CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jueces y magistrados federales consideraron que las declaraciones de la futura Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Ernestina Godoy, de proceder contra los jueces que han emitido resoluciones para frenar la reforma judicial, son una amenaza grave a la independencia judicial y la división de poderes.

Ayer, Ernestina Godoy fue cuestionada por representantes de medios de comunicación en el Senado de la República, sobre las suspensiones concedidas por jueces de Chiapas y de Morelos para intentar frenar la discusión de la reforma judicial y la medida más reciente emitida por un juez de Colima para eliminar la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al respecto, la ahora senadora con licencia, adelantó que se hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la actuación de estos jueces que, a su parecer, no cumplen con los principios de imparcialidad y profesionalismo.

Hoy, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtió que las afirmaciones de Godoy ponen en entredicho el compromiso que deberá asumir en su nuevo cargo en el gobierno federal.

“Pueden entenderse como una linea de acción en el ejercicio de su próxima posición en el gobierno federal, lo que sin duda pondría en entredicho el compromiso de asumir un gobierno de pleno respeto a los principios democráticos”, señaló.

“Cualquier intento de coacción o intimidación hacia el Poder Judicial representa un retroceso inaceptable en el avance democrático del país, y compromete la capacidad de los juzgadores para desempeñar sus funciones con imparcialidad y autonomía”.

Las suspensiones que han sido concedidas no fueron acatadas por ninguna autoridad, por ello, el Poder Legislativo pudo continuar con la discusión y aprobación de la reforma; el Ejecutivo federal promulgó y publicó el decreto a través del DOF y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró el inicio de las actividades para la elección extraordinaria prevista en la reforma judicial.

Por ello, la JUFED exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al INE y otras autoridades vinculadas al cumplimiento de las suspensiones a “no eludir su responsabilidad con recursos discursivos”.

“El incumplimiento de dichas resoluciones implica responsabilidad para los funcionarios públicos omisos, cualquiera que sea su jerarquía, además de que vulnera el Estado de Derecho”, enfatizó la Asociación.