CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la promoción de responsabilidades administrativas a personal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), debido a irregularidades en la contratación de paquetería electoral y otras anomalías que causaron un millonario daño patrimonial.

Los hechos corresponden al ejercicio fiscal 2023, durante la administración de Rodrigo Germán Paredes Lozano como presidente del organismo público local electoral, donde tenía facultades de administración.

El asunto se acumula a las irregularidades graves en las que incurrió Paredes Lozano y por las cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) lo removió el pasado 16 de enero, aunque el asunto sigue en litigio toda vez que el exconsejero impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo a la Auditoría 770, practicada a los recursos por Participaciones Federales a Entidades Federativas, hay diversas irregularidades en organismos y entidades públicas de Coahuila y, entre estas, destacan las observadas al IEC, por un monto superior a los 17 millones de pesos.

Por el diseño de ley vigente en 2023, las facultades de administración eran responsabilidad del presidente del consejo general, que entonces era Paredes Lozano, quien inclusive fue señalado por sus pares de depositar hasta el manejo del token bancario en David Piza, un funcionario de su confianza al que designó en un cargo y con un salario fuera de norma.

Entre las observaciones de la ASF destaca la adquisición de paquetería electoral para las elecciones de gobernador y diputados locales de 2023, a través del contrato LP-008-2023, mediante un procedimiento que registró prácticas indebidas.

La conclusión de la Auditoría establece que, respecto a la mencionada adquisición, por un monto de 4 millones 789 mil 300 pesos, pudo corroborar que dos personas morales ejecutaron acciones “que implicaron o tenían por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos”, pues en la licitación se presentaron dos empresas cuyos representantes legales estaban vinculadas entre sí por parentesco.

Dicha conducta encaja en la famosa práctica de simulación de concurso pues una de las dos firmas obtuvo el contrato para proporcionar paquetería electoral, por lo que tanto los funcionarios implicados como las empresas deberán enfrentar un procedimiento administrativo sancionatorio.

El pasado 16 de enero, Rodrigo Paredes fue objeto de una remoción votada por el INE en unanimidad y sin discusión, tras concluir que había incurrido en irregularidades graves, entre estas, haber realizado contrataciones fuera de norma y también, por usar abogados del IEC para un litigio personal.

El uso de personal fue de sencilla comprobación para el Consejo General. Paredes Lozano, quien había trabajado precisamente para el INE como vocal ejecutivo de la Junta Local Coahuila, fue retirado de su cargo al ser electo consejero presidente del IEC pues no podía ostentar dos nombramientos al mismo tiempo.

Pero, con el alegato de que había varios meses entre su designación como consejero estatal y su toma de posesión, consideró que el despido era injustificado y demandó al INE, siendo ya consejero presidente del IEC y para ello nombró como sus abogados a tres personas que formaban parte de su equipo de trabajo en este último organismo.

Los escándalos por mal manejo de Paredes Lozano motivaron que, en diciembre de 2023, los partidos políticos acordaran una reforma a la legislación local electoral para retirarle las facultades de administración, toda vez que sólo podía ser removido por el INE.

Para entonces, acumulaba varias quejas ante el INE y ante el órgano interno de control, por numerosas irregularidades que fueron denunciadas por el PT, así como por otros consejeros electorales.

Desde hace días, Rodrigo Germán Paredes Lozano realiza una gira de medios nacionales en los que se dice víctima de una injusticia y ha confirmado que impugnó la remoción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el propósito de ser restituido en el cargo.