CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) enfatizó la importancia de concretar la eliminación del delito de aborto en la legislación local. 

A través de un comunicado, el organismo recordó que este año se cumplen 18 años de la despenalización del aborto en la CDMX, en la que se estableció la obligación de contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación. 

Reprochó que, pese a los avances a nivel local y los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por despenalizar el aborto, ello no es una realidad en el Código Penal Federal. 

“A pesar de tales avances, al día de hoy, la despenalización del aborto voluntario en el Código Penal Federal no es una realidad y el derecho a la autonomía sexual y reproductiva de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar sigue siendo una deuda en 9 entidades federativas pues, recientemente, Yucatán se sumó a la lista de la Marea Verde”, señaló la Comisión.  

“Esto provoca desigualdad geográfica en el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, pues solo 23 estados de la República permiten la ILE y no en todos es bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, en Aguascalientes hubo un retroceso cuando su Congreso aprobó una reforma en 2024 que redujo el plazo de interrupción a 6 semanas”. 

Detalló que, de abril de 2007 a junio de 2024 se han llevado a cabo 277 mil 268 ILEs en el sector público de la CDMX, de las cuales el 68% de las personas gestantes eran habitantes de la capital, 28% del Estado de México y sólo el 4% eran de otras entidades federativas. 

Precisó que el 50% de las personas gestantes tenían entre 18 y 29 años; el 54% eran solteras; el 29% en una relación de concubinato y el 12% casadas; el 80% de todas ellas han podido interrumpir el embarazo sólo con medicamentos.   

Sin embargo, indicó que en la capital del país hubo un incremento de carpetas de investigación por el delito de aborto, aunque todavía se desconoce cuántas de esas carpetas fueron abiertas contra personas que han practicado un aborto sin la voluntad de la mujer. 

“De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se sabe que en 2015 se iniciaron 131 carpetas de investigación en agencias del Ministerio Público, que en 2022 el número ascendió a 192, y que para 2023 se abrieron 181 carpetas, mientras que durante 2024 fueron 187. A febrero de 2025, se reportan 44 carpetas iniciadas, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2024. En total, de 2015 a febrero de 2025, se han contabilizado mil 357 carpetas de investigación por este delito”, refirió. 

“Estos datos reflejan que la despenalización parcial hasta las 12 semanas de gestación no ha sido suficiente para garantizar plenamente el derecho a la salud y erradicar la criminalización de mujeres y personas gestantes”. 

Por ello, respaldó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la despenalización total del aborto voluntario y no aplicar otros delitos punibles (por ejemplo, asesinato, homicidio) para garantizar que no haya sanciones penales por abortar, ayudar a abortar, proporcionar información sobre el aborto o practicar uno, para todos los agentes participantes. 

Recordó que en octubre de 2024 se presentó ante el Pleno del Congreso de la CDMX una iniciativa de reforma al Código Penal para eliminar el delito de aborto, reafirmando que se trata de un procedimiento médico vinculado con la salud pública y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

Pero que, hasta la fecha, la iniciativa sigue pendiente, por lo que reiteró la importancia de concretar su aprobación. 

“Se requiere garantizar, a su vez, el derecho a la educación sexual integral para toda la población, con base científica y apropiada para cada edad, de modo que sobre todo las mujeres y personas gestantes cuenten siempre con las bases necesarias para tomar una decisión libre e informada. Es fundamental impulsar campañas y programas educativos con un enfoque interseccional, que aborden las necesidades de personas con discapacidad, en situación de calle, en movilidad humana, indígenas y de la diversidad sexo genérica, asegurando que todas las personas accedan a información clara y libre de prejuicios sobre sus derechos sexuales y reproductivos”, agregó.