CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La libertad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se mantiene en vilo por el caso de desaparición forzada que la Fiscalía estatal mantiene en su contra. 

Este miércoles, la juez de ejecución Ángela Zamorano Herrera inició la continuación de la audiencia para resolver la petición de Duarte de Ochoa de liberación anticipada, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el exmandatario no ha tenido buena conducta y que el caso de desaparición forzada iniciado en su contra por la Fiscalía de Veracruz no ha concluido. 

Durante la diligencia, la FGR presentó seis testigos, cinco fiscales de Veracruz y un federal quienes detallaron diversos informes que fueron rendidos sobre las acusaciones por peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada en el fuero común. 

Uno de los testigos fue Denise Moreno Córdova, Fiscal Auxiliar de la Coordinación de la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas del estado de Veracruz, quien relató el caso de desaparición forzada de un taxista ocurrido en el año 2013 y en el que Duarte fue imputado de obstaculizar la investigación de dicho delito. 

La fiscal explicó que desde el año 2021 intentó imputar a Duarte de Ochoa por esta conducta, pero pudo hacerlo después de seis intentos hasta noviembre del año 2022. 

Relató para el último intento, fue necesario que el exfuncionario fuera sujetado por personal de seguridad a una silla para obligarlo a comparecer, lo que fue utilizado por la FGR como argumento para acreditar que Duarte no ha mostrado tener buena conducta. 

“En la audiencia del 16 de noviembre de 2022, el señor Javier Duarte de Ochoa se presentó e informó al juez que se sentía mal, que incluso había vomitado y solicitó diferir la audiencia, además que dijo no aceptar la competencia del juez de Veracruz por considerar que el caso debía ser conocido por un juez de la Ciudad de México y decidió retirarse sin que el juez le diera la autorización”, explicó la testigo. 

“El juez le pidió al administrador del Centro de Justicia que notifique al director del Reclusorio Norte que las medidas de apremio seguían vigentes y que no le autorizó retirarse y que, en todo caso, si continuaba negándose a comparecer, iniciaría la audiencia sin su presencia, por lo que el señor Javier Duarte regresó, pero en una silla sujetado por personal de seguridad”. 

Moreno Córdova agregó que, una vez que fue vinculado a proceso, el juez impuso la medida de prisión preventiva justificada, pero que para el 13 de noviembre de 2024 la defensa de Duarte solicitó una nueva audiencia para requerir la nulidad de un dato de prueba que fue utilizado para sustentar la vinculación a proceso. 

Dicho dato de prueba era un testimonio en contra de Duarte de Ochoa que supuestamente fue obtenido bajo tortura. 

Por ello, el juez de control decidió declarar nulo ese dato de prueba e inmediatamente después la defensa de Duarte solicitó cancelar ese proceso penal en su contra, lo que fue concedido en audiencia celebrada al día siguiente. 

La testigo indicó que la Fiscalía de Veracruz impugnó esa decisión pero que apenas la semana pasada fue notificada de la radicación del recurso y el número de toca que le fue asignado.  

“La audiencia del sobreseimiento se llevó a cabo con extraña celeridad”, afirmó la testigo. 

“Mientras que la notificación de la radicación de la apelación ocurrió un año después de que fue presentada”. 

En sus contrainterrogatorios la defensa de Duarte se concentró en demostrar que varios testigos no han tenido relación directa con los casos iniciados contra el exmandatario, que la cancelación del caso de desaparición forzada fue emitida por la existencia de pruebas ilícitas y que Javier Duarte no está imputado específicamente por desaparecer personas sino por entorpecer la investigación de la desaparición de una persona. 

Luego de que los testigos rindieron sus declaraciones, la juez abrió un receso de dos horas porque debe atender otras audiencias y citó a las 16:30 para continuar la diligencia con los alegatos de clausura.