SALTILLO, Coah. (apro).- La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila interpuso un amparo contra el conjunto de reformas que se conocen como “Ley Espía” y pidió a la población adherirse a este recurso judicial. 

Elisa Maldonado, líder estatal panista, acudió con varios de sus militantes a la sede del Poder Judicial en la ciudad de Saltillo a entregar la documentación; ahí dijo que la realidad es que el gobierno federal espía cada vez más. 

“Lo que quieren es que el gobierno federal tenga conocimiento de los movimientos de cada ciudadano a través de su celular y lo más importante es el tema de la CURP con datos biométricos. Es lo que no queremos que se permita porque es una intromisión, porque el Estado se ha vuelto como el gendarme y el ciudadano se ha vuelto la presa”, señaló. 

A estas intromisiones, la dirigente albiazul dijo que se suma el hecho de que ya no se pueden interponer quejas sobre estas arbitrariedades porque sancionan al ciudadano o a los medios de comunicación. 

"Entre las cosas malas que trae esta ley es que se hace sin decirle al ciudadano, sin tener una orden judicial. Viola todos los derechos humanos, los datos personales, la privacidad del ciudadano y la excusa que ponen es que van a atrapar narcotraficantes y gente vinculada con el crimen organizado, pero la verdad es que ni los atrapan porque sus funcionarios son los que están involucrados con el crimen y Estados Unidos es quien tiene que señalar qué funcionarios tienen trato con el crimen organizado”, afirmó. 

Por su parte, el diputado local Gerardo Aguado señaló que el formato del amparo será público para que cualquier ciudadano lo pueda descargar, sólo tiene que cambiarle el nombre y llevarlo al juzgado federal. 

“Cuando el amparo es colectivo es muy probable que, además de la suspensión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de esta reforma”, explicó. 

Para el legislador, la aprobación del paquete de reformas es un retroceso y resulta inaceptable en una democracia moderna que se vulneren las libertades. 

De acuerdo con los panistas, la “Ley Espía” obliga a los concesionarios y operadores de telefonía a entregar en tiempo real la geolocalización, las llamadas entrantes y salientes, así como el domicilio de los usuarios y tendrán que generar un registro de los clientes, y si éstos no acceden se procederá a la cancelación de su línea. 

También el gobierno federal tendrá acceso a todos los datos personales sin necesidad de la autorización del titular y sin control judicial, mientras que la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional tienen facultades para realizar labores de inteligencia y obtener información que compartirán con el Centro Nacional de Inteligencia.