CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés López Obrador extraditó a 341 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, un promedio de 62 por año, con lo cual cumplió la cuota de extradiciones a la que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario, indicó un estudio de la organización Elementa DDHH.

En el informe “Extraditar la verdad México”, la ONG reveló que según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya, mientras se negociaba el Acuerdo Bicentenario la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó a las autoridades estadunidenses que México extraditaría cada año al vecino país a 60 presuntos narcotraficantes.  

Y este compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, así la cifra exacta para cumplir la cuota de 60.

Estas extradiciones ocurrieron “pese a la retórica no intervencionista del presidente López Obrador, quien al igual que sus antecesores contribuyó a la estrategia kingpin”, la cual se centra en perseguir a los líderes de los grupos criminales y no en combatir el crimen.

El reporte, que coordinaron la directora de Elementa DDH, Adriana Muro, y la directora de la oficina en México, Renata Demichelis, contabilizó las extradiciones a Estados Unidos que firmó López Obrador desde el inicio de su gobierno hasta junio de este año, lo que arrojó un promedio de 5.1 cada mes.  

López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo contrasta con su colaboración con Estados Unidos no sólo en materia de narcotráfico, sino también en el tema de la migración, en el que México ha jugado un papel para contener los flujos de migrantes latinoamericanos.

De acuerdo con Elementa DDHH, la política criminal en materia de drogas de Estados Unidos, cuya piedra angular es la extradición, “representa un beneficio para la crisis de corrupción e impunidad que prevalecen en las instituciones de justicia de nuestro país”.

Esto, porque “la política bilateral actual permite que la responsabilidad judicial recaiga en la jurisdicción estadounidense”, es decir, se ha extraditado a ese país el proceso penal, lo cual “facilita que México evada su responsabilidad de investigar y sancionar y debilita a las instituciones locales”.

El informe de la ONG de derechos humanos, seguridad y política de drogas señaló que las dependencias gubernamentales en México “pierden memoria institucional y conocimiento práctico para procesar casos tan relevantes como el de Édgar Veytia (exfiscal nayarita), Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad) y (el narcotraficante) Joaquín Guzmán Loera”. 

También propicia las delaciones y los presuntos secuestros de criminales ocurridos en territorio mexicano con el propósito de entregarlos a Estados Unidos, como ocurrió en julio pasado con el jefe histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue al parecer plagiado por Joaquín Guzmán López para negociar un acuerdo con la Fiscalía del vecino país.

Los fiscales estadunidenses, señaló la ONG, han promovido las negociaciones para lograr que una persona acusada testifique en contra de un coacusado o pueda apoyar al gobierno en señalar a otras personas implicadas en actividades delictivas.

“Esto permite que se mantenga la espiral de persecución en países productores de drogas sin afectaciones concretas a la operación del mercado”, agregó el informe.

Lo que hay en la práctica es un sistema burocrático en el que las agencias antidrogas, a las cortes y a los fiscales, se centran en abultar estadísticas para aparentar que luchan contra las drogas y para engrosar sus presupuestos.

“Esto es una utilización política de las extradiciones”, dijo la directora de Elementa DDHH, Adriana Muro.

A los fiscales y a las cortes estadounidenses tampoco les interesa si es ilegal la llegada a su país de las personas para enfrentar acusaciones por delitos de drogas.

“En el caso Humberto Álvarez Machaín, relacionado con el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, la Suprema Corte estadounidense validó su secuestro en territorio mexicano (ocurrido en abril de 1990) previo a su traslado a Estados Unidos, lo cual valida casos recientes como el de ‘El Mayo’ Zambada”, señaló el documento.

Y sostuvo que las acciones de extraterritorialidad judicial promovidas por la DEA benefician tanto a los objetivos de la política criminal estadounidense, como a la impunidad y corrupción de las instituciones de justicia en México”.

La ONG, con sedes en México y Colombia, deploró que los procesos en Estados Unidos por delitos de drogas se centren “en gramos y sustancias, no en la vida de miles de personas afectadas por el sistema bélico de la prohibición y las redes de corrupción que permiten que opere el mercado”.

De 150 casos de extradiciones revisados por Elementa DDHH, en sólo tres se sentenciaron delitos asociados a víctimas.

“Para las cortes que juzgan sobre delitos de drogas cometidos en México, las víctimas existen cuando cumplen un rol o para la política criminal de Estados Unidos”, señaló, y sostuvo que a menudo se olvida que los narcotraficantes también son responsables de violaciones masivas a los derechos humanos.

La ONG llamó la atención sobre la opacidad del Acuerdo Bicentenario, suscrito por el gobierno de López Obrador con Estados Unidos en 2021.

“No se publicó el convenio original y no existen reportes de acceso libre que demuestren los avances en sus indicadores de evaluación”, sostuvo Elementa DDHH y alertó que ese acuerdo “ha continuado con el modelo bélico y punitivo de la prohibición en sus objetivos e indicadores”, uno de los cuales son las extradiciones.