Sonora
Gobierno federal y de Sonora resuelven conflictos históricos en Cananea
Durazo Montaño subrayó que ambos casos permanecieron sin atención efectiva durante administraciones anteriores y que su cierre representa una reparación de agravios acumulados por generaciones.CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la resolución definitiva de dos conflictos sociales de larga data en la entidad: la huelga minera de la Sección 65 en Cananea, que duró 18 años, y la contaminación del Río Sonora, pendiente desde hace 11 años.
Durazo Montaño subrayó que ambos casos permanecieron sin atención efectiva durante administraciones anteriores y que su cierre representa una reparación de agravios acumulados por generaciones.
El acuerdo para la huelga en la mina de Cananea incluye la liquidación correspondiente a más de 651 trabajadores de la Sección 65, poniendo fin definitivo al conflicto laboral que convertía a la localidad en símbolo de disputa activa.
En cuanto al Plan de Justicia para Cananea y el Río Sonora, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos al Gobierno Federal, recursos que serán destinados a atender demandas en materia de agua, salud y remediación del suelo.
El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora complementarán el resto para alcanzar un total de 2 mil 222 millones de pesos.El gobernador destacó que el acuerdo reconoce a las comunidades afectadas del Río Sonora como sujetas de justicia ambiental, más allá de un mero apoyo asistencial.
La resolución se logró mediante diálogo institucional y negociación coordinada por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Durazo Montaño enfatizó que atender conflictos prolongados evita su reproducción social, económica y política en el territorio, y celebró que Cananea deje de ser un emblema de confrontación laboral para convertirse en un caso resuelto por la vía legal y social.
Este avance, de acuerdo con el gobierno, forma parte de los esfuerzos por cerrar pendientes históricos mediante el diálogo y la justicia social.