CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En víspera de cumplirse dos años de que la niña Heidi Mariana Pérez muriera por una ráfaga de un fusil militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, su madre Cristina Pérez Rodríguez hizo un llamado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, para que, “como madre, se ponga en mis zapatos y garantice que va a haber justicia para mi niña”.

En conferencia de prensa, acompañada por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, y la representante de Human Rights Watch (HRW) para las América Latina, Juanita Goebertus Estrada, Cristina, de 27 años, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el incumplimiento de su promesa de esclarecer el caso, como se comprometió en una conferencia matutina, una vez que se supo de la muerte de Heidi, cuando era llevada, por la pareja del papá de Cristina, al hospital para ser atendida por un dolor de estómago, el 31 de agosto de 2022.

“Quiero enviarle un mensaje al presidente López Obrador antes de que se vaya, porque nunca me quiso recibir para escucharme, para decirle que lo único que queremos es justicia para mi niña, ella tenía cuatro años y no era una delincuente, ella no era una amenaza para los militares que dispararon contra el automóvil en el que viajaba mi hija junto con su hermanito”, dijo Cristina.

Entre lágrimas, la joven madre insistió en su llamado a Sheinbaum Pardo para que el caso de su hija no sea cerrado, como pretenden las autoridades, bajo el argumento de que “no hay elementos” que lleven a suponer que militares dispararon contra el vehículo en el que viajaba Heidi.

“Lo que pido es que le dé seguimiento a mi caso, que no permita que se cierre, que no quede en la impunidad, lo único que quiero es justicia para mi hija, para mi familia y para todas las víctimas de abusos del Ejército”, dijo Pérez Rodríguez.

Juanita Goebertus Estrada, explicó que en acompañamiento del caso, la población de Nuevo Laredo se ha convertido en una de las más afectadas por la política de militarización de la seguridad pública desde 2007.

“Desde 2007 se han registrado más de 5 mil 500 homicidios en 700 enfrentamientos; de las muertes registradas 185 ocurrieron en esta administración, todas las muertes hasta ahora están impunes”, dijo la defensora.

Goebertus destacó que de acuerdo con la revisión de la carpeta de investigación pudo identificar al menos seis fallas graves, entre ellas que en el IPH “los soldados señalan que el disparo que acabó con la vida de Heidi fue disparado por miembros del Cártel del Noreste (CDN) sin que haya evidencia  de ello; que los disparos salieron de una camioneta negra, pero no hay evidencia de que hubiera un vehículo con esas características en el lugar de los hechos; los agentes del Ministerio Público, admiten esa versión sin tomar ninguna evidencia de la camioneta, que fue llevada por los militares hasta la delegación de la FGR, de una manera totalmente ilegal, no se buscaron huellas dactilares ni se hicieron peritajes a ropas que tenía el vehículo”.

FGR, investigación a medias

La representante de HRW para América Latina, resaltó que los investigadores de la FGR sólo tomaron los testimonios de algunos de los integrantes de un convoy militar, no realizaron pruebas balísticas a todas las armas de los militares que tuvieron presencia esa noche en las inmediaciones del sitio donde ocurrieron los hechos, en tanto que sólo se sigue la versión militar sin que se confirmara su veracidad.

Raymundo Ramos Vázquez explicó que agentes del Ministerio Público adscritos a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), les notificaron que la carpeta de investigación estaría por ser cerrada “al no haber encontrado, según ellos, elementos en contra del personal militar, argumentando que quienes dispararon contra el automóvil fueron miembros del crimen organizado, sin que hayan presentado elementos que lo comprueben, porque la noche que murió Heidi, en la zona sólo hubo presencia militar, antes, durante y después de los hechos”.

Apuntó que “por colusión o miedo” los agentes de la FGR ofrecieron a Cristina, a través de sus representantes legales, abogados del CDHNL, “una opción para no cerrar el caso, enviar el caso a las oficinas centrales de la FGR, lo que es inadmisible porque no se podría dar seguimiento puntual al caso”.

Ramos Vázquez destacó que para justificar que no hay elementos, los agentes ministeriales alegaron que en el Informe Policial Homologado (IPH), los militares alegaron que fueron atacados por hombres armados y que fueron balas de los presuntos civiles armados quienes habrían cegado la vida de Heidi.

Sin embargo, de acuerdo a las pruebas recabadas por la organización civil revelan que “esa noche sólo hubo presencia armada de personal del Ejército, sin contar que no hay reporte de que esa noche hubiera un enfrentamiento”.

Ramos Vázquez destacó que esa noche hubo cuatro “células” o convoyes militares que estuvieron presentes la noche del 31 de agosto de 2022 en el centro de Nuevo Laredo, lo que equivale a 84 elementos militares, de los cuales sólo han declarado en calidad de testigos 14, sin tomar en cuenta al resto.

Dijo que de acuerdo a los informes que dieron los militares, esa noche estaban fungiendo como escoltas de un general, de quien no proporcionaron el nombre, y que los convoyes estaban resguardándolo.

“Hasta ahora, sólo han interrogado al personal militar de más bajo nivel, de los cuales tres reconocieron haber accionado sus armas, pero un supuesto peritaje de balística descarta que de esas armas haya salido la bala que quitó la vida a Heidi, por ello es que estamos exigiendo que se revisen todas las armas, que se haga la reconstrucción del IPH, que se compruebe su dicho”, dijo el defensor.