GINEBRA (apro).- Con la nueva reforma al Poder Judicial liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría peligrar la democracia en México, dijo en entrevista con Proceso Rogier Huizenga, director de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP).

Si el Poder Judicial pierde su independencia cuando entre en vigor la reforma judicial promovida por López Obrador, en la que los jueces serán elegidos por votación popular, Huizenga considera que “una democracia como la que promovemos debe tener la independencia de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el Poder Judicial realmente debería poder actuar sobre la base de los méritos y de la competencia de los jueces, y hay que impedir que haya una injerencia o que pueda haber una injerencia política en la elección de los jueces o en el funcionamiento de los jueces de la rama judicial”

Actuar sin represalias

“Eso es sumamente importante”, afirma.

“Lo más importante en todos los lugares del mundo es que los parlamentarios puedan ejercer su mandato sin represalias. Es sumamente importante porque si no pueden hacer su trabajo de manera libre, no pueden defender los intereses del pueblo’’, opinó en referencia a la polémica reforma.

En palabras de Huizenga, “si hay amenazas contra parlamentarios, amenazas físicas o, digamos, procesos que no están fundados en derecho, eso es de una preocupación muy grave para la UIP”.

Ahora, exactamente con lo que ha pasado con el senador Barredas del bloque opositor cuyo padre fue detenido e incomunicado en Campeche, Huizenga aclara que la UIP “desconoce más detalles con lo que ha pasado porque hemo visto noticias muy distintas sobre lo que ocurrió exactamente”.

Lo que hay que saber “es que existe un mecanismo dentro de la UIP que es el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, que es un Comité que está compuesto por parlamentarios de diversas partes del mundo y explica que ese Comité puede examinar denuncias que han sido sometidas sobre situaciones en la que se alega justamente que ha habido violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios’’.

El encargado de Derechos Humanos (DDHH) de la UIP apunta que “cuando hay un cEl encargado de DDHH de la UIP apunta que “cuando hay un caso en el que un Senador que ha sido amenazado, porque tenía que votar así o de otra manera, o que ha sido detenido o que les hacen saber que van a ser procesados por no haber cooperado, ese tipo de situaciones pueden ser sometidas al Comité de la UIP y este Comité de DDHH es el que analiza esas denuncias e inicia un diálogo con las autoridades parlamentarias del país. En este caso México, para ver cuál es la situación y cuáles son los estándares internacionales que se aplican en ese caso y empujar a que dicha situación se resuelva”.

Elección de jueces por méritos propios

Revela que los parlamentarios de México, hasta el momento de redactar este texto, no se han puesto en contacto con la UIP “no lo han hecho”. Es decir que no han denunciado abusos del oficialismo contra ellos en ese organismo internacional, “pero obviamente  son libres de hacerlo, pero por el momento no lo han hecho”.

“No sé si los parlamentarios mexicanos de la oposición se han acercado a la UIP y desconoce si lo han denunciado (…) o si eso se explica por la situación o por el voto final sobre la reforma al Poder Judicial. Hasta el momento no lo han hecho por lo menos no lo han hecho todavía”, agrega.

Reconoce que “con lo que está pasando en México obviamente la UIP lo está siguiendo con mucha atención, especialmente en este momento crucial y en lo que se refiere a la reforma al sistema judicial es sumamente importante en una democracia en la que los tres poderes tienen su propia independencia y, obviamente, hay un papel crucial por parte del parlamento en asegurar que la rama judicial pueda seguir de manera independiente".

Reitera que “que los jueces deben ser elegidos por su competencia, por su formación, por sus méritos, estos deberían ser los aspectos clave para que la rama judicial pueda actuar con total independencia que es necesaria”.

La UIP, con sede en Ginebra, Suiza tiene como misión velar por los derechos de los parlamentarios en todo leo mundo.