CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo adjudicó este año 3 mil 792 millones de pesos a empresas sancionadas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, en un momento en el que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensifica la búsqueda de compañías que implementan posibles esquemas de lavado de dinero. 

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en las contrataciones federales de 2025 persistió la poca competencia y también la selección de este tipo de compañías sancionadas. 

“La participación de empresas fantasma, recién creadas, sancionadas o incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos compromete la integridad de los procedimientos de compra pública y deteriora la calidad de los bienes y servicios que reciben las dependencias federales”, se lee en el análisis. 

Entre las instituciones con mayor monto contratado con empresas consideradas de riesgo destacan el IMSS, el ISSSTE y la Sedena. 

A ello se suma que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción cuentan en 2025 con 26% menos presupuesto en términos reales que en 2018. 

Sin justificación 

El IMCO expuso que identificó que el gobierno adjudicó 21.5 millones de pesos de manera directa sin dar a conocer la justificación para esa decisión. 

De acuerdo con el estudio, en las contrataciones federales de 2025 persistió la poca competencia, pese a que el marco legal establece que la licitación pública debe “ser la regla” y no la excepción. 

“Aunque la licitación pública debería ser la principal forma de contratación según la ley, en la práctica se mantiene el uso común de mecanismos de excepción. Esto compromete la adquisición de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas y puede derivar en otros hechos de corrupción como la desviación de recursos”, añade el análisis. 

El estudio detalla que dos de cada cinco pesos se asignaron de manera directa, un monto equivalente a 344 mil millones de pesos, es decir, 40% del gasto. 

“Además, 21.5 millones de pesos se adjudicaron directamente sin dar a conocer la justificación para esa decisión”, se lee en el documento.