CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Una comisión de la dirigencia nacional del PAN, viajó a Washington D.C. para denunciar lo que consideran represión del Estado durante la llamada “Marcha de la Generación Z”. 

La denuncia fue presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), por el vocero nacional panista Jorge Triana; las diputadas Nohemi Luna y Annia Gómez; Fernando Torres Graciano y Roberto Gil Zuarth, consejero legal del partido y quien antier estuvo presente junto al propio Triana en la denuncia por los mismos hechos realizada ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

Proceso Digital adelantó ayer que el PAN acudiría a instancias internacionales y, de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió esta mañana al asunto como algo grave por considerar que los panistas estaban solicitando una intervención extranjera, lo que no fue el caso. 

“No estamos yendo a buscar un gobierno extranjero ni a alterar la soberanía del país, esas son acusaciones absurdas emanadas del hígado y del ego de personas ignorantes”. 

Esta tarde, Triana informó que, la protesta del 15 de noviembre, que derivó en actos de violencia y “una brutal represión policiaca”, luego de que un grupo conocido como “bloque negro” arribó a la marcha y provocó con sus acciones las agresiones policiacas contra los manifestantes. 

Lo anterior, según dijo el vocero panista, resultó en 19 personas sometidas a proceso acusadas de tentativa de homicidio. 

La visita de los panistas apeló al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo régimen está ratificado por México, para que indague lo ocurrido, especialmente ante el silencio de las comisiones de derechos humanos capitalina y nacional. 

Las peticiones concretas de los panistas fueron que la CIDH celebre una audiencia para analizar los hechos de la marcha del 15N.  

“No solamente se tiene que investigar la actuación de las fuerzas del orden, también la participación de agentes no estatales en coordinación, bajo tolerancia o inclusive con instrucciones de los hechos de violencia, específicamente del bloque negro”. 

La otra petición es que se solicite el consentimiento del Estado Mexicano para que la CIDH realice una visita especial para revisar la situación de la libertad de expresión y otras libertades políticas. Y, finalmente, que se active un mecanismo de seguimiento sobre la libertad de expresión, la protesta social y que se tomen medidas preventivas para que no se deba lamentar una erosión de derechos humanos. 

Gil Zuarth recordó que, en 1990, el PAN fue a la CIDH para denunciar la fraudulencia electoral en Chihuahua; volvió a hacerlo hace un año para denunciar la reforma judicial y, en esta ocasión por considerar que se está callando la protesta social con violencia.