CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las dos primeras reformas que fueron aprobadas por la mayoría de Morena y aliados en el Senado de la República en el llamado “viernes negro”. 

Al no obtener la mayoría calificada de ocho votos para declarar la invalidez de las reformas por violaciones al procedimiento legislativo, los ministros se vieron obligados a desestimar las impugnaciones presentadas por la oposición. 

Las acciones de inconstitucionalidad analizadas este lunes fueron contra las reformas a la Ley de control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para la elaboración de cápsulas, tabletas y/o comprimidos, también conocida como “Ley antifentanilo” y a la Ley general de Bienes Nacionales. 

En el caso de la “Ley antifentanilo” el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso invalidar la reforma por violaciones al procedimiento legislativo pues además de coincidir en que el citatorio para sesionar en el edificio Xicoténcatl del Senado de la República refería que esto ocurriría en el salón de sesiones, pero se llevó a cabo en el patio central del inmueble. 

Además, de que la votación no se realizó conforme a la ley sino a través de una lista de asistencia sin que se supiera quién votó y el sentido de su voto y que el dictamen a votar fue publicado menos de 24 horas antes a la sesión de votación y no hubo una primera lectura del mismo. 

Sin embargo, sólo siete ministros votaron a favor de la propuesta de González Alcántara Carrancá, mientras que las ministras afines al oficialismo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra, por lo que no fue posible invalidar la reforma. 

Posteriormente, la ministra Margarita Ríos Farjat presentó dos proyectos de resolución a la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, el primero de ellos también era por invalidar la modificación por violaciones al procedimiento legislativo. 

La ministra explicó que su proyecto contenía el mismo razonamiento que el de González Alcántara Carrancá, por lo que al mantenerse la votación de siete ministros a favor, presentaría su proyecto alterno analizando uno por uno los artículos impugnados. 

En esencia, la oposición señaló que en la reforma la administración de los bienes del Estado dejará de tenerla la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ahora la tendrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo que genera incertidumbre jurídica porque otras leyes podrían contraponerse con la modificación. 

Sin embargo, en su proyecto alterno la ministra refirió que esto no genera incertidumbre jurídica porque la reforma es clara al establecer que quedaron derogadas todas las disposiciones que contradigan la modificación y, ante conflicto entre leyes, deberá prevalecer lo que establece la Ley General de Bienes Nacionales reformada.