SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro) .- Un juzgado federal concedió un amparo para que la Contraloría del estado entregue la investigación interna que ha ocultado, sobre la responsabilidad que funcionarios del gobierno del estado pudieron tener por omisiones o acciones en la tragedia ocurrida afuera del antro Rich, ocurrida en junio del año pasado, cuando dos jóvenes murieron y cinco más quedaron lesionados al desplomarse un barandal ante una multitud que pretendía ingresar al lugar. 

El amparo fue otorgado en favor de Juan Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro Infante, uno de los muchachos fallecidos cuando esperaban el ingreso para un espectáculo en el antro, mismo que carecía de permisos por parte de autoridades municipales y estatales. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) procedió penalmente en contra de tres personas encargadas del lugar, pero no ha deslindado la presunta responsabilidad de funcionarios municipales y del gobierno del estado, que conocían la operación del lugar sin que tuviera varios de los permisos requeridos para operar y en materia de protección civil. 

Ramón Infante hizo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que la Contraloría del estado entregue la investigación que clasificó como reservada y de la que se ha negado a dar cuenta a la FGE, a fin de que esta continúe con la investigación a las autoridades que, según sus funciones, debieron de constatar la operación del Rich. 

“Tal pareciera que se percibe impunidad y complicidad dentro del gobierno del estado, le hacemos un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a poner orden a sus colaboradores y se respete la autonomía de la Fiscalía del Estado”, señaló el padre de Manuel Alejandro. 

Infante interpuso un juicio de amparo que fue resuelto por el Juzgado Sexto de Distrito, mismo que ordenó a la Contraloría del estado, a través de su titular Sergio Arturo Aguiñaga, entregar el expediente de la investigación que realizó dicha dependencia, y que apunta a funcionarios municipales del área de Comercio por presuntas omisiones en la supervisión del centro nocturno, así como personal de la Dirección de Gobernación, Protección Civil y Comisión de Riesgos Sanitarios del estado. 

Dentro de la propia carpeta de investigación de la Fiscalía estatal se encuentra una resolución de la Contraloría Municipal que determinó responsabilidades de varios funcionarios en lo ocurrido. 

Sin embargo, hasta principios de octubre no se había llamado a declarar a un solo servidor del gobierno estatal o del municipio por la Fiscalía. Los padres de las víctimas advierten que se está mandando un mensaje de impunidad.  

Ramón Infante dijo considerar que se ha tratado de desvirtuar y encubrir lo ocurrido y generar impunidad desde el gobierno estatal.