CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum Pardo se sumó hoy a un grupo de 79 países que respaldó la existencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y condenó “cualquier intento de socavar su independencia, integridad e imparcialidad”, en referencia a las sanciones que el presidente estadunidense Donald Trump anunció contra el tribunal de La Haya, aplaudidas por el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. 

En esta nueva orden ejecutiva, firmada ayer, el magnate autorizó que se impida la entrada a Estados Unidos y que se congelen los bienes de las personas no estadunidenses que investiguen o participen en investigaciones de la CPI contra “personas protegidas”, es decir, un ciudadano de un país “aliado” de Washington que no es miembro de la CPI, como es el caso de Israel. 

Trump embiste a la CPI por haber emitido órdenes de aprehensión contra Netanyahu y su ministro de la Defensa, Yoav Gallant, a quienes imputa crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, perpetrados contra la población palestina de Gaza, a lo largo del último año y medio.  

La CPI también emitió órdenes de aprehensión contra líderes de Hamás por los mismos cargos, derivados del ataque contra civiles israelíes perpetrado el 7 de octubre de 2023. 

El tribunal condenó de inmediato el ataque de Trump, a quien acusó de “buscar imponer sanciones contra sus funcionarios para dañar su independencia y su trabajo judicial imparcial”; al mismo tiempo creció la ola de reacciones indignadas en el planeta, tanto entre gobiernos como entre organizaciones de la sociedad civil. 

Amnistía Internacional, que tipifica los crímenes en Gaza como genocidio contra la población palestina, denunció que las sanciones “sugieren que Trump respalda crímenes del gobierno israelí y asume la impunidad”, y tachó la orden ejecutiva como “vengativa”, “agresiva” y como un intento de “menoscabar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos”. 

Human Rights Watch, que también habla de genocidio en Gaza, aseveró por su parte que la orden ejecutiva de Trump coloca a Estados Unidos “del lado de los criminales de guerra en detrimento de las víctimas de crímenes graves en búsqueda de justicia”, pues sostuvo que su gobierno “busca impedir que funcionarios de Israel y de Estados Unidos enfrenten cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad ante la CPI”. 

El bloque de 79 países que expresó su respaldo a la CPI, del que México formó parte, deploró la imposición de sanciones contra “la corte, sus funcionarios y personal”, y aseveró que fueron adoptadas “en respuesta al cumplimiento del mandato que tiene bajo el Estatuto de Roma”.  

“Estas medidas incrementan el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y amagan con socavar el Derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad global”, insistieron los gobiernos.