PUEBLA, Pue., (apro).- La campaña nacional Sin Maíz no hay País celebró que se haya dado marcha atrás a la aprobación de la reforma constitucional al artículo 4 presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual limitaba la protección a evitar la siembra de maíz transgénico, pero dejaba la puerta abierta a otras formas de maíces genéticamente modificados. 

En entrevista con Proceso, Mercedes López Martínez, representante común de la demanda colectiva Maíz, consideró que esta redacción de la iniciativa presidencial, elaborada desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y que circunscribía la prohibición sólo a transgénicos, no derivó de un “error” o de algo fortuito, sino que hubo “mano negra” de funcionarios del gobierno cercanos a las transnacionales. 

“No fue fortuito”, señaló, “yo pensaría que hubo ahí como mano negra. Sabemos que el secretario de Agricultura (Julio Berdegué Sacristán) históricamente está ligado a varias de estas empresas, él fue parte de ICA y de estos grupos corporativos que apoyan esta agricultura industrial que no acabó con el hambre, que al contrario contaminó y causó pobreza”. 

El 26 de enero, la campaña Sin Maíz no hay País firmó una carta dirigida a la presidenta Sheinbaum, en la cual calificaba a la iniciativa de “insuficiente” y de ser un “grave retroceso” pues, aunque aparentaba proteger al maíz como “elemento de identidad nacional”, en realidad ponía en peligro la biodiversidad, la cultura y la soberanía alimentaria del país. 

López Martínez recordó que en ese escrito los defensores de los maíces nativos pidieron que la reforma estableciera textualmente la prohibición de siembra de maíz genéticamente modificado, lo cual incluye no sólo la transgénesis, sino otras diversas tecnologías como lo sería la edición genética y no dar pauta a empresas como Monsanto, Bayer y Syngenta.   

Además, agregó, propusieron que en vez de referir al maíz como “símbolo de identidad nacional”, se hablara de “biodiversidad cultural” que es un término más amplio, y se estableciera la prohibición de utilizar los maíces genéticamente modificados para la alimentación de la población mexicana al representar un peligro para la salud. 

La académica refirió que después de este pronunciamiento los integrantes de esta campaña fueron convocados a una reunión con los titulares de las secretarías del Medio Ambiente, de Agricultura y de Ciencias y Tecnología donde expusieron sus planteamientos que de antemano fueron aceptados para incorporarse en la iniciativa presidencial. 

Este lunes, Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que la reforma constitucional no se aprobará hasta escuchar a todas las voces de especialistas, funcionarios, productores y campesinos. 

Aunque la campaña Sin Maíz no hay País había solicitado parlamento abierto para debatir sobre la iniciativa, el legislativo inició desde esta semana una serie de comparecencias o reuniones para escuchar diversos planteamientos sobre la reforma. 

Los primeros en exponer ante la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado, Leonel Godoy, fueron el titular de Agricultura, Berdegué Sacristán, y la secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, pero también lo harán los titulares del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. 

En su comparecencia Berdegué reconoció que entre otros cambios incorporarán a la iniciativa propuestas de la sociedad civil, entre ellas ampliar los términos que la dependencia a su cargo había omitido en la propuesta que elaboró. 

“Se va a plantear prohibir el cultivo en México de maíces que contengan dichos tipos de modificaciones genéticas que superan las barreras naturales, las transgénicas, pero cualquier otra modificación que supere las barreras naturales”, precisó el funcionario. 

Mercedes López Martínez, quien representa a la colectividad que desde 2013 interpuso una demanda para impedir la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, dijo que lo que se libra en México es una “batalla crucial” en la cual los gigantes de las biotecnologías, así como el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, buscarán ejercer presiones sobre México. 

“Estas empresas han cabildeado con millones de dólares no sólo en México, en el mundo. Saben que la batalla crucial se está librando en México, como centro de origen del maíz”, agregó, “sabemos que van a meter sus voces el Consejo Nacional Agropecuario, la industria y hasta aparentes organizaciones campesinas, como lo han hecho”. 

“Pero no tienen ni la razón científica ni la razón cultural ni la razón ética”, lo que les interesa es el negocio y vender sus productos e instaurarlos sin importar el costo, sin importar que la agricultura industrial ha contribuido a más del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero”, puntualizó. 

Además, la especialista en Estudios Latinoamericanos por la UNAM dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado muestras de compromiso e interés genuino en la defensa de los maíces nativos y la soberanía alimentaria. 

“Nos parece muy loable que la presidenta abrió las puertas a la reunión. Nunca había habido una reunión a tan alto nivel, y que haya abierto la posibilidad de escuchar nuestros argumentos y puntos de vista y se comprometieran a que van a estar plasmados en esta reforma constitucional”. 

Agregó que ahora esperan que los funcionarios de gobierno cumplan con su parte. 

En cuanto al panel que perdió México frente a Estados Unidos en el marco del Tratado de Comercio y que abre la importación de maíz GM al país, López Martínez dijo que ante el riesgo que representan de que puedan ser usados como semillas, están pidiendo que se quiebre como una medida precautoria a fin de que no puedan sembrarse. 

La académica añadió que si bien, la reforma constitucional es una herramienta fundamental para proteger al grano, desde la sociedad civil se consideran importantes otras estrategias como la educación, la movilización y que haya apoyos al campo para que México produzca sus propios maíces amarillos y se evite la importación. 

Consideró que el hecho que la gente cobre conciencia que comprar en tianguis, comida local, sana, de calidad y a un precio justo, en lugar de alimentos ultraprocesados, es una decisión política y económica fundamental que marcaría un cambio importante en el país.