GUANAJUATO/QUERÉTARO (Proceso/Poplab).– El gobierno estatal de Querétaro abrió la puerta a la empresa Seguritech mediante un contrato por casi cuatro mil millones de pesos que abarca casi todo el periodo de la actual administración, de 2022 hasta 2027, adjudicado sin licitación y cuyos detalles fueron clasificados como reservados. 

El proceso sigue las formas con las que ha operado la empresa en otros estados, como es el caso de Guanajuato, donde el portal digital Poplab.mx reveló un conflicto de interés del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, ya conocido como el escándalo de la “Casa Azul”, por establecerse con su familia en una residencia en Houston vinculada a Daniel Esquenazi, promotor de esta empresa que también recibió contratos en su sexenio, los cuales permanecen ocultos.

“Anuncio hoy una inversión de más de cuatro mil millones de pesos, esto en mejor infraestructura, tecnología, equipamiento y desarrollo de nuevas capacidades de nuestra fuerza policial para el modelo de seguridad de los queretanos, debemos actuar con prontitud, preparándonos con mejores instalaciones estratégicas, la mejor tecnología en seguridad y fortalecer nuestros operadores”, expresó el gobernador Mauricio Kuri el 24 de enero de 2022.

Uno de los conceptos del modelo de seguridad en Querétaro, con el fin de prevenir el delito, tenía que ver con la inversión masiva en tecnologías: “Drones, videovigilancias, arcos de seguridad, lectores remotos de placas, bancos de datos, modernización de los centros de reacción y de operación”.

El contrato, obtenido por Poplab y Proceso, fue concretado mediante Seguritech Privada, SA, una de las varias razones sociales con las cuales las empresas que encabeza Ariel Picker Schatz han expandido servicios en todo el país y en el extranjero.

El trato estaba amarrado por lo menos desde fines de 2021, pues aunque fue firmado a principios de 2022 ya había sido previsto para ese año el recurso para los primeros pagos en el presupuesto de egresos del estado.

El 4 de febrero fue firmado el contrato de prestación de servicios integrales a largo plazo celebrado por el gobierno del estado con Seguritech Privada, SA, OM/DA/RE/030/2022, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2027. El monto total es de tres mil 919 millones 71 mil 598 pesos.

Pero antes, el 17 de enero, el director de Servicios Administrativos del estado, Enrique Gutiérrez Rodríguez, solicitó autorización al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Ejecutivo para efectuar una adjudicación directa por excepción. En la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Ejecutivo, celebrada cuatro días después, la solicitud se consideró procedente y se aprobó. 

El gobierno de Querétaro abrió la puerta a Seguritech exactamente 10 años después de que lo hiciera el estado vecino, Guanajuato, también gobernado por Acción Nacional, en ese entonces con el actual senador Miguel Márquez Márquez al frente. Márquez anunció el “Programa Escudo” y adjudicó de manera directa un contrato con Seguritech por dos mil 800 millones de pesos.  

Antes de ese periodo, Guanajuato presumía mantenerse entre las entidades con paz y bajos índices delictivos.

Aunque Márquez aseguró que se trataba de la mejor tecnología para blindar al estado de la incursión y acciones del crimen organizado, eso no pasó y en 2018, cuando terminó su sexenio, dejó la entidad en el primer lugar de asesinatos en el país y con un grupo delincuencial surgido en las entrañas de la región Laja-Bajío, colindante precisamente con Querétaro, el cártel Santa Rosa de Lima.

Para 2022, ya con Diego Sinhue Rodríguez como gobernador, Guanajuato estaba viviendo una espiral de delitos de alto impacto y de delincuencia común a la que no hizo mella alguna el “blindaje” que tanto Márquez como Diego Sinhue aseguraban que ofreció Seguritech, a la que este último asignó nuevas contrataciones, lo mismo que la actual gobernadora también del PAN, Libia Dennise García, como ha documentado Poplab. 

Detalles de un acuerdo

Se preguntó al gobierno del estado vía el área de Comunicación Social sobre la estrategia o programa de seguridad, así como si se efectuó un contrato con Seguritech dentro de dicho programa, el monto y detalles de éste.

La respuesta fue que las líneas del programa están contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado, que se puede consultar en la página del Consejo Estatal de Seguridad (www.cesq.gob.mx), en el que se establece como uno de los retos “el blindaje con la mejora de los sistemas tecnológicos en materia de seguridad”.

“El programa no se conformó ni se realizó con ninguna empresa; fue resultado de un plan de trabajo construido con la ciudadanía en mesas de diálogo”, indicó el área de Comunicación Social, que dijo no tener información sobre “montos y detalles con empresas”. 

Pero, según el documento del que se tiene copia, el contrato con Seguritech contiene un acuerdo plurianual de pagos para efectuarse entre 2022 y 2027, para que sumen en total los tres mil 919 millones 71 mil 598 pesos (ya con IVA incluido). Ya para el ejercicio fiscal se contemplaron pagos a mes vencido en marzo, junio, septiembre y noviembre por casi 150 millones. 

El acuerdo fue firmado por Edith Luque Hernández, directora de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo; Miguel Ángel Contreras Álvarez, secretario de Seguridad Ciudadana del estado; Enrique Gutiérrez Rodríguez, director de Servicios Administrativos del gobierno; Óscar Agustín Gutiérrez Olvera, subsecretario de Proyectos y Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y por Seguritech el representante legal Emmanuel Antonio Cárdenas Rojas. 

Para los ejercicios fiscales de 2023 a 2026 los recursos deberían ser solicitados por la Secretaría de Seguridad a la de Finanzas, para incluirlos dentro del presupuesto de dicha dependencia y así contemplados en el Presupuesto de egresos del estado.

Ese año 2022 el presupuesto estatal fue de 45 mil 898 millones de pesos, de los cuales a la Fiscalía General del estado se asignaron mil 159 millones y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerca de 830 millones de pesos.

Fue al año siguiente, en el presupuesto para 2023, cuando se incluyó en un apartado de “compromisos plurianuales” del presupuesto aprobado por el Congreso el rubro “Paz y Respeto a la Ley”, con un monto de mil 29 millones 162 mil pesos, sin más detalles sobre el mismo. 

Mientras que el presupuesto para la Secretaría de Seguridad fue de 849 millones 698 pesos.

En septiembre de ese año, por cierto, el gobierno de Kuri contrató una línea de crédito por tres mil 300 millones de pesos “con destino específico a inversión pública y movilidad”.

Fue hasta el presupuesto de 2024 que en el renglón de compromisos plurianuales se precisó por primera vez la asignación de 873 millones 710 mil pesos “correspondientes al Servicio Integral de Tecnologías e Infraestructura en materia de Seguridad para el Poder Ejecutivo”.

Casi lo mismo se etiquetó en el presupuesto para 2025, en el eje de gobierno, Paz y respeto a la ley, para “capacidades institucionales, operación y modernización de la seguridad”. Y se estableció como objetivos los siguientes: 

• Posición del estado de Querétaro entre las entidades federativas con mayor percepción de seguridad en el país. 
• Contribuir a preservar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana con la participación activa de la comunidad y sus integrantes y brindando servicios profesionales con enfoques preventivo, de proximidad, respeto a los Derechos Humanos y Participación Comunitaria. 

Aunque es un equipo de alta tecnología para seguridad, uno de los puntos del contrato con Seguritech establece que el proveedor no será responsable “por causas generadas por terceros, violencia, intimidación, amenazas, vandalismo, terrorismo y/o cualquier tipo de accidentes o siniestros a los equipos o servicios (sic)”. 

Pero el anexo único del contrato fue clasificado como reservado por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo unos días después de la firma, el 10 de febrero, debido a que, se argumenta, “contiene datos técnicos y precisos sobre infraestructura, servicios tecnológicos y servicios administrativos encaminados a lograr la salvaguarda de la seguridad pública en el estado de Querétaro”.

Con la firma del contrato, el gobierno estatal puso en posesión para el desarrollo y prestación del programa “Servicio Integral” una superficie de 14 mil 332 metros cuadrados dentro del inmueble en Avenida 5 de Febrero número 35 Norte, colonia San Antonio de la Punta. 

A mediados de 2022 comenzó la construcción de un enorme complejo al que se denominó “Rhino”, y que fue anunciado como “el más importante de América Latina”, en su apertura dos años después, en 2024.

Ahí tiene su sede el Centro de Mando Operativo de la Policía Estatal (POES), cuyo costo se calculó en 250 millones de pesos. Datos del gobierno queretano refieren que el POES incluye el mayor campo de tiro real en Latinoamérica y un campo de tiro virtual con Inteligencia Artificial, en 10 mil metros cuadrados.

También cuenta con 18 hangares para drones, 123 vehículos con equipo de videovigilancia y punto de monitoreo para las tres mil cámaras que se instalaron como parte del contrato.

La empresa Seguritech Privada aparece como proveedora de otras instituciones en Querétaro, como el Centro de Información y Análisis para la Seguridad, el Fideicomiso Promotor de Proyectos Económicos y de Bienestar Social, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (Icateq), la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro, sin que se precise qué servicios le han sido contratados.

Una ficha informativa proporcionada por la empresa indica que el contrato con Seguritech no fue firmado “en secreto”, y que se cumplió con no revelar los términos, alcances y particularidades del mismo porque se trata de información reservada, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, que estipula que es el caso de aquella que pueda comprometer la seguridad pública, “supuesto en el que encuadra, evidentemente, todas aquellas condiciones contractuales pactadas para integrar una red de soluciones tecnológicas y de infraestructura en el estado integrantes de la red de seguridad”. 

La empresa también señaló que no existe ilegalidad en que el contrato se haya asignado mediante adjudicación directa, pues lo permite la Ley de Adquisiciones “cuando en un procedimiento de licitación pública se ponga en riesgo la seguridad del Estado”.

Y agrega que “el proceso para asignar el contrato se realizó con total apego a la Ley de Transparencia, donde Seguritech presentó las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento”, aunque no detalla qué otras ofertas se revisaron y qué condiciones presentaron. 

También afirma que la empresa tiene 30 años de trayectoria y 52 proyectos activos en 26 estados del país, incluyendo a Querétaro, y que además de contar con certificaciones internacionales de calidad, su modelo de servicio permite la integración total de sistemas de videovigilancia, drones, analítica avanzada, ciberseguridad, inteligencia artificial y centros de mando.

La información entregada por la empresa a Proceso, señala que algunos resultados obtenidos con la actual estrategia de seguridad en Querétaro son la disminución de robos en un 10 % de enero a junio de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que “refleja el impacto de las acciones implementadas”.

Sólo proporcionó resultados del primer semestre de 2025, como la detención de mil 995 personas por delitos del fuero común y federal, la recuperación de 516 vehículos robados, la incautación de 105 armas de fuego y el decomiso de más de 300 dosis de drogas ilegales, entre algunos rubros.

En cuanto a la percepción de seguridad, dijo que la proporción de personas que se sienten seguras “subió de 33.9 % en diciembre de 2024 a 60.2 % en marzo de 2025, un aumento de 26.3 puntos porcentuales, el mayor de todo el país”.