CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Al cumplirse ayer jueves el décimo aniversario del caso Ayotzinapa, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, dice que existe la expectativa de que la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, haga realidad su compromiso para esclarecer ese crimen de lesa humanidad.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con base en Guerrero, dice que lo principal es que Sheinbaum “tenga voluntad” y esté “dispuesta a pisar callos” en el Ejército, al que considera el principal obstáculo para llegar a la verdad y hacer justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Esto, agrega, porque la institución castrense ya demostró que no está dispuesta ni a entregar toda la información que tiene de lo que ocurrió esa noche, ni a ser investigado por sus responsabilidades “por omisión y por acción” en esos hechos. 

Rosales dice a Proceso que la obstrucción del Ejército a las investigaciones obedece a que los ataques que sufrieron los jóvenes por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, y el operativo para desaparecerlos, fue conocido “en tiempo real en el más alto nivel” de la institución.

Esto significa, agrega, que “hubo omisión” frente a un crimen de lesa humanidad por parte “de la más alta jerarquía militar” de la época (2014). 

Rosales no menciona ningún nombre, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró que el secretario de la Defensa Nacional en 2014, general Salvador Cienfuegos, había solicitado al 27 Batallón en Iguala información de todo lo que ocurría en la Normal de Ayotzinapa y varios militares siguieron en tiempo real los ataques y, presuntamente, todo el operativo de desaparición. 

El GIEI abandonó el país en agosto del año pasado por la “obstrucción” castrense a sus investigaciones. Dice el abogado de derechos humanos:

Creo que el nivel de responsabilidad militar en este caso es una de las causas por las que, ya este sexenio, el Ejército acabó por doblegar a (el presidente Andrés Manuel) López Obrador. 

Sostiene que, por ello, si Sheinbaum de verdad está comprometida con el esclarecimiento del caso, no debe ceder a las presiones de la institución militar que tanto poder adquirió durante el gobierno de López Obrador.

De lo contrario, afirma, “no creo que haya avances y pasará lo de ahora, que la investigación se fue a pique y el caso quedó entrampado”. 

El abogado considera que el caso puede tomar un nuevo rumbo si Sheinbaum “encuentra una salida entre el compromiso político que hay con el Ejército mexicano y la demanda de justicia en el caso Ayotzinapa”.

Para Rosales, “tiene que encontrarse un punto” que permita retomar la investigación donde la pararon los militares y en el que ellos estén dispuestos a entregar todos los archivos del caso que mantienen bajo resguardo y a que sus compañeros de armas que participaron “por acción u omisión” en esos hechos, que son “más de los que están ahora detenidos”, sean investigados 

Dos veces víctimas

El litigante, quien ha acompañado a los padres desde que se produjo la desaparición de los 43 normalistas, no quiere aventurar escenarios sobre lo que pueda pasar con el caso una vez que Sheinbaum asuma la Presidencia, lo que ocurrirá este lunes 1 de octubre, apenas cinco días después del 10 aniversario de ese crimen de lesa humanidad. 

“Hasta ahorita, ella no ha dado muchas señales que la distingan de López Obrador”, asegura.

Dice, sin embargo, que en la reunión que tuvieron los padres y sus abogados con la entrante presidenta, el 29 de julio último, se comprometió a que luego de tomar posesión trabajará con ellos para construir una nueva metodología de investigación, lo cual “nos pareció bien porque lo que deja este gobierno (una comisión especial) está desmantelado y debilitado”. 

A Rosales, sin embargo, le preocupa que Sheinbaum dijo en ese encuentro “que ella trataría de manera directa con los padres, no con sus abogados”.

Y es que un grupo de cinco padres de los 43, encabezados por Felipe de la Cruz, se han apartado del resto “porque el gobierno les dio dinero y los organiza”, dice el abogado. 

Esa división, señala, “nos ha hecho mucho daño y no queremos que a ellos, que son una minoría, les den el mismo trato” que a la mayoría.

El abogado señala que los padres han sufrido una doble victimización por parte del Estado: el gobierno de Enrique Peña Nieto inventó la “verdad histórica” en una operación de encubrimiento y el del saliente mandatario, Andrés Manuel López Obrador, dejará el cargo sin cumplir su palabra de esclarecer el caso.