CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La decisión del gobierno mexicano de mantener la prohibición total a la venta de vapeadores, lejos de frenar el consumo ha impulsado la expansión de un mercado informal que ya mueve miles de millones de pesos y que, según advertencias recientes desde Estados Unidos, también abre espacio para organizaciones criminales transnacionales. 

El exsecretario de Defensa norteamericano, Mark T. Esper, afirmó en un artículo publicado en USA Today que políticas internas en México, como la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, generan condiciones que fortalecen financieramente a grupos delictivos con operación en ambos lados de la frontera. 

“La prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”, escribió, al subrayar que la seguridad regional requiere decisiones regulatorias congruentes y no solo intercambio de inteligencia. 

Según un estudio del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, el mercado de vapeo en el país alcanza un valor estimado de 26 mil millones de pesos anuales, pese a estar formalmente prohibido. Esto implica que cerca de 6 mil 900 millones de pesos que podrían recaudarse vía IEPS quedan fuera del alcance fiscal, mientras los productos circulan sin control sanitario ni trazabilidad. 

El mismo estudio señala que el 6% de la población adulta, unos cinco millones de personas, utiliza vapeadores, y casi la mitad de ellos tiene entre 25 y 34 años. El estudio revela, además, que siete de cada 10 usuarios adquieren sus dispositivos por canales informales, desde tiendas irregulares hasta redes sociales, lo que confirma el desplazamiento total del mercado hacia circuitos clandestinos. 

Mientras Washington insiste en que las políticas inconsistentes generan incentivos para actividades ilícitas, la percepción pública en México también refleja un desfase entre la norma y la realidad. Solo 6% de los encuestados cree que los vapeadores no están disponibles en el país. En contraste, la mayoría afirma verlos en calles, comercios y plataformas digitales. 

Especialistas consultados consideran que México enfrenta una paradoja: en su intento por limitar riesgos sanitarios, creó un ecosistema perfecto para el contrabando, la venta sin control y la participación del crimen organizado. Un tercio de los usuarios cree que la regulación aumentaría la calidad de los productos, mientras más de la mitad demanda información clara y accesible. 

En su análisis, Esper sostiene que la cooperación bilateral solo funcionará si México redefine internamente el margen de operación de actores ilícitos. Las cifras del mercado negro del vapeo, y la velocidad con la que crece pese a la prohibición, apuntan a un vacío regulatorio que ya tiene impactos económicos, sanitarios y de seguridad. 

Por ahora, la política federal mantiene la prohibición total, incluso ante las evidencias de un mercado clandestino en expansión. En medio de este escenario, aumentan las voces, en academia, industria y gobiernos extranjeros, que advierten que la ausencia de regulación está entregando un negocio multimillonario a los mismos grupos que México y Estados Unidos dicen combatir.