CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la sesión extraordinaria en la que el Pleno de magistrados elegirán al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), trabajadores de la institución iniciaron un paro de labores. 

En las inmediaciones de la llamada Ciudad Judicial en la colonia Doctores, así como en el edificio que alberga las salas en la calle de Sullivan, en la colonia San Rafael, los trabajadores bloquearon los accesos para impedir las labores de este viernes. 

Los trabajadores exigen nuevamente un aumento salarial y se oponen a las intenciones del magistrado presidente del Tribunal, Rafael Guerra Álvarez, de reelegirse para un tercer periodo que correría del 1 enero de 2026 al 31 de agosto de 2027. 

El pasado 4 de septiembre, Proceso informó que como parte de la reforma judicial capitalina el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial local que dejó abierta la posibilidad a que Guerra participe en esta elección. 

La reforma homologó dicha ley a la Constitución local y establece que el magistrado que alcance mayor votación en las urnas será el nuevo presidente del Tribunal, cargo en el que permanecerá durante tres años lo que implicaba que Guerra Álvarez debía dejar la Presidencia del TSJCDMX desde el pasado 1 de septiembre. 

Sin embargo, en los artículos transitorios de la reforma a la Ley Orgánica del PJCDMX, impulsada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, se estableció que Guerra podrá conservar su Presidencia hasta este diciembre y debía convocar a una elección para renovar el cargo conforme a las reglas anteriores a la reforma judicial en la que él podría participar como candidato. 

Guerra llegó a la Presidencia del tribunal local en el año 2019, durante el mandato de Claudia Sheinbaum en la CDMX, y desde entonces se le señaló como uno de los hombres cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador a quien asesoró legalmente durante el proceso del desafuero. 

Su gestión en el Poder Judicial local ha sido cuestionada por el incremento del rezago en los juzgados y salas, la sobrecarga de trabajo, atrasos en los pagos que datan desde 2020, las decisiones adoptadas para implementar la reforma laboral y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entre otras. 

Esto, derivó en que en mayo pasado los trabajadores del Tribunal iniciaron un paro de labores que duró hasta julio luego de que el gobierno capitalino se comprometió a instalar mesas de diálogo con los inconformes.