CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el 2025, México deja una “deuda pendiente”: sacar el aborto del Código Penal federal y de los estatales y tratarlo como un tema de salud pública, aseguró la red de profesionales de la salud Salvemos Miles de Vidas México. 

De acuerdo con la organización civil, pese a los avances logrados en los últimos años, incluida la despenalización parcial en varios estados del país y fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “el aborto sigue siendo tratado como delito en México”. 

Según su balance, difundido el pasado lunes 15, “ninguna entidad federativa ha eliminado el aborto de sus códigos penales, dejando en la incertidumbre a millones de mujeres y personas con posibilidad de gestar, así como al personal de salud que atiende estas emergencias todos los días”. 

Profesionales de la salud de varios estados que integran la organización advirtieron que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “la deuda con la salud y los derechos humanos sigue siendo grave”. 

Advirtieron que, desde sus consultorios, servicios de urgencias y clínicas comunitarias, han visto que la penalización sigue “poniendo vidas en riesgo, obstaculiza el acceso a servicios seguros y permite que persistan prejuicios, discriminación y hostilidad en el sector salud”. 

Según alertaron, la penalización del aborto “opera como un mecanismo de discriminación estructural en el sistema de salud. Afecta de forma desproporcionada a niñas, adolescentes y mujeres en contextos de mayor precariedad, así como a quienes viven lejos de los centros de salud. Además, inhibe a las y los profesionales por temor a ser criminalizados”. 

Salvemos Miles de Vidas México recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización no reduce el número de abortos; “por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna, y limita la capacitación necesaria para brindar atención segura, oportuna y libre de estigma”.

Desde 2021, la SCJN estableció que la criminalización total del aborto es inconstitucional y que las personas tienen derecho a decidir, mientras que el Estado está obligado a garantizar la provisión de servicios para interrumpir un embarazo de forma segura y gratuita para quienes así lo requieren.

En 2023, la Corte ordenó eliminar el delito del Código Penal Federal y armonizar los marcos estatales. Sin embargo, dice la organización, “el país avanza a ritmos desiguales: mientras algunos estados han permitido el aborto bajo ciertos plazos, ninguno ha retirado completamente el delito de su código penal, perpetuando una geografía desigual de derechos”. 

Tlaxcala se suma

Hasta diciembre de este año, 25 de las 32 entidades han despenalizado el aborto. Solo Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Durango, Querétaro y Morelos están pendientes. Los congresos de los tres últimos tienen órdenes de la Suprema Corte para homologar sus códigos penales y aplicar la despenalización, pero no las han cumplido. 

El pasado 1 de diciembre, la SCJN despenalizó el aborto en Tlaxcala, al invalidar las normas que criminalizaban esta práctica en el Código Penal estatal y las que la restringían en la Ley de Salud estatal. 

Marau Basilio, ginecobstetra que da servicio en esa entidad del centro del país e integrante de Salvemos Miles de Vidas, destaca la importancia del hecho: “es un pequeño logro, el hecho de que podemos tener una perspectiva diferente de cómo manejar y atender a las pacientes que presentan una situación de aborto”. 

En entrevista con Proceso, subraya la relevancia del caso, pues Tlaxcala, aunque es una entidad muy pequeña -1.4 millones de habitantes-, es considerada como la “cuna de la Trata de personas” en México, además de tener problemas de violencia sexual; situaciones que derivan en embarazos no deseados y abortos. 

Como médica en el sector público y el privado, recuerda que le ha tocado atender casos de consecuencias de abortos clandestinos, pero que las pacientes no lo reconocen por temor a ser criminalizadas:

“Muchas veces sospechamos que algo sucedió, pero tampoco podemos obligar a quien está frente a nosotros a que nos dé esa información. Como médicos nos damos cuenta que muchas cosas no cuadran o situaciones que en ese caso la misma paciente se cierra a dar esa información, incluso cuando está en riesgo su vida”. 

Recientemente, dice, atendió un par de casos en los que le dijo a la paciente: "Mira, no es con la intención de acusarte ni nada por el estilo, pero necesitamos información para que podamos actuar de una manera más oportuna contigo, con tu tratamiento; y aún así hay una negativa a abrirse para darnos información”. 

Según la ginecobstetra, el sistema de salud de Tlaxcala “en general está listo” para atender a las pacientes que deciden interrumpir su embarazo y darles la atención necesaria, pues, considera que la infraestructura necesaria “generalmente tiende a ser mínima”. 

Incluso, comenta que en la entidad existe un programa de violencia de género y salud reproductiva encargado de supervisar los servicios de aborto seguro y el abasto de medicamentos necesarios. “No hemos tenido problemas ni para los insumos, tanto de los equipos para los legrados por aspiraciones, o de aborto por medicamentos”, asegura. 

Educación, capacitación, sensibilización 

La médica Marau Basilio subraya que, lo que sí se necesita, no solo en Tlaxcala, sino en el país entero, es difusión a la población en general del servicio de aborto seguro. Antes de eso, aclara, también se debe insistir en el trabajo multidisciplinario en la educación sexual, la prevención y la planificación familiar. 

En tanto, considera que el personal de salud debe continuar su capacitación y conocimiento del marco legislativo para que pueda tener la “certeza jurídica que nos garantice poder, como profesionales, ejercer con la tranquilidad y seguridad y ofrecer servicios que seguros y obviamente legales”. 

Agrega que el personal de salud también debe prepararse en sensibilización “para que no seamos parte de la violencia de no respetar los derechos reproductivos y sexuales de las usuarias. Eso es súper importante”.

Por último, Marau Basilio insiste en que, “el aborto tiene que salir de los códigos penales y ser tratado como un tema de salud reproductiva, no como un delito, para evitar la existencia de este tipo de carpetas de investigación, precisamente donde las mujeres han sido criminalizadas por optar por un aborto, y para tratar de disminuir la morbilidad y mortalidad relacionada con los abortos inseguros”. 

Y cierra: “los estados que faltan deben sumarse para que exista esa equidad al derecho a la salud en todo el país y que no sea Porque si no caemos en desigualdad”. 

En su comunicado, la red Salvemos Miles de Vidas México llamó a que el 2026 “sea el año en que el Congreso de la Unión y los congresos estatales eliminen definitivamente el aborto de los códigos penales y cumplan con los criterios de la SCJN”. 

Así, afirmó, “el país podrá avanzar hacia un modelo de salud pública que garantice a todas las personas una vida libre de violencias, discriminación y riesgos innecesarios”.