CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete meses de mantener un campamento frente al acceso al complejo minero Los Filos, operado por la empresa canadiense Equinox Gold, la mesa agraria del ejido de Carrizalillo, en Guerrero, denunció a funcionarios de la Secretaría de Economía por asumir una postura “sumisa al modelo extractivo minero” y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por no sancionar a las violaciones flagrantes a la ley y a los derechos humanos de los habitantes de esa localidad.

Como lo reportó Proceso en su edición 25, correspondiente a julio de este año, los ejidatarios de Carrizalillo han sido duramente impactados en materia ambiental, del agua y a la salud, por la operación desde hace más de 20 años por la extracción de oro del subsuelo, y que ahora se encuentran sin posibilidades de retomar sus actividades agropecuarias por la destrucción de su territorio, sin que Equinox Gold asuma su responsabilidad de reparar integralmente, como establece la ley minera y la normatividad ambiental. 

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los representantes ejidales cuestionaron a la mandataria tras más de siete meses de no ser atendidos de manera integral, pues mientras Equinox Gold se ha cerrado a las conversaciones para establecer una tarifa aceptable o implementar un operativo de cierre de la mina, como establece los lineamientos ambientales y mineros, para que los habitantes de Carrizalillo retomen su actividad agropecuaria. 

“¿Ante quién denunciamos o que instancia es en la que debemos denunciar este delito en flagrancia? Porque nos parece ilógico que tengamos una normativa -aunque deslactosada y débil- para ‘cuidar el ambiente’, pero para este acto que pone en riesgo nuestra vida no podamos hacer nada salvo denunciarlo mediáticamente y ello evita que los responsables pisen la cárcel, mientras nuestras familias, entre más se alarga el tiempo en el campamento, se evidencian más las carencias de lo más fundamental para vivir”, preguntaron los ejidatarios. 

En la misiva, los ejidatarios reconocieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por haber clausurado las operaciones de la minera el 15 de octubre pasado por daños ambientales, acusaron ante Sheinbaum a funcionarios de la SE, al director General de Minas (DGM) y al titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Castro Hernández y José Fernando Aboitiz Saro, respectivamente, por mostrar “total incapacidad legal y política para no permitir los abusos de la empresa Equinox Gold”.

Explicaron que hay evidencias para que la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard “le quite la concesión e inicie un proceso de sanciones por ilegalidades e incumplimientos” cometidos por la minera canadiense, pero “de manera confusa, poco clara o sin transparencia, manejan comentarios absurdos de no detenerla hasta que exista una contaminación grave, acto que de entrada no le corresponde jugar, puesto que por eso están clausurados por Profepa”. 

Para los ejidatarios la respuesta que ha dado la SE “evidencia dos cosas: el nivel de ignorancia del funcionario que manifiesta esa postura y permite ‘opciones’ para que, en flagrancia, la empresa continúe violando el derecho mexicano”. 

Auditoría fiscal

Peor aún, los ejidatarios agregaron que Equinox no sólo es responsable de dañar el ambiente,  de no respetar las leyes, de poner en riesgo la vida de los inconformes “y de criminalizar la protesta social”, sino que se enteraron de que el proyecto “Los Filos” operado por Equinox Gold “está sujeta a una auditoría fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”. 

Abundaron que la auditoría se relaciona con “una deducción de 206 millones de dólares americanos (más menos 4 mil millones de pesos), reclamada por deterioro de inventario, lo cual (…) parece que se refiere a que el valor en libros de sus artículos en existencias es mayor que el valor que se puede recuperar de él en el mercado”. 

Es decir que “suena a la clásica especulación que las empresas realizan en el mercado para obtener ganancias rápidas pero inestables para sus accionistas y financieros, que incluye sin duda la no reparación de los daños ambientales y sociales, pero que en este particular caso, parece encubrir una retribución fiscal”, según se asienta en el informe anual de Equinox a sus accionistas. 

En ese mismo documento citado por los ejidatarios, la empresa refirió que “en caso de no llegar a un acuerdo con el SAT, es decir, deba pagar en forma desfavorable su salida con dinero en efectivo, la empresa interpondrá todos los recursos administrativos y judiciales disponibles para retardar años su responsabilidad, por el posible ‘impacto negativo en el desempeño financiero, los flujos en efectivo y los resultados de las operaciones de la Compañía si no se resuelven favorablemente”.

Al señalar que en el informe de Equinox a sus socios no se menciona la clausura de Profepa, ni el incumplimiento a la legislación ni las sanciones a las que se haría acreedora, ni que ha demandado a los ejidatarios de Carrizalillo ante el Tribunal Unitario Agrario,  “ni tampoco informa la creación de campañas de hostigamiento que derivan en amenazas contra la vida y en criminalización al vincularnos con grupos del crimen organizado”, los campesinos insistieron en preguntar a Sheinbaum por qué más tienen que hacer para que el gobierno federal sancione a la minera canadiense “con severidad, sin titubeos y sin cálculos políticos”. 

Apuntaron: “Seguimos sin entender el hablar sobre el respeto y observancia de los derechos humanos que deben tener las actividades de las empresas en nuestro país, porque para nosotros en sí mismo parece un mito”.

Tras recordar los daños ecológicos y a la salud de los ejidatarios que han causado la extracción minera en su territorio, lo ejidatarios consideraron que detrás de la inacción del gobierno federal está “el temor a trastocar la inversión y las ya oxidadas reglas del crecimiento y de desarrollo; tiene que ver con no tocar o no exponer a los poderosos intereses a pesar de que incurran en delitos graves como el saqueo, el despojo y el daño, pero sobre todo, aplicar la permisibilidad para que nuestro país aplique medidas de compensación y recomendaciones de fraternidad y de buen comportamiento, en vez de aplicar correctivos fuertes de rendición de cuentas que acaben con la situación de la mal denominada responsabilidad social corporativa o la eufemística minería verde o sustentable”. 

Tras agradecer que en su conferencia matutina del 31 de octubre pasado, la presidenta se comprometió a instruir a la Semarnat a atender a los ejidatarios de Carrizalillo, los representantes agrarios insistieron en llamar la atención de Sheinbaum sobre los daños causados por la empresa trasnacional.

“Esperamos este resumen le ayude para mantenerla actualizada sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos, pero también para que tenga información, desde abajo y desde nuestra realidad, de cómo la empresa pisotea las leyes mexicanas sin que tenga consecuencias severas”, concluyeron los representantes de la Mesa Agraria de Carrizalillo, José Luis Rodríguez Saldaña, Nancy Olivia Guzmán Vuelvas, José Peña Celso y Lucas Valdés Peña.