CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Escritores, politólogos, investigadores, analistas, artistas y activistas suscribieron un desplegado dirigido al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) en el que exigen cesar de inmediato de cualquier investigación o acción penal infundada en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Entre los firmantes del pronunciamiento figuran Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Clara Jusidman, Denisse Dresser, Diego Valadés, Enrique Serna, Joaquín Cosío, Jorge G. Castañeda, Julián LeBaron, María Elena Morera, Roger Bartra y Sergio Aguayo.

Desde 2024 la FGR dio a conocer que inició carpeta de investigación contra María Amparo Casar y sus hijos por supuestamente haber obtenido de manera ilícita una pensión vitalicia por la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla, coordinador de asesores de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrida en el año 2004. Esto, al indicar que el exfuncionario no falleció por accidente sino porque se suicidó.

La audiencia inicial programada para este martes, en la que Casar escucharía la imputación que la FGR tiene en su contra, fue cancelada aunque el caso sigue abierto.

El lunes, el periodista Héctor de Mauleón compartió un pronunciamiento firmado por decenas de intelectuales, quienes consideraron que la utilización del aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso.

Ha comenzado a correr este pronunciamiento en solidaridad con María Amparo Casar y en contra de la persecución arbitraria de que se le quiere hacer víctima.
Se agradece su RT.
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— Héctor de Mauleón (@hdemauleon) December 15, 2025

“Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra grave preocupación por la apertura y conducción de una investigación penal carente de sustento jurídico en contra de María Amparo Casar.

“La percepción de una pensión de viudez, al igual que las pensiones por invalidez, orfandad, jubilación u otras prestaciones previstas en el marco legal vigente, constituye un derecho adquirido protegido por la ley. En consecuencia, no puede ni debe ser criminalizado su ejercicio, pues hacerlo vulnera principios elementales del Estado constitucional de derecho, entre ellos el de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y no criminalización del ejercicio de derechos.

“La utilización del aparato penal del Estado para investigar o perseguir a una persona por el acceso a una prestación legalmente reconocida sienta un precedente sumamente riesgoso, al abrir la puerta a la persecución penal arbitraria de millones de ciudadanos que ejercen derechos consagrados en la ley”, señala el pronunciamiento.

Los firmantes critican que recursos institucionales se orienten a perseguir penalmente a una ciudadana respecto de la cual no existe conducta típica, antijurídica ni culpable. Asimismo destacaron el trabajo de la analista al frente de MCCI.

“Por lo anterior, exhortamos de manera firme y fundada a la Fiscalía General de la República a que observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de María Amparo Casar.

“Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades del Estado mexicano para que orienten sus capacidades institucionales a la investigación y sanción de los delitos que efectivamente dañan al interés público, y no al uso del derecho penal como mecanismo de intimidación o represalia frente al ejercicio de derechos ciudadanos”, demandan los más de 80 firmantes.

“En virtud de lo anterior, reiteramos nuestro respaldo pleno a María Amparo Casar, y exigimos el cese inmediato de cualquier investigación o acción penal infundada en su contra, así como en contra de cualquier persona que ejerza legítimamente sus derechos o contribuya, desde la ciudadanía, al combate a la corrupción y a la impunidad”, concluye el desplegado.

Los firmantes

• Agustín Acosta
• Alberto Capella
• Alberto Díaz Cayeros
• Alberto J. Olvera
• Alejandra Cullen Benítez
• Alejandro Werner
• Ana Laura Magaloni
• Andrés Rozental
• Antonio Ortiz Mena
• Antonio Zirión Quijano
• Ariel Rojo
• Arturo González Arquieta
• Beatriz Leycegui Gardoqui
• Beatriz Magaloni
• Bernardo León
• Carlos Bravo Regidor
• Carlos Elizondo Mayer-Serra
• Carlos Seoane
• César Torres
• Clara Jusidman
• Claudia Calvin
• Denisse Dresser
• Diego Valadés
• Dudley Ankerson
• Eduardo Guerrero
• Eduardo Medina Mora
• Enrique Betancourt
• Enrique Cárdenas
• Enrique Serna
• Facundo Rosas
• Gerardo Villadelángel
• Guillermo Máynez Gil
• Guillermo Valdés Castellanos
• Héctor Aguilar Camín
• Héctor Cárdenas Suárez
• Héctor De Mauleón
• Horacio Bernal
• Jaime López-Aranda
• Javier Osorio
• Javier Rojas
• Joaquín Cosío
• Jorge F. Hernández
• Jorge G. Castañeda
• Josefina Alcázar
• José Antonio Aguilar Rivera
• José Mario de la Garza
• José Martínez Robles
• José Ramón Enríquez
• Juan Cristóbal Ferrer
• Juan Salgado
• Juan Sánchez Zermeño
• Julio Beltrán Miranda
• Julián LeBaron
• Julio Hubard
• Leonardo Curzio
• Luis Carlos Ugalde
• Luis de la Barreda
• Luis Lozano
• Luis Pérez de Achal
• Luis Rubio
• Luis Urrutia
• Manuel Balcázar
• Manuel Guerrero
• María Elena Morera
• Mariana Balzaretti Martínez
• Maribel Cervantes
• Marina González Magaña
• Mario Luis Fuentes
• Mauricio Merino
• Mauricio Meschoulam
• Miguel Ángel Pérez Álvarez
• Montse Ramiro
• Pablo González
• Pablo Mijangos
• Paola Zavala Saeb
• Paulina Lavista
• Pedro Salazar
• Renato Sales
• Roberto Banchik
• Rodrigo Canales
• Roger Bartra
• Rufo Ibarra Batista
• Sandra Ley
• Saskia Niño de Rivera
• Sergio Alcocer
• Sergio Aguayo
• Tonatiuh Guillén López
• Valeria Moy