CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque el gobierno de la Ciudad de México instaló desde agosto de 2025 tres puntos de tolerancia para el consumo de cannabis en espacios públicos, esta política convive con un vacío legal que mantiene a los usuarios en riesgo de criminalización, detenciones arbitrarias, extorsiones y exposición a redes de distribución informales e incluso del crimen organizado.

Para el abogado Arturo Ochoa, que desde hace más de seis años encabeza el despacho Abogados Cannábicos de México, el problema es estructural. Afirmó que no existe ninguna ley ni norma, ya sea federal o local, que autorice el consumo en la vía pública, por lo que los espacios habilitados por la administración capitalina operan como “una especie de tregua entre los colectivos cannábicos y las autoridades”, sostenida exclusivamente por decisión política.

Los espacios —ubicados en Plaza de la Concepción, el Monumento a Simón Bolívar y la Plaza de Lectura José Saramago, todos en la alcaldía Cuauhtémoc— surgieron como una respuesta institucional a espacios de consumo tomados que ya existían sin ningún tipo de regulación sobre la avenida Paseo de la Reforma. Ahora estos espacios funcionan bajo un reglamento fijado por el propio gobierno local: horario de 8:00 a 20:00, cupo máximo de 100 personas, permanencia de 40 minutos y acceso exclusivo para mayores de edad.

Tras la inauguración de estos puntos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que la intención fue generar sitios para que “se consuma la marihuana de manera individual dentro de lo permitido por la ley” y evitar que se produzcan “otro tipo de delitos que se conviertan en un problema”.

Pero en los hechos, explicó Arturo Ochoa en entrevista con Proceso, el gobierno capitalino asumió facultades que no le corresponden: “Busca mostrarse como un gobierno progresista, permitiéndose licencias que no le atribuyen realmente a ningún tipo de gobierno, ya sea local o federal, pues básicamente es por el manejo de un discurso y una retórica de progresar en el tema cannábico”.

Según su lectura jurídica, la instalación de estos puntos no modifica la condición legal del consumo ni su marco sancionatorio: “En realidad eso no cambia la problemática real para el consumidor y perpetúa el sistema de prohibición administrativa para el consumo recreativo de la cannabis”.

Esa tensión se materializa en las calles circundantes a los puntos de tolerancia, donde el abogado ha observado que mientras en esos espacios la policía no interviene, en las calles aledañas o lugares cercanos sí existen detenciones arbitrarias a los asistentes: “Estas personas son criminalizadas y a veces le siembran otro tipo de narcóticos, así se reproduce el abuso policiaco a las personas consumidoras de cannabis en nuestro país”.

La afirmación no proviene únicamente de su experiencia actual como abogado "cannábico". Ochoa trabajó en 2018 en la entonces Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Narcomenudeo; desde allí identificó prácticas sistemáticas: “De primera mano pude experimentar y ver todo lo que sucedía en temas de cannabis y otras drogas, y la constante es que la policía detenga a la gente aun con un cigarro de marihuana, aun con un porrito, y le siembren mayores cantidades de cannabis o otro tipo de drogas”.

Esta experiencia es la base de su advertencia de que los puntos de tolerancia no desactivan los riesgos que enfrentan los consumidores en el resto de la ciudad: “La posesión sigue siendo utilizada como un pretexto para detener a la gente, portar unos gramos sin autorización sanitaria puede significar desde una multa inventada hasta que te fabriquen delitos de narcomenudeo”.

El vacío de las redes de distribución

Al mismo tiempo, la política pública que implementó Brugada omite el aspecto más decisivo: la distribución de marihuana. “El gobierno de la Ciudad de México instala estos puntos de consumo, pero no toma en cuenta las redes de distribución, cómo las personas adquieren la planta y entonces se criminaliza aún más, tomando en cuenta la compra y la venta de marihuana”, sentenció Ochoa.

Las redes identificadas por el despacho abarcan desde puntos de venta tradicionales hasta rutas más recientes. Con precaución, compartió las que han registrado en los últimos años.

A través de las redes sociales, donde abundan los perfiles que ofrecen los productos artesanales o flores orgánicas supuestamente; también aplicaciones de mensajería, Telegram, WhatsApp; los mal llamados clubes cannábicos y los deliveries encubiertos, repartidores que operan en apariencia como un negocio legítimo con mochilas de Uber Eats o Rappi, personas que en realidad todo el día están repartiendo marihuana y todo tipo de sustancias ilegales.

Proceso confirmó la existencia de al menos tres redes de distribución en la Ciudad de México. La primera opera en tiendas conocidas como smoke shops, así como en mercados y tianguis a lo largo de toda la capital.

En estos espacios se ofertan de manera irregular productos cuyo diseño y estrategias de marketing replican presentaciones comerciales de marcas estadunidenses; con frecuencia se anuncian como artículos importados, aunque estos empaques ya se reproducen y rellenan en México sin mecanismos de control de calidad, lo que impide verificar su origen real.

La segunda red se desarrolla en Telegram. Cuatro estudiantes de la Universidad Anáhuac y del Centro de Diseño conversaron con este medio sobre la forma en la que adquieren cannabis por kilo a través de dicha aplicación.

Entre risas y el humo de varios porros, discutieron sobre el próximo pedido que realizarán. No sólo quieren marihuana, también tienen pensado encargar una plantilla de papeles impregnados con LSD y una onza de hongos alucinógenos. Se preparan para el festival de música Trópico, que será del 5 al 7 de diciembre en Acapulco, Guerrero.

Los jóvenes, que solicitaron no revelar su identidad, detallaron que la planta les llega a sus domicilios empaquetada al vacío dentro de una bolsa, que a su vez es colocada en una caja de cartón completamente sellada con cinta adhesiva. La entrega se realiza mediante aplicaciones como Uber o Didi, cuyos conductores, según sospechan, aceptan los envíos sin conocer su contenido.

El grupo explicó que han comprado el kilo tanto para su propio consumo como para vender entre conocidos, debido a que el precio promedio por onza en el mercado es de mil 500 pesos, mientras que ellos consiguen un kilo (de poco más de 35 onzas) por entre siete y 10 mil pesos. Son puntuales: este precio aplica sólo para la calidad de marihuana que pueden conseguir en Telegram: “Es bonita, no tiene semillas y tiene un alto porcentaje de THC”.

Ellos describen esta situación como “una oportunidad de oro” para comenzar a tener cierta independencia económica. Con el dinero que han generado ya lograron costearse un viaje a Perú y un “sinfín de fiestas y conciertos”.

Señalaron que por la información que comparten en los canales de mensajería de la aplicación, donde participan “cientos” de usuarios, la mercancía podría provenir de Jalisco o Michoacán.

Una tercera red de distribución corresponde a personas que cultivan sus propias flores y las ofertan en clubes cannábicos. Un club, que pidió confidencialidad, compartió que este modelo se construye con individuos con trabajos formales que dedican su tiempo libre al cultivo y la venta de pequeñas cantidades como una alternativa para obtener ingresos sin contactar a un dealer o a intermediarios vinculados con redes del crimen organizado.

Estos cultivadores producen de manera doméstica y comercializan entre círculos reducidos, lo cual les permite evitar espacios de venta más riesgosos y mantener control sobre la calidad de lo que ofrecen.

El riesgo latente

Sobre la distribución de productos cannábicos empaquetados en mercados o smoke shops, Arturo Ochoa alertó que en estos casos la falta de regulación deja expuestos a los consumidores a riesgos sanitarios. Advirtió que en estos espacios es común encontrar productos adulterados, contaminados e incluso mencionó casos de vapeadores con supuesto THC que “terminaron contaminados con fentanilo”.

La situación alcanza también a los jóvenes que adquieren la planta mediante aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp, y la reciben a través de servicios de paquetería. La página oficial de Abogados Cannábicos de México alerta en sus publicaciones que si un usuario realiza un pedido y éste es decomisado por la autoridad, es posible que la Policía de Investigación (PDI) inicie una carpeta de investigación contra el comprador por la presunta comisión del delito contra la salud en modalidad de transporte de narcóticos, cuya pena es de 10 a 15 años de prisión, así como multas de 100 a 500 unidades de medida y actualización (UMA).

En tanto, los colectivos y clubes cannábicos operan en un entorno donde existe presencia y presión del crimen organizado. Ochoa explicó que “siempre existe el riesgo de una infiltración progresiva del crimen organizado” en estos modelos de venta, debido al vacío regulatorio y a la ausencia de mecanismos formales de supervisión.

El abogado se refirió a un antecedente reciente:

Un par de clubes que cerraron este año por extorsiones y amenazas del crimen organizado. Yo, como abogado de un par de chicos pertenecientes a estos clubes, me enteré de esa situación, incluso con las llamadas que grabaron de esta gente que los extorsionaba diciéndoles que si no les pagaban una cantidad no los iban a dejar operar, que les iban a incendiar los establecimientos o que incluso los iban a asesinar.

Esa situación, de acuerdo con su análisis, convierte a los clubes en espacios vulnerables donde la falta de regulación no sólo expone a los consumidores a detenciones arbitrarias, sino que también abre la puerta a dinámicas de control y extorsión propias de estas redes criminales.

La utopía del autocultivo

La instalación de los puntos de tolerancia de consumo estuvo acompañada de mesas informativas encabezadas por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), en las que buscaban fomentar que los usuarios se encarguen de su consumo a través del autocultivo.

El abogado consideró que esta meta no es viable: “No existe un lineamiento especial, ni una ley especial, ni siquiera una norma, ni una circular indicativa que te dé la facultad plena para poder cultivar de manera legal”.

Además, no existe acceso formal a semillas: “No se puede garantizar a través del Estado mexicano por ningún medio... el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) no tiene ni conoce los procedimientos porque no es materia de su competencia”.

Y aunque el autocultivo pudiera presentarse como solución, Ochoa lo descartó: “No es una meta realmente alcanzable. La gente no tiene tiempo, ni conocimiento ni recursos, no es algo sencillo”.

Para avanzar hacia una regulación integral, el especialista señaló tres medidas: “Reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para que armonice con lo que la Corte resolvió; crear un sistema de licencias y de trazabilidad de los productos, y establecer protocolos claros para la actuación policial y ministerial”.

La ausencia de información oficial, añadió, profundiza el problema y acentúa la necesidad de protocolos claros de actuación policial y ministerial: “No hay campañas de información, aunado a que ya existen las autorizaciones sanitarias para el uso recreativo de cannabis, pues parece que los últimos en enterarse son la policía, la Guardia Nacional y el Ejército.