TOLUCA, Edomex. (Proceso).- El operativo policiaco Caudal, realizado el 27 de octubre último en 48 de 125 municipios mexiquenses, reveló que la extracción ilegal de agua para su venta en pipas se convirtió en una industria subterránea en al menos la mitad del territorio estatal, que deja a grupos criminales y particulares, a veces al amparo de las autoridades locales, ganancias promedio de 2 mil 400 pesos mensuales por cada familia a la que surten.

La Fiscalía mexiquense precisó que mientras el costo regulado promedio del agua en la entidad es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada con un sobrecosto de 59%; en Cuautitlán, por 41.4% más; en Tlalnepantla, 32.42% extra, y en Toluca, con casi 10% de sobreprecio, por citar algunos ejemplos, mientras los porcentajes se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.  

Pero la intervención de 189 inmuebles en los que se encontraban 51 pozos, de 138 tomas de agua clandestinas y el aseguramiento de 322 pipas de diferentes capacidades y 37 vehículos diversos provocó, en lo inmediato, además del bloqueo de vialidades por parte de los piperos, desabasto de agua en hospitales, mercados, escuelas, empresas, industrias, purificadoras y hasta penales.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 registró, para entonces, que 88.2% de la población del Estado de México recibía agua potable por la red pública. 

Ese año, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó en 17 millones 501 mil los habitantes del Estado de México, lo que significa que 15 millones 436 mil tenían agua potable por la red, pero 2 millones 065 mil 144, no. En promedio, 500 mil familias de cuatro integrantes no gozaban del suministro a través de la infraestructura pública y debían buscar alternativas para surtirse. 

Adicionalmente, sólo 48.85% de los mexiquenses encuestados refirió que el agua de la red hídrica era pura y cristalina, 43.2% dijo que el suministro era constante, 35.6% indicó que no se desperdiciaba en fugas y apenas 18% consideraba que era bebible y sin temor a enfermarse. 

Estas cifras advierten un problema mayúsculo de desabasto y por tanto la necesidad de solventarlo a través de la compra de agua en pipas, muchas de las que se surtían de tomas clandestinas y operaban en la ilegalidad. 

Estas redes, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), eran operadas por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300 y/o Unión 300, Libertad 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza, comisariados ejidales, particulares, o en complicidad con autoridades. 

Christian Muñoz Tapia, presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que desde el día del operativo 2 mil unidades económicas, de las 76 mil 700 agremiadas en todo el Estado de México, padecen desabasto de agua en pipa y/o garrafones. 

“En Canirac fuimos y somos afectados porque muchos nos surtimos con pipas, pues los organismos de agua municipales no tienen redes completas, o realizan el suministro por tandeo, porque existe escasez o falta de suministro”, expuso. 

Esta situación los llevó al cierre temporal o a la reducción de sus operaciones hasta 30%, sobre todo en las zonas del Valle de México y el oriente, lo que ha provocado pérdidas por mil 200 millones de pesos sólo al sector restaurantero. 

Las afectaciones ocurren en municipios como Toluca, la zona industrial de Tultitlán, Cuautitlán y Naucalpan, y la incertidumbre continúa a pesar del diálogo de las autoridades con los piperos, porque incluso a quienes trabajan en la legalidad les han reducido los vales de dotación, y aunque se ha buscado el apoyo de piperos de Querétaro e Hidalgo, los del estado los bloquean “y nos dejan en indefensión”. 

El desabasto, prosiguió, vino aparejado con el encarecimiento del agua hasta en 300% en las empresas que sí la tienen, de manera que las pipas que anteriormente costaban entre 800 y 900 pesos, ahora se venden de 2 mil a 2 mil 500 pesos; y las de 20 mil litros cuestan hasta 9 mil, cuando antes se cotizaban entre 2 mil y 3 mil pesos. 

Aclaró que la Canirac está de acuerdo con el combate a la extracción y venta ilegal de agua, pero enfatizó la necesidad de acompañar este tipo de estrategias con soluciones y alternativas para no alterar la cotidianidad. 

Ganancias en el municipio más grande

Por su número de habitantes y alcance del desabasto, Ecatepec es el epicentro del huachicol hídrico mexiquense.

Miriam Silva, actual diputada local por el Partido Verde Ecologista, quien inició durante la pandemia por Covid-19 18 amparos para exigir la dotación del recurso a 7 mil 100 habitantes de Ecatepec, estimó que 400 mil vecinos del municipio carecían de agua potable corriente en 2020, y consideró que de entonces a la fecha la problemática se ha agudizado. 

Los denunciantes amparados revelaron que una familia de cuatro integrantes gastaba en promedio 600 pesos semanales para comprar agua en pipa; es decir, 2 mil 400 pesos mensuales. Por tanto, en ese municipio el negocio de los piperos se traducía en 2 mil 880 millones de pesos al año. 

La morenista Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, aseguró que en menos de un año de administración 300 mil ciudadanos que tenían entre 7 y 17 años de desabasto han recuperado el agua por la red. “Colonias completas: Valle de Santiago, Segor, La Florida, Valle San Agustín, Rancho Victoria”, refirió. 

Este fin de semana, indicó, se termina un booster que hace la función de una bomba para generar presión y dar agua a todas las colonias Héroes, Independencia, Jardines de Santa Clara.  

En Ciudad Cuauhtémoc, que tiene medio millón de habitantes, expuso, “estamos reparando fugas que existían desde hace 20 años. Pondremos tanque nuevo, con una inversión de 120 millones de pesos, para que el servicio se regularice en toda la región”. 

La presidenta municipal admitió que el penal de Chiconautla y algunos hospitales que se abastecían con pipas padecieron los efectos postoperativo, pero negó que exista crisis porque en todos los casos se está solucionando a través de la regularización. 

Varias clínicas y el penal de Chiconautla, aseguró, disponen de conexión a la red pública, pero la abandonaron y optaron por solucionar sus necesidades a través de los piperos. 

Indicó que los gobiernos pasados se olvidaron de mantener, mejorar y ampliar la infraestructura hídrica, de manera que el desabasto se normalizó. “Se dio un fenómeno de ida y vuelta; es necesario recuperar los caudales. En muchos casos no hay necesidad de pipas. En el penal hicimos ya una inspección, se está reconstruyendo la red de agua que destruyeron, hemos aprovechado esta coyuntura para que se regularicen”, explicó. 

Aseguró que desde el primero de enero de 2025, cuando asumió el cargo, ha trabajado para que los ecatepenses tengan agua por la red. De manera inmediata, expuso, se desactivaron 200 pipas dedicadas a la distribución de agua, como una forma de condicionamiento y coacción, y se implementó una política de cero tolerancia al huachicoleo. 

Recordó que su primer día de gobierno fue cerrada la clínica de hemodiálisis, subrogada al IMSS, porque su toma de agua era mínima. “Le pedimos que pagara su toma y la colocamos. A todos los empresarios les dijimos lo mismo. Estamos rompiendo redes de complicidad. Todos los sectores deben romper la inercia, estamos dispuestos a poner redes de agua. Las clínicas no tienen necesidad de comprar pipas”, manifestó. 

El hospital ISSEMyM, prosiguió, tampoco tenía agua porque le cerraron las válvulas. En ese caso  se optó por quitar las válvulas y conectarlo a toma directa. Lo mismo ocurrió en Las Américas y en ambos casos ya tienen suministro. 

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua potable de Ecatepec (Sapase), afirmó que, lejos de aumentar el desabasto a partir del operativo Caudal (que en el municipio aseguró nueve inmuebles, suspendió tomas clandestinas y un pozo del que se extraía líquido de manera ilegal), en varias zonas, como San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla y El Charco, aumentó la disponibilidad en los domicilios por la clausura de tomas clandestinas. 

El funcionario expuso que pipas particulares acuden a pozos autorizados de otros municipios a cargar agua y la comercializan en purificadoras y con pobladores, y afirmó que el suministro está garantizado para hospitales.  

La diputada ecologista Miriam Silva coincidió en que la suspensión de tomas irregulares y pozos clandestinos aumentó el caudal en la infraestructura oficial, de manera que “ya hay agua que había sido interrumpida”. 

“Treguas” para regularizar suministro

Por su parte, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, negó que exista desabasto; por el contrario, dijo que hay un reordenamiento para que quien se dedique a la distribución de agua, lo haga en el marco de la ley. 

Aseguró que el suministro se encuentra garantizado por los municipios, que legalmente son los responsables, a través de sus organismos operadores de agua. 

Explicó que se instalaron mesas de trabajo regionales con presidentes municipales para coordinar los trabajos de regularización de empresas y pozos que operaban bajo la ilegalidad, e indicó que serán los municipios los encargados de informar cuáles son los pozos oficiales para que las empresas de distribución que se encuentran reguladas puedan abastecerse de agua. 

Texcoco, cuna de la gobernadora Delfina Gómez, fue uno de los primeros municipios en dialogar con los piperos, “con el aval del Gobierno estatal”.

Allí se estableció una tregua para que se siga distribuyendo agua, mientras se revisa el estatus legal de pipas y pozos asegurados; también se comprometieron facilidades para regularizar y mejorar el servicio.  

La gobernadora Delfina Gómez aseguró que el operativo Caudal no es una cacería ni busca afectar a quienes brindan un servicio, pero sí pretende regular la actividad. 

Indicó que la regularización no es castigo, sino justicia, porque el agua es un bien común, de manera que “quien actúa conforme a la ley no tiene por qué preocuparse, los que infringen la ley tienen que cumplir la sanción”. 

Afirmó que su administración mantiene una política de puertas abiertas para escuchar y atender las inquietudes de quienes operan pozos y distribuyen agua en el Estado de México, pero subrayó que la ley se aplicará con firmeza a quien insista en actuar fuera de ella.