CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal ordenó frenar, por tiempo indefinido, la aprobación de la reforma judicial hasta que se resuelva si la misma resulta o no violatorio de derechos humanos.

La Juez Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión definitiva a tres jueces federales que señalaron que el dictamen de reforma, aprobado ya por la Cámara de Diputados, puede no sólo vulnerar sus derechos humanos sino los de la colectividad al poner en riesgo la independencia judicial.

“(El dictamen) no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y, deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, señala la resolución emitida en el amparo1251/2024.

En su sentencia, la juez consideró que este freno, que permanecerá vigente hasta que se resuelva el amparo, no afecta el interés social ni disposiciones de orden público porque aunque la sociedad está interesada en que las reformas constitucionales no se detengan, también tiene interés especial en que los procesos de reforma se apeguen a los estándares de derechos humanos.

“De otorgar la medida, no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público, en atención a que si bien la sociedad está interesada en que los procedimientos de modificación a la Constitución no se detengan, lo cierto es que también tiene especial interés a que los procesos que se realicen para reformar la ley de mayor jerarquía para un país, se apeguen a los estándares de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza, de ahí que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, no puede erosionarse de la Carta Magna.

“En suma la independencia judicial y un sistema de justicia libre de coacciones es una garantía para la sociedad”, indicó.

Destacó que la medida puede ser tratada como urgente debido a que los jueces que tramitaron el amparo no pueden esperar a que culmine el proceso de reforma porque una vez que este concluya, quedarán en estado de indefensión pues la propuesta prevé destituirlos sin darles derecho de audiencia ni la posibilidad de obtener una indemnización.

“No es factible considerar que la afectación a los quejosos se dará cuando culmine el procedimiento de reforma, pues precisamente una vez que el proyecto es discutido, votado y aprobado por el Poder Constituyente y a su vez refrendado por el Poder Reformador para ser sancionado y publicado, es claro se habría materializado el acto que impactará en los quejosos y los dejaría en completo estado de indefensión a quienes se propone destituir de sus cargos sin derecho de audiencia y sin que se establezcan las condiciones de una eventual indemnización”, refirió.

Aunque la juez ya había concedido la suspensión provisional para que el Pleno de la Cámara de Diputados no continuara con el proceso legislativo, los integrantes de dicha institución hicieron caso omiso a tal orden.

De igual manera es posible que ahora que la reforma está en manos del Senado de la República, los legisladores cuya mayoría simple es detentada por el partido en el poder (Morena), tomen la misma actitud.

Al recibir el amparo la juez se declaró impedida para concluir el procedimiento pues consideró que ella tiene un interés personal en el asunto al ser una de las afectadas por la reforma, por lo que detalló que resolvió la suspensión definitiva debido a que todavía no se define qué juzgador deberá continuar con la tramitación del amparo.