CIUDAD DE MÉXICO (apro).-De nueva cuenta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se fracturó hoy en torno a la elección judicial, ahora sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de reagrupar los centros de votación en “casillas seccionales”, con una urna única para las diversas boletas que se emplearán el próximo 1 de junio, y de realizar el escrutinio del voto en las sedes distritales, no en las casillas como es el caso en las elecciones tradicionales. 

El bloque mayoritario, encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, respaldó el acuerdo del INE, mientras que los magistrados minoritarios advirtieron sobre el “retroceso” que llevarán estas medidas –producto del recorte presupuestal al INE impuesto por el gobierno federal-- sobre el conteo de los votos y sobre la legitimidad de los resultados electorales. 

En respuesta a las críticas de sus colegas, Mónica Soto se lanzó en una férrea defensa de la elección judicial, y denunció “que la palabra fraude haya llegado aquí”… lo cual resultó falso, pues ella fue la única en utilizar esa palabra. De hecho, lo hizo en cuatro ocasiones. 

Soto se lanzó contra la “visión catastrófica de esta nueva elección” y aseveró que el pleno de la Sala Superior no es “el espacio para ello”, pues afirmó que “no nos toca generar miedo y duda de lo que se está haciendo”. “No coincido con que especulemos en que va a ser terrible lo que viene”, sostuvo, y agregó momentos más tarde que “es una falacia decir o dejar en el ambiente que hay un retroceso en la democracia mexicana”. 

Janine Otálora Malassis, una de los dos magistrados disidentes, recordó que la justicia electoral nació en México “para que se cuenten bien los votos, dadas las acusaciones que existían en aquel entonces de una manipulación de los sufragios por parte de un partido hegemónico”, razón por la cual opinó que “debemos proteger la supervisión de la ciudadanía en el escrutinio y cómputo de los votos, ya que es un pilar de nuestra moderna democracia”. 

Su colega Reyes Rodríguez Mondragón, recordó que la impugnación analizada hoy por la Sala Superior plantea la “falta de certeza” que implicará la instalación de una urna única para las seis boletas de la elección judicial federal, y para las elecciones de los jueces locales en las entidades federativas que emularon la reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

“El INE decidió que las elecciones de personas juzgadoras a nivel local tampoco tendrán cómputo en casilla por ciudadanía y no conocerán los resultados el mismo día. ¿Por qué? Porque todo va a una urna única”, planteó Rodríguez. 

El magistrado Felipe Fuentes Barrera, integrante del grupo de Soto, reconoció que “no pueden aplicarse las reglas del proceso ordinario a este proceso electoral extraordinario”, pero llamó a avalar la decisión del INE; su colega, Felipe de la Mata Pizaña, también parte del bloque mayoritario, aseveró por su parte que los cómputos podrían durar hasta 12 días, lo que haría imposible a la ciudadanía realizarlos, y refrendó que los encargados de los conteos serán funcionarios del INE, no burócratas de secretarías de Estado “como pasaba en otra época”. 

Durante la sesión de hoy, el bloque mayoritario siguió desechando por “inviabilidad” todas las impugnaciones de candidatos que señalaron errores en el proceso de selección, incluso cuando existen evidencias de que las autoridades a cargo del proceso sí cometieron errores. Como lo han hecho en semanas recientes, los magistrados sostienen que el daño a estas personas es “irreparable”, por lo que no hay manera de corregir los problemas. 

Uno de los únicos puntos en los que coincidieron todos los magistrados fue el de los sobrenombres: pese a los intentos de candidatos a aparecer en las boletas con apodos –algunos altisonantes, como “el juez de AMLO”--, la Sala Superior desechó por unanimidad las impugnaciones, como lo ha hecho a lo largo de la semana pasada.