CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reformas legislativas para trasladar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control total de la Guardia Nacional (GN), encendió las luces de alarma entre relatores especiales de Naciones Unidas, ante los riesgos de un posible incremento de “abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

En un comunicado conjunto firmado en Ginebra, once integrantes de tres relatorías y dos grupos de trabajo, recordaron que desde hace 1999 años han alertado sobre el incremento progresivo del papel de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad interior, por lo que las actuales reformas contravienen los estándares internacionales de derechos humanos.

“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, señalaron los especialistas que forman parte de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, sobre Detenciones Arbitrarias, así como los relatores especiales sobre derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos y sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

En el pronunciamiento, los expertos consideraron preocupante la persistencia de señalamientos contra miembros de las fuerzas Armadas por presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que alentaron que “estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia”.

Tras reconocer que México enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, resaltaron que las medidas que se tomen para enfrentarlos “sean conformes con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Subrayaron que la reforma constitucional pondría bajo la jurisdicción militar a los integrantes de la Guardia Nacional, dándoles facultades de investigación criminal, además de que a las Fuerzas Armadas se les ampliarían sus funciones, más allá de las relacionadas con la disciplina militar, invadiendo la esfera civil.

“De aprobarse, México contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas que, desde 1999 han señalado la necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas de seguridad civiles, garantizando que la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores sea estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada”, señalaron los expertos.

Para atender las especificaciones internacionales, “México debe garantizar el alcance restrictivo y exponencial de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”, alertaron.

Al considerar que la GN debe continuar bajo un mando civil, fortalecer sus capacidades desde “un paradigma de seguridad ciudadana” y afianzar los mecanismos de rendición de cuentas, los especialistas llamaron a “generar las condiciones para un diálogo reflexivo que analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública”.

Por último, manifestaron su disposición para “brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos”.

Firmaron el documento las integrantes de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé, Gabriella Citroni y Grazyna Baranowska, y sobre Detención Arbitraria, Matthew Gillett, Ganna Yudkivska, Priya Gopalan, Miriam Estrada Castillo y Mumba Malila.

Asimismo, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball Binz; sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor.