CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dan Cerezo tiene 24 años y es tesista en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un chico trans, de un metro con 60 centímetros de estatura y recientemente había comenzado su proceso de transición.

Él acudió a Clínica Condesa en febrero último para solicitar una vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) debido a que se encontró con letreros que anunciaban su aplicación en las instalaciones. No obstante, al ingresar al lugar el personal de salud enfatizó que él no podía recibir la dosis debido a que sólo era aplicada a mujeres trans con VIH.

Ante la negativa, Cerezo recurrió a una clínica privada para aplicarse las dosis correspondientes, cada una con un costo de 1,800 pesos. En redes sociales encontró muchas de ofertas, con múltiples paquetes de las dosis de salud dependiendo de la cepa del virus contrarrestada.

“Estuve checando opciones y ésa era la más barata”, señaló Cerezo.

Cabe señalar que el VPH tiene más de 200 cepas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esta enfermedad es la más común de las contagiadas por transmisión sexual.

En total fueron tres dosis las solicitadas por Dan Cerezo, que no pudo encontrar en el sistema de salud público.

Un cambio en los lineamientos de vacunación

De acuerdo con los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal (PVU) de 2025, publicados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, la vacuna del VPH está contemplada en el esquema de niños y adolescentes de 10 a 19 años, y adultos a partir de los 20 años de edad. La diferencia fundamental es que este año se contempla también a los niños, no sólo a las niñas.

“A partir de la campaña de vacunación contra el VPH en 2025 (ciclo escolar 2025- 2026) se incorpora como población objetivo a los niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados a la vacunación contra el VPH, derivado del análisis técnico. Por lo que su aplicación deberá realizarse a partir de los lineamientos técnicos de la campaña que emita la Secretaría de Salud”, señala el documento.

La población objetivo para este biológico es las personas de 11 a 49 años que viven con VIH (cisgénero o transgénero), niñas y adolescentes de 9 a 19 años que estén siendo atendidas dentro del protocolo de violación sexual, niños y niñas de 5o de primaria, y niños y niñas no escolarizados con 11 años de edad.

Las personas fuera de este grupo poblacional no podrán obtener el biológico en el sector público y tendrán que buscar alternativas en el sector privado.

La lucha por una vacuna en el sector salud

Alfredo Ramírez es coordinador estatal en Nayarit de Casa de las Muñecas Tiresias, AC, una organización civil que vigila los derechos humanos de la población trans en México. Habla con cifras en mano, actualizadas por la asociación civil de la que forma parte.

En palabras de Ramírez, los nuevos lineamientos del sector público atentan contra el derecho humano a la salud, garantizado en la Constitución.

Por ello, Ramírez, integrantes de la organización civil La Casa de las Muñecas Tiresias y un equipo legal adjunto, tramitaron un juicio de amparo en el estado de Nayarit con el objetivo de garantizar la inclusión de las poblaciones LGBTQ+ en el esquema de vacunación federal.

“Decidimos meterlo con todo lo que representa Casa de las Muñecas, es decir, este amparo viene desde la sede del estado de Nayarit, pero respaldado a nivel nacional con Casa de las Muñecas, con el nombre también y la representatividad de Kenia Cuevas, nuestra líder”, señaló Jesús en entrevista con Proceso.

La iniciativa del amparo nació tras el intento de Ramírez por implementar una jornada de vacunación para 200 personas de la comunidad LGBTQ+ en su estado, que fue negada por las autoridades de salud.

“‘No les negamos la vacuna, pero la vacuna va para a este tipo de población, de acuerdo a los lineamientos’, nos dijeron. Nosotros le pedíamos y le exigíamos a la Secretaría de Salud crear rutas de acción. Está bien, no nos puedes otorgar 200 vacunas, pero cubre esta exigencia de la población”, declaró Ramírez al recordar las gestiones fallidas con el órgano estatal.

El amparo tramitado tiene por actos reclamados la omisión de incluir a poblaciones LGBTQ+ en los lineamientos generales del programa de vacunación universal, la negativa a coordinar esfuerzos institucionales con organizaciones civiles para garantizar el acceso a la salud sexual y la omisión de atender solicitud formal de vacunas de VPH para grupos prioritarios de la comunidad LGBTQ+.

Las autoridades a las que va dirigido este reclamo son la Secretaría de Salud federal, la Subsecretaría de Prevención y Promoción en Salud, la Secretaría de Salud estatal de Nayarit y la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El coordinador estatal de la asociación civil enfatizó que en Nayarit también existen clínicas privadas que ofrecen los servicios de vacunación contra el VPH, pero tienen un costo promedio de 3 mil pesos por dosis. Un paciente necesita de tres dosis, por lo que el costo de vacunación por persona ascendería a 9 mil pesos.

No obstante, las exigencias no sólo involucran al estado de Nayarit, el activista mencionó también que han estado realizando gestiones para apoyar a población de la diversidad en otros estados del país, entendiendo los múltiples contextos.

“Los estados que tenemos son Ciudad de México, donde estamos exigiendo 500 dosis; en Nayarit 300 dosis, Chihuahua 300 dosis, San Luis Potosí 300 dosis, Guanajuato 300, Jalisco 300, Puebla 300, Oaxaca 200. Esto es de acuerdo a una estrategia que queremos implementar en Casa de las Muñecas para lograr una cobertura mínima a nivel federal donde podamos aplicar y beneficiar a las poblaciones LGBT+”, señaló Ramírez.

Según el testimonio de Ramírez, la estrategia de activismo ha cambiado con distintas organizaciones, pues ya no sólo exigen por las vías de la manifestación, también han planeado una serie de litigios coordinados para garantizar el derecho a la salud de estas poblaciones, en compañía de otras organizaciones civiles como VIHVE Libre y la Casa Hogar Paola Buenrostro.

“En el tema de vacunación nunca se ha contemplado a organizaciones, por ejemplo, que tengan incidencia con personas que viven con VIH, con personas de la población trans o simplemente organizaciones LGBT+. De manera estructural en el tema de salud vemos que aplican el tema normativo, un tema clínico muy cuadrado, de acuerdo con lo que a ellos le conviene”, sentenció el activista.

La otra cara de la moneda

Christian Lara Pacheco es el director de Chixs Salud para Todxs, agrupación civil que ha gestionado la aplicación de la vacuna de VPH por algunos estados de México.

Dicho colectivo nació en 2023, en la ciudad de Guadalajara, con la administración de biológicos de hepatitis B y tétanos, incluso en jornadas de detección de VIH en centros penitenciarios. Sin embargo, desde 2024 ha gestionado las dosis de VPH con gobiernos locales y buscado alianzas políticas para la entrega de vacunas para su organización civil.

En la red social Instagram, Chixs Salud para Todxs presume la aplicación de vacunas de VPH en Ciudad de México, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic, Guanajuato, Monterrey y Zapopan, entre otros municipios. Las jornadas contemplan aplicaciones que van desde mil a 3 mil dosis.

Actualmente señalan en su página de GoFoundme que llevan 60 mil vacunas aplicadas en su historia. Decenas de comentarios de internautas por Instagram preguntan por las próximas jornadas de vacunación y enfatizan que quieren una en su ciudad de procedencia.

“Es mucho más barato pagar una vacuna de VPH que un tratamiento de cáncer cervicouterino”, precisó el activista en entrevista con Proceso.

Por ello, Lara Pacheco presentó en el Senado de la República, junto con la doctora Eva Ramón Gallegos, investigadora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y el senador Luis Donaldo Colosio, una proposición para exhortar a la Secretaría de Salud a incorporar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el Esquema Nacional de Vacunación para garantizar su aplicación universal y gratuita a hombres y mujeres de todas las edades. Dicha presentación ocurrió en marzo pasado.

Christian Lara Pacheco señaló que ha trabajado junto con la asociación civil dirigida por Kenya Cuevas, en búsqueda de una mayor coordinación entre ONG. No obstante, él no comparte la manera de gestión de los biológicos mediante los juzgados.

“Pelearte con la autoridad te lleva a cerrarte las puertas, y esa pelea puede cerrar las puertas a otras organizaciones civiles como nosotros (...) y quien sale perdiendo es la ciudadanía”, enfatizó el activista.

Con voz derrotada, aclaró que tiene miedo de que esta clase de pleitos legales le cierren la puerta a otras organizaciones civiles que buscan colaborar con las entidades públicas de salud.

“No hagas de esta colaboración una pesadilla, porque va a cerrar las puertas a mucha gente este golpeteo político”, sentenció.