CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La intervención del gobierno de México para gestionar una eventual repatriación de Ismael "El Mayo" Zambada no sería la primera gestión de ese tipo ante el gobierno de Estados Unidos.

La primera ocurrió en 1992, cuando el entonces gobierno de Carlos Salinas logró el retorno del doctor Humberto Álvarez Machain, quien dos años antes había sido secuestrado por agentes estadunidenses como supuesto participante en el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, en 1985. Álvarez Machain fue liberado y regresado a México.

El antecedente más reciente data de fines del 2020, cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador negoció el regreso del general en retiro y exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien había sido detenido en Los Ángeles bajo el cargo de narcotráfico.

Pieza central para la liberación y regreso del general fue el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, actual secretario de Economía.

El pasado viernes, el periódico Reforma dio a conocer una carta en la que Zambada envió una carta al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que exija su repatriación, y advirtió que de no ocurrir su regreso se provocaría un “colapso” en la relación bilateral debido a las circunstancias irregulares en las que fue llevado a EU.

Zambada alega que fue secuestrado y llevado a la fuerza ante la justicia estadunidense, que lo acusa de ser uno de los principales responsables del tráfico de droga de México a Estados Unidos.

A diferencia del presunto rapto de Zambada, el general Cienfuegos fue detenido por autoridades estadunidenses el 15 de octubre del año 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

López Obrador afirmó en ese entonces que su gobierno no tenía conocimiento de una investigación de Estados Unidos en contra el secretario de la Defensa Nacional de la administración de Enrique Peña Nieto.

Proceso ha documentado que López Obrador sí fue enterado de la investigación por la entonces embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena. De acuerdo con esa información, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz también estuvo enterado.

Por orden del expresidente, el entonces canciller Ebrard inició las gestiones para que el gobierno de EU regresara a Cienfuegos a México.

De acuerdo con su propio testimonio, Ebrard se reunió con el embajador estadounidense en México, Christopher Landau para hablar sobre la detención del general en retiro.

“El 21 de octubre convoqué, por instrucciones del presidente de la República, al embajador Landau a las oficinas de la cancillería para expresarle verbalmente la sorpresa y descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de la investigación en contra del general retirado Cienfuegos”, explicó Ebrard durante la conferencia matutina de López Obrador del 18 de noviembre de 2020.

“El 26 de octubre sostuve una conversación telefónica derivada de la plática que había yo tenido con el embajador de los Estados Unidos, con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, en la que manifesté el descontento del gobierno de México por la falta de información compartida en este caso”.

Para el 28 de octubre el gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de EU para manifestar, formalmente, el extrañamiento por la falta de información sobre la investigación y detención de Cienfuegos.

Fue así como dos días después el gobierno mexicano recibió un oficio suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) acompañado por un anexo de 743 páginas que contenían la investigación contra Cienfuegos.

Para el 2 de noviembre dicho oficio fue enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la Fiscalía General de la República (FGR) para que iniciara su propia investigación.

Aunque López Obrador afirmó que Ebrard era quien encabezaba las negociaciones, a partir de que la FGR inició carpeta de investigación, el fiscal Alejandro Gertz Manero se coordinó con su homólogo William Barr para concretar la entrega del general Cienfuegos.

“El día 6 de noviembre tuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general Barr para notificarle que había turnado a la FGR el oficio del administrador interino de la DEA, junto con su anexo íntegro para que la fiscalía determinase, en el ámbito de su competencia, lo conducente", detalló el funcionario.

“Ese mismo día, el señor fiscal general de la República notificó a la cancillería que, con fundamento en sus potestades legales solicitó de manera formal y en los términos del Tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua la evidencia de caso que obraba en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América”, relató Ebrard.

El 11 de noviembre el gobierno mexicano recibió las pruebas que la DEA tenía en contra de Cienfuegos y, finalmente, el 17 de noviembre de 2020 la FGR emitió el comunicado 373/2020 con la declaración conjunta de los fiscales de México y EU, Alejandro Gertz Manero y William Barr.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestime el caso de Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos, para que pueda ser trasladado y, en su caso, procesado conforme a las leyes mexicanas.

“A solicitud de la FGR el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del Tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas”, señala el documento.

Así, el general Cienfuegos fue repatriado a México bajo la condición de que sería investigado por la FGR con las pruebas de EU y, en su caso, procesado penalmente por la justicia mexicana.

Sin embargo, en enero de 2021 la FGR decretó el no ejercicio de la acción penal, con lo que exoneró a Cienfuegos de todos los cargos.

La reacción de Sheinbaum

La carta del Mayo Zambada fue dada a conocer el pasado viernes y este este lunes durante su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum emitió sus primeras declaraciones al respecto.

“Ni caemos en chantajes, ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad con la Constitución y con las leyes”, señaló la mandataria.

“Nosotros cumplimos con la ley; eso es lo que debemos hacer, y para eso está la Fiscalía, y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo que debe hacerse”, expresó.