CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin avances sustanciales para esclarecer la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a unos días de dejar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López ordenó la difusión del Tercer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

El documento, que intentó ser entregado el martes 24 a los padres y madres de los normalistas que decidieron no recibirlo, contiene 112 páginas, en las que se hace un recuento de actuaciones que, hasta ahora, no han conducido a la localización de los jóvenes, pese a que se sostiene que durante el último año hubo un despliegue importante de personal en acciones de búsqueda.

En materia de identificación forense, se analizó “toda la información sobre restos humanos encontrados en el último año y mil 500 indicios que se encontraban sin analizar en la Fiscalía del Estado de Guerrero”, análisis que “no arrojaron coincidencias con los estudiantes desaparecidos”.

De acuerdo al informe, “muchos de los resultados ayudaron en el proceso de verdad y justicia para otras familias que buscaban personas desaparecidas”, sin que se precise cuántos restos fueron identificados y entregados.

En cuanto a las acciones de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) se indica que “hay más de 135 expedientes en trámite y 151 personas procesadas, de las cuales 120 están detenidas bajo prisión preventiva y 31 personas están compurgando medidas cautelares diferentes a la prisión”.

El informe de la Covaj señala que de los 868 folios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitados por los padres y madres de los normalistas, sostiene que “el gobierno de México ha entregado la totalidad de la información encontrada en los archivos de la Sedena”, siendo estos 15 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 relacionados con esos folios.

En el documento se hace una relación de los documentos, que fueron extraídos “de las 121 mil 028 fojas que obraban en la CoVAJ y que habían sido entregadas por la Sedena desde 2021 y de las cuales tuvieron conocimiento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los representantes de las madres y los padres precisamente durante las revisiones que se hicieron directamente en los archivos militares y la UEILCA”.

De la revisión de los 15 folios CRFI, se asegura que sólo uno está fechado el 26 de septiembre de 2014, seis están fechados antes de la noche fatídica y ocho después. De todos ellos “sólo 8 cuentan con información relacionada con los hechos”.

En el desglose se aprecia que un folio se refiere a los hechos del 26 de septiembre, tres sobre hallazgos de fosas, tres sobre manifestaciones para exigir la presentación y sobre la detención de policías en Tlaxcala, y una sobre acciones de búsqueda.

El informe refiere la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ejecutar órdenes de arresto contra personas involucradas que se encuentran fuera del país, sin que se vislumbren resultados

Así siguen en el limbo las solicitudes de extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, radicado en Israel, y del agente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Abraham Eslava Arvizu, ubicado en Estados Unidos, ambos acusados de tortura, así como en la revocación del asilo en Estados Unidos del ex juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé García.

El documento refiere la intensificación de diálogos con personas que presuntamente tendrían información sobre el destino de los jóvenes estudiantes, gracias a que “se crearon condiciones que incentivan la colaboración voluntaria”, como lo es la Ley de Amnistía, sin que se precise cuántas personas han sido amnistiadas o buscaron ese beneficio.

Asimismo, el informe sostiene que la UEILCA busca “sanear las investigaciones y solicitar nuevas órdenes de aprehensión” y con ello revertir la sentencia de amparo en revisión 203/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que echó abajo la “versión histórica” de que los jóvenes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas depositadas en el río San Juan.

Dicha sentencia confirmó que la “verdad histórica” se sustentaba en actos de tortura, de ahí que la FGR busca que sean reaprehendidos los beneficiados de la resolución, “que liberó a 65 probables implicaos en la desaparición de los estudiantes”.