CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salesforce, empresa dedicada a los servicios de software con base en la nube, se abre paso como proveedora pagada con recursos públicos, a partir de adjudicaciones directas que ya levantan sospechas de las autoridades mexicanas.

Un expediente está abierto por personal de la Secretaría de la Función Pública tras una denuncia que acusa malas prácticas en recontratación, en concreto, el amago de obstruir el servicio con fórmulas análogas al chantaje.

Salesforce es comercializada con la administración pública bajo la razón social Cloudco S.A. de C.V., a cargo de Edgar Cruz Aguirre, Pedro Jauregui y David Literas Segura.

En el historial público de contratos consultado por Proceso en bases abiertas de transparencia, dicha empresa es proveedora del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), a partir de dos contrataciones que se ejecutaron por adjudicación sin concurso.

El primero de los contratos data de 2018 por un monto de hasta 1.7 millones de pesos, para el Servicio de renta de licenciamiento, así como soporte y mantenimiento del Sistema de Administración de Cartera (SAC); mientras que la asegunda asignación directa ocurrió en 2020, cuando le otorgaron 897 mil pesos por el mismo concepto, con término al 28 de febrero de 2021.

La empresa presume que trabajó con la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; sin embargo, el respectivo contrato no se encuentra disponible para consulta pública.

En julio de 2023, las licencias de Salesforce llegaron a la Agencia de Movilidad de Querétaro, mediante Servicios y Proyectos en Tecnologías de la Información, razón social que obtuvo un contrato por 7.5 millones de pesos, con término al 27 de julio de este año.

Al localizar información sobre la empresa, un antecedente riesgoso se hizo público en 2022: Salesforce quedó expuesta por la vulnerabilidad de una de sus plataformas, Slack, que tras ser adquirida en 2020 fue utilizada como canal para que un hacker de 18 años ingresara a Uber, cliente que vio expuesta la información y datos de sus trabajadores y otros sistemas internos, lo que llevó al corporativo a investigar el incidente y denunciar lo ocurrido.

El ingreso de dicha firma al sector público mexicano, aunque con montos identificados modestos, coincide con el despido, entre 2023 y 2024, de casi nueve mil trabajadores, una crisis de la que no termina de recuperarse.

En ese contexto, la empresa fundada en 1999 por Marc Benioff y Parker Harris y su buena fortuna se vio revertida en el mencionado valor accionario, pues reportó una baja de 21% en sus acciones a finales de mayo de este año, el declive más importante desde julio de 2004.

Conforme a documentos del Departamento de Estado de Florida, Salesforce se creó bajó las leyes de Delaware, territorio estadunidense considerado como paraíso fiscal ya que ofrece la posibilidad de constituir compañías de forma anónima, lo que favorece que se realicen operaciones ilegales alrededor del mundo.

Además de que se vulneró la ciberseguridad de la compañía al menos en 2022, en el mercado mexicano han surgido testimonios sobre la mencionada empresa por haber solicitado pagos por encima de los del resto del sector, bajo amenaza de cortar los servicios a sus clientes.

De acuerdo con las fuentes, que pidieron el resguardo de su identidad por temor a represalias, la investigación sobre Salesforce se basa en revisar el cumplimiento de la norma “ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno”, al recurrir a las mencionadas conductas de corte de servicios, para prevalecer como proveedora de servicios digitales.