apegada a lo que establece la ley y normatividad aplicable.

Después del rechazo de la recomendación del órgano local, la mayoría de las víctimas prefirieron abandonar el tema. 

“Yo ya no quería tener miedo de salir o de que me vieran, que me fueran a buscar y hacer algo así, meternos más en el tema porque sentíamos que teníamos como todas las de perder, entonces dejamos ahí morir el tema”, detalla la joven.

El anhelo de Rubí se reanimó cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que determinó cuatro puntos dirigidos a la policía estatal neolonesa, entre ellos, pronunciar la aceptación en todos sus términos a la Recomendación 4/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la recepción de dicho documento.

Se pidió además que en un plazo de dos meses se instruyera al personal de la Secretaría a cumplir con la recomendación del organismo local, dar seguimiento y para ello designar a una persona de la dependencia como enlace con el órgano nacional.

Doble negativa 

La dependencia Fuerza Civil, que desde julio de 2024 asumió las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, está a cargo de Gerardo Guadalupe Escamilla Vargas. Se solicitó entrevista con el funcionario, pero mediante su titular de Comunicación reiteró la negativa para el cumplimiento de las recomendaciones.

“Está previsto en la Ley que las instituciones no acepten total o parcialmente una recomendación, justificando sus razones. En este caso, Fuerza Civil atendió una situación de violencia derivada de una manifestación, detuvo a las personas en aplicación del Estado de derecho, y las puso a disposición de las autoridades correspondientes, cumpliendo en todo momento con los parámetros de derechos humanos. 

“En tal sentido, se aceptó a la CEDHNL participar en todas las acciones preventivas que recomienda, pero no se acepta el realizar una disculpa pública al haberse demostrado que las y los policías actuaron de manera correcta”, fue la respuesta de la dependencia.

La presidenta de la CEDHNL dice que “no acreditó la Secretaría ninguna actuación que fuera apegada a derecho” y subraya que la propia recomendación nacional advierte que la negativa pondría cada año en riesgo a las mujeres que salen a exigir un alto a la violencia. 

“Cada 8 de marzo, cada reunión feminista, pues se va a tener que estar atento, más atento. La Comisión va a seguir documentando este tipo de actos porque esa es nuestra obligación constitucional”, advierte.

La CNDH indica en su documento que en caso de que persista la negativa de aceptar la Recomendación 4/2023 por parte de esa Secretaría de Seguridad, la Comisión Estatal requerirá al titular de esa dependencia para que funde, motive y haga pública su negativa de aceptación y solicitará al Congreso local que lo llame a comparecer.

Rubí lamenta que algunas de sus compañeras decidieron ya no volver a marchar. También respeta su decisión. Las secuelas de ese día aún viven en ellas. Conserva la esperanza de que la policía de Nuevo León cumpla con lo solicitado por los organismos de derechos humanos.

La joven fotógrafa ahora forma parte de la colectiva Iris Feminista, en la que documenta todos los eventos con su cámara, para así guardar la huella de la lucha contra la violencia hacia la mujer.