CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Arturo Cervantes Arroniz, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF), achacó el retraso en la entrega de los cuerpos de personas fallecidas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). 

El funcionario reconoció que hay personas que negocian con las funerarias para agilizar los trámites a cambio de cobros indebidos, pero llamó enfáticamente al personal del Instituto a no aceptar formar parte de este tipo de conductas. 

“Se ha detectado que las funerarias hacen cobros a los deudos por supuestamente agilizar necropsias, la entrega de certificados de defunción o por, incluso, la práctica de exámenes de laboratorio; en ese sentido, insistió en que el servicio de necropsia no genera ningún gasto para los ciudadanos”, informó el ISPyCF mediante un comunicado. 

El director del ISPyCF, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), afirmó que el 60% de los casos en que se ha retrasado la entrega de los cuerpos a los deudos se debe a errores de escritura y en la documentación que les envía el ministerio público. 

“Actualmente hay diversos factores que pueden derivar en el retraso en la entrega de cadáveres a sus deudos, que son ajenos a la institución, y explicó que la única autoridad competente para autorizar la entrega de un cadáver es la ministerial, no el personal del ISPyCF.  

“Entre los factores ajenos al ISPyCF que pueden retrasar la entrega de un cadáver está el hecho de que aproximadamente en 60 por ciento de los casos se presentan errores de escritura en la documentación que se le remite al ISPyCF por parte de la autoridad ministerial y que se debe de corregir, a fin de evitar posteriores problemas legales a los deudos”, añadió. 

El ISPyCF es la institución encargada del Registro de Personas Fallecidas y el Protocolo de Necropsia Homologado, mecanismos que coadyuvan a la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas, presentada por las autoridades para el periodo 2025-2030. 

En julio pasado, peritos y médicos se unieron al paro de labores del Poder Judicial de la capital del país, acompañados por madres buscadoras.  

En aquel momento, el personal forense pedía aumentos salariales, condiciones laborales dignas, el cese del hostigamiento laboral y tráfico de influencias en la institución, y personal suficiente para realizar el servicio de forma eficaz. 

Después de estas manifestaciones, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México removió de su cargo a la doctora Patricia Crespo, el pasado 4 de julio. La funcionaria fue denunciada por los trabajadores en paro de propiciar el ambiente de acoso laboral y propiciar el nepotismo en cargos claves de la institución. Arturo Cervantes Arroniz fue su reemplazo.